La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este viernes a Facundo Sánchez Aguilar, un oficial mayor de la Policía de la Ciudad condenado a siete años de prisión por abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal, en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo.
La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.
El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,
La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.
“Asimetría de poder y coacción”
El fallo señaló que el testimonio de la denunciante, corroborado por otros elementos de prueba, resultó veraz y consistente. También avaló la valoración probatoria realizada por la instancia anterior y descartó los planteos defensivos.
La Cámara remarcó que la ausencia de resistencia no implica consentimiento cuando los hechos ocurrieron en un contexto de subordinación y “coacción”. La decisión judicial sostuvo que no puede leerse como consentimiento cuando existió “asimetría de poder”.
El tribunal también sostuvo que la demora en denunciar es frecuente en este tipo de casos, en especial dentro de ámbitos institucionales donde la víctima puede temer represalias o descreimiento.
Esa fue la respuesta central del tribunal ante la discusión planteada en el expediente: la condena quedó confirmada porque los jueces consideraron acreditados los abusos y entendieron que la reacción de la víctima debía analizarse a la luz de la relación de poder existente, no como un indicio de aceptación.
Cronología de los abusos
Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo. El primer episodio fue en diciembre de 2022, cuando Sánchez Aguilar hizo entrar a la víctima, una agente recientemente incorporada a la fuerza, a un cuarto de limpieza, cerró la puerta y la agredió sexualmente.
Meses después, en junio de 2023, volvió a hostigarla cuando ambos estaban solos en la dependencia. En esa ocasión, se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la manoseó.
La sentencia tuvo por probado que el acusado se aprovechó de la inexperiencia de la joven y de la relación de subordinación, ya que cumplía funciones de instructor. El tribunal también valoró como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto emocional de los hechos.
A eso sumó las consecuencias laborales derivadas del caso: una licencia prolongada, su traslado y la estigmatización dentro de la fuerza. Esos elementos integraron la evaluación judicial que derivó en la pena de siete años.
Tras la orden de captura, la Fiscalía General N°16 pidió la intervención de la SeCaP para localizar al prófugo. A partir del análisis de bases de datos oficiales, registros de organismos públicos y cruces de información con empresas de telefonía, los investigadores identificaron varios domicilios vinculados al acusado.
En el marco de la condena, el tribunal también dispuso la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
