Panamá contabilizó 7,007 denuncias o hechos relacionados con lesiones personales entre enero y julio de 2026, frente a los 5,016 registrados durante el mismo periodo del año anterior. La diferencia representa un aumento interanual de 40%, según el Ministerio Público.
El informe utiliza la expresión “noticias criminales” para referirse a hechos que fueron denunciados o llegaron a conocimiento de las fiscalías. Estos registros abren una investigación, pero no significan que el delito haya sido comprobado ni que exista una condena.
La categoría con más reportes fue la violencia psicológica, que acumuló 3,467 casos y representó casi la mitad del total. En los primeros siete meses de 2025 se habían registrado 1,975, por lo que esta modalidad experimentó un crecimiento de 76%.
La violencia psicológica ocurre cuando una persona utiliza amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso para causar afectaciones emocionales o mentales. A diferencia de una agresión física, el daño puede no dejar señales visibles, pero afecta la estabilidad y tranquilidad de la víctima.
Una reforma aprobada en 2026 amplió el alcance del artículo 138-A del Código Penal. La norma anteriormente protegía específicamente a las mujeres, mientras que ahora el delito puede reconocerse sin importar el sexo o la edad de quien sufra la conducta de violencia psicológica.
Las lesiones personales simples ocuparon el segundo lugar, con 2,414 registros entre enero y julio, lo que supuso un aumento de 20%. Esta figura se configura cuando una persona, sin intención de matar, causa deliberadamente un daño físico o psíquico a otra.
Para esta clasificación, la lesión debe ocasionar una incapacidad de entre 30 y 60 días, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal. La incapacidad es determinada mediante una evaluación médica y no depende únicamente de la apariencia de la herida sufrida.
Las lesiones personales agravadas son diferentes porque producen consecuencias más severas para la víctima. Entre ellas figuran una incapacidad superior a 60 días, una deformidad, la pérdida o debilitamiento de una función corporal o una situación que ponga en peligro la vida.
Esta modalidad disminuyó 22% durante el periodo analizado, al pasar de 152 registros en 2025 a 119 en 2026. Por tanto, el fuerte crecimiento general de las denuncias no estuvo acompañado por un aumento en todas las categorías examinadas por el Ministerio Público.
Las lesiones personales con resultado de muerte alcanzaron 19 casos, frente a ocho contabilizados un año antes. Aunque la variación fue de 138%, el porcentaje se explica parcialmente por la reducida base de comparación y debe analizarse junto con la cantidad absoluta de hechos registrados.
Esta figura se diferencia del homicidio doloso por la intención del agresor. En las lesiones con resultado de muerte, la persona actúa con el propósito de causar daño, pero la víctima termina falleciendo. En el homicidio existe la intención de matar o la aceptación de ese resultado.
Las lesiones culposas simples sumaron 887 registros, un incremento de 23% frente a los 724 del año anterior. En estos casos no existe intención de causar daño; la afectación se produce por imprudencia, negligencia o incumplimiento del deber de cuidado.
Un accidente de tránsito puede investigarse bajo esta modalidad cuando la conducta de una persona provoca lesiones. La diferencia respecto de las lesiones simples está en que el daño no fue ocasionado deliberadamente, sino como consecuencia de una actuación descuidada o contraria a las normas.
El informe registró además 101 lesiones contra servidores de seguridad pública, cifra que representó una disminución interanual de 29%. Esta categoría protege a funcionarios que sean agredidos debido a su trabajo o mientras cumplen funciones relacionadas con la seguridad y la justicia.
La protección incluye a integrantes de la Fuerza Pública y a servidores del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas. Para aplicar esta figura, la agresión debe estar relacionada con las funciones de la víctima y no solamente con su condición de servidor público.
Mayo fue el mes con más reportes, al concentrar 1,190 denuncias por lesiones personales, seguido de julio con 1,153 y junio con 1,132. Febrero presentó la menor cantidad, con 750, mientras que enero había comenzado con 892 registros.
La provincia de Panamá encabezó las estadísticas con 2,765 casos, equivalentes a casi cuatro de cada diez reportes nacionales. Panamá Oeste ocupó la segunda posición con 1,171, seguida por Chiriquí con 826 y San Miguelito con 438 hechos registrados.
Panamá Oeste presentó el mayor crecimiento entre las principales jurisdicciones, al pasar de 697 a 1,171 casos, lo que representó un incremento de 68%. También aumentaron Panamá en 48%, Veraguas en 44% y San Miguelito en 30% frente a 2025.
