La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha operativos y tecnología para reducir la doble fila, una práctica que afecta la circulación diaria en zonas escolares y comerciales y que, según el ministro de Infraestructura y Movilidad Pablo Bereciartúa, ya permitió detectar a más de 21.000 vehículos en infracción y liberar el carril en el 90% de los casos solo con una advertencia.
El despliegue combina agentes de tránsito, avisos directos a los conductores y sanciones cuando la falta persiste. El funcionario explicó en Infobae en Vivo que el sistema Voicer, incorporado en móviles oficiales, identifica patentes y notifica al infractor sin que el agente deba bajar del vehículo.
Bereciartúa sostuvo que la política busca atacar un problema que excede al auto detenido. Uno de los puntos de mayor conflicto aparece en los accesos a los establecimientos educativos. Allí, el Gobierno porteño impulsa el programa Sube y Baja, que, según Bereciartúa, ya opera en más de 200 escuelas y busca que los alumnos desciendan del vehículo de manera rápida y segura para evitar esperas sobre la calzada.
El ministro señaló que cada escuela debe presentar el operativo para su implementación. La propuesta prevé que frente al establecimiento no haya estacionamiento y que colaboren padres, docentes o agentes de tránsito para que el vehículo se detenga solo el tiempo necesario antes de retomar la marcha.
Bereciartúa advirtió que parte del problema aparece cuando ese esquema se desvirtúa y la detención se prolonga. “Tenemos que entender que las reglas que tenemos es para cumplirlas y si no, cambiemos las reglas”.
El funcionario también admitió que los agentes enfrentan situaciones de maltrato por parte de conductores y familiares. Ese escenario, planteó, agrega una dificultad extra a la tarea de ordenar el tránsito en las inmediaciones de las escuelas.
Obras, volquetes y decks
La ocupación del espacio público por obras, volquetes y estructuras gastronómicas integra otro eje de control. Bereciartúa explicó que cada obra debe tramitar un permiso específico para usar el cordón y la vía pública durante un lapso determinado, y remarcó que esa autorización no habilita una ocupación permanente.
El ministro precisó que colocar conos, caballetes o pintar el cordón sin permiso constituye una infracción. También indicó que medios de comunicación y otros organismos deben gestionar autorizaciones cuando necesitan ocupar la vía pública.
En el caso de los decks gastronómicos, la ciudad retiró los que afectaban la visibilidad en esquinas y ochavas o interferían con la circulación en calles de alto tránsito. El funcionario anticipó además que el Gobierno analiza cobrar un canon por el uso comercial del espacio público, como ocurre en otras ciudades.
Las cámaras y la automatización de las multas
La estrategia de fiscalización suma vehículos equipados con cámaras especiales capaces de captar entre 80 y 100 imágenes por segundo. Ese sistema permite reconocer patentes y detectar autos estacionados en lugares prohibidos, como garajes, sendas peatonales y accesos para personas con discapacidad.
Bereciartúa afirmó que el esquema aceleró la emisión de sanciones. “La multa se hace automática. Hemos levantado miles de multas. Para darles una idea. En el año pasado hicimos diez veces más multas que en el año 24”.
Cuando el conductor no está en el vehículo o no responde a la advertencia, se activa el acarreo. En esos casos, se deja una calcomanía tanto en el auto como en el cordón para informar que fue retirado.
El ministro añadió que el aumento de los acarreos está vinculado en gran parte a denuncias vecinales. Según su descripción, la ciudad multiplicó por seis esa clase de procedimientos y el 95% corresponde a pedidos realizados por vecinos.
Vehículos abandonados y amplió controles sobre colectivos
Bereciartúa dijo que la administración porteña incrementó la cantidad de agentes de tránsito y reforzó la presencia en calles y barrios. También cuestionó el cambio normativo que desde la pandemia habilita estacionar sobre el cordón izquierdo, porque, según su explicación, esa medida redujo la capacidad de circulación en muchas arterias.
El funcionario informó además que fueron eliminados estacionamientos para personas con discapacidad que no cumplían con los requisitos legales y que en el último año se retiraron 5.500 vehículos abandonados. Presentó esa cifra como un récord para la ciudad.
Entre los cambios en movilidad mencionó la aprobación de pruebas para vehículos autónomos y drones terrestres bajo normas internacionales. También anticipó modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular, con más talleres habilitados y precio liberalizado para descentralizar el trámite.
El control se extiende a los colectivos urbanos que administra la ciudad, un total de 27 líneas. Esas unidades cuentan ahora con cámaras internas y externas y con un sistema de monitoreo abierto al público que, según Bereciartúa, permite seguir la conducta de cada chofer, detectar dónde estaciona y aplicar sanciones más severas cuando comete infracciones.
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