La discusión por la Adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) sigue trabada, a la espera de resoluciones en los Estados Unidos mientras en la Argentina el Congreso espera la llegada de una definición para avanzar en el tratamiento de la ley, en medio de lobby cruzados.
La adhesión al PCT, un convenio internacional sobre patentes demorado hace más de 50 años, constituye uno de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. El PCT ya cuenta con media sanción del Senado y dictamen de la cámara de Diputados desde el pasado 12 de mayo, pero investigaciones en los Estados Unidos y la intención de introducir modificaciones en la Cámara Baja tienen retrasado el tratamiento.
Según explicó una fuente del Ministerio de Desregularización que comanda Federico Sturzenegger, “los Estados Unidos concluyó sus investigaciones por la sección 301 (distorsiones al comercio), y como resultado tuvieron la imposición a la Argentina del arancel del 10%, tal y como se había acordado».
“Esto fue publicado en el Federal Register durante 30 días, sujeto a comentarios, y luego se oficializa. Eso debiera ocurrir a fines de este mes y aplicarse desde comienzos de agosto, de confirmarse el cuadro arancelario en línea a lo acordado», agregó la fuente consultada. Esta definición habilitaría el tratamiento local.
El problema en los EEUU tiene que ver con la discusión legal respecto del límite del Ejecutivo para fijar aranceles –el gobierno de Donald Trump tiene dos fallos en contra–. Sin embargo, desde la administración local señalan que «bajo cualquier esquema legal nosotros siempre tenemos 10% de arancel, mientras que Brasil por ejemplo ha llegado a tener 50%, y ahora tendrá 37.5%“.
Con el dictamen ya firmado, el mundo libertario tiene intenciones de ir al recinto, algo que primero se frenó por el debate en el país del norte y que luego se le sumó la imposibilidad local de ir al debate porque se podía habilitar una interpelación al ex jefe de gabinete Manuel Adorni, pero se espera que se introduzcan reformas.
En el ambiente local la norma concentra el apoyo de las multinacionales con la AMCHAM como principal referente y enfrenta resistencia principalmente de los laboratorios locales agrupados en CILFA. Estos últimos hacen referencia a que el impacto fuerte de este acuerdo, que en los hechos significa una apertura, se concentraría especialmente en la industria agropecuaria, por los desarrollos de las semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.
En este debate en donde se cruzan los lobby locales con los internacionales, el despacho de mayoría que obtuvo 57 firmas logró ese número de acompañamiento con la incorporación de una reserva en el Capítulo II, el más sensible de todos y el que se refiere a la industria farmacéutica.
El punto en discusión es el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El acuerdo con los EEUU de alguna manera corre al organismo local encargado de las patentes ya que entiende que si su par estadounidense lo aprueba ya no es necesario que lo haga el local. Esto es sensible para la industria farmacéutica local que quiere que se mantenga el rol de INPI.
En las reservas que tienen que ver con el dictamen se incorporó que se le permite utilizar informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras para el análisis de nuevos medicamentos, algo que para CILFA podría representar una influencia sobre las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.
A pesar de que el Gobierno nacional quiere una pronta aprobación de este acuerdo, lo que queda claro es que si La Libertad Avanza logra llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados y una aprobación, el proyecto sufrirá modificaciones por lo que deberá volver al Senado de la Nación para que, o se apruebe el texto oficial o el nuevo con las modificaciones.
