La posibilidad de que la Asamblea Legislativa investigue el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas. El presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Gonzalo Ramírez Zamora, presentó una moción para que ese órgano legislativo analice durante un plazo de hasta dos años la administración de los fondos que reciben las cinco casas de enseñanza superior estatales, con especial énfasis en los recursos provenientes del FEES.
La iniciativa fue respaldada por los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kathia Calvo Cruz y Stephan Brunner Neibig, y podría ser discutida en una de las próximas sesiones de la comisión. Según el legislador, la investigación busca responder a las dudas que surgieron tras la publicación de diversos reportajes sobre gastos realizados por autoridades universitarias en alimentación, restaurantes y actividades de representación financiadas con recursos públicos.
Al presentar la moción, Ramírez sostuvo que el objetivo no es cuestionar la importancia de la educación superior pública, sino garantizar que el dinero aportado por los contribuyentes sea utilizado de manera eficiente y transparente. “Los recursos públicos no pueden ser usados como una piñata y menos en nuestras universidades”, afirmó el congresista, quien insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los fondos destinados al sistema universitario estatal.
De aprobarse la propuesta, la investigación abarcaría aspectos como la composición del gasto administrativo y del gasto sustantivo de cada universidad, la ejecución de los recursos provenientes del FEES, los mecanismos de control interno para autorizar y supervisar el uso de los fondos públicos, así como la razonabilidad y necesidad de gastos relacionados con representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.
Además, la comisión pretende determinar si la normativa interna que regula este tipo de gastos resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de principios como la legalidad, la eficiencia, la economía, la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. El objetivo final sería establecer si existe la necesidad de impulsar reformas legales, reglamentarias o administrativas que fortalezcan el uso responsable de los recursos públicos destinados a la educación superior.
Como parte del proceso, la moción contempla convocar a comparecer a las cinco personas rectoras de las universidades estatales, así como a representantes de las auditorías internas, direcciones financieras y a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, con el fin de conocer de primera mano los mecanismos de fiscalización y administración de los recursos.
Tras conocerse la iniciativa, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) reaccionó mediante un comunicado en el que manifestó su respeto por las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa y por el ejercicio del control político. No obstante, recordó que dicho control debe desarrollarse respetando plenamente la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política.
El presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, aseguró que las universidades públicas mantienen un compromiso permanente con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Asimismo, destacó que las instituciones son objeto de fiscalización constante por parte de la Contraloría General de la República y de sus respectivas auditorías internas.
En su pronunciamiento, el Consejo de Rectores también hizo un llamado para que el debate sobre el FEES se desarrolle con base en evidencia técnica y no únicamente en percepciones. Según Conare, el ordenamiento jurídico costarricense ya contempla mecanismos robustos de control y supervisión sobre la ejecución de los recursos públicos administrados por las universidades.
La discusión ocurre en un contexto en el que el financiamiento de la educación superior se encuentra bajo revisión por parte del Gobierno. La administración de la presidenta Laura Fernández ha reiterado que la disciplina fiscal será uno de los pilares de su gestión, por lo que ha advertido que los incrementos al FEES dependerán de una eventual redistribución de los recursos hacia carreras con mayor demanda en el mercado laboral.
