El cardiólogo Martín Andrada y el enfermero Martín P. cumplen prisión preventiva por 90 días tras ser acusados en una causa federal relacionada con el hallazgo de ampollas de fentanilo y morfina en una vivienda de Wheelwright. La decisión fue tomada en una audiencia del Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murua, luego de la imputación formal presentada por los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi.
La investigación continúa en dos frentes: uno centrado en el desvío y uso ilegítimo de medicamentos controlados y otro en el posible fraude a la obra social PAMI. Las autoridades analizan el circuito de adquisición y distribución de los insumos incautados, mientras avanzan con el peritaje de la documentación y los registros electrónicos secuestrados. El caso genera preocupación en el ámbito sanitario de la región, debido al posible impacto en la confianza de los pacientes y en el sistema de control de las prestaciones médicas.
Durante los allanamientos, la Policía Federal incautó 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de morfina sin utilizar, ocultas en una caja fuerte en la vivienda compartida por los investigados. Junto a estos elementos, los agentes también encontraron material quirúrgico, vacunas inyectables y medicamentos de uso hospitalario, entre ellos diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, además de bisturíes y otros insumos médicos.
La variedad y cantidad de fármacos hallados motivó la apertura de un expediente paralelo por presunto suministro y almacenamiento indebido de estupefacientes. La causa que derivó en el allanamiento no se inició por una denuncia vinculada exclusivamente al uso indebido de estupefacientes, sino por una investigación en torno a posibles maniobras fraudulentas en la facturación de prestaciones médicas en perjuicio del Pami, el principal organismo de seguridad social para jubilados y pensionados de Argentina.
Martín Andrada, según los registros oficiales, afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas en apenas dos años. Los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa detectaron inconsistencias entre esas cifras y la actividad médica verificable, ya que muchos de los beneficiarios residían en otras provincias y negaron haber recibido atención.
El presunto fraude alcanzaría los 700 millones de pesos, de los cuales el Pami habría abonado 580 millones directamente al profesional. Las autoridades sostienen que Andrada registraba en el sistema múltiples atenciones diarias a decenas de pacientes, incluyendo consultas, electrocardiogramas y holter. La Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-Pami) inició la pesquisa tras recibir denuncias de afiliados que desconocían los servicios atribuidos a su nombre.
Las pruebas recogidas en la vivienda de Wheelwright permitieron a los investigadores vincular el hallazgo de fentanilo y morfina con la causa principal, que investiga la presunta estafa al Pami. Los fiscales atribuyeron a ambos profesionales el suministro de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos autorizados y el ejercicio ilegal de la medicina, cargos que agravan la situación judicial de los imputados. El juez Cuello Murua dispuso la prisión preventiva para garantizar el avance de la investigación y evitar posibles riesgos procesales.
En los próximos días, Andrada deberá comparecer nuevamente ante la justicia en el marco de la causa por la presunta estafa millonaria. Las investigaciones buscan determinar el alcance de las maniobras y la eventual participación de otras personas en la operatoria detectada. El avance de las actuaciones podría derivar en nuevas imputaciones y en la ampliación del objeto procesal, mientras se aguardan definiciones clave sobre la situación de ambos detenidos y el destino de los insumos médicos secuestrados.
