Bolivia puso fin el 18 de septiembre de 2026 a la subvención estatal del diésel, después de más de dos décadas de una política de regulación que mantuvo el precio del combustible por debajo de su costo de importación y se convirtió en uno de los principales gastos públicos.
La decisión fue el último paso de una ruta iniciada a finales de 2025 y marcada por sucesivos cambios en el esquema de precios, hasta llegar a un sistema vinculado al mercado internacional.
La política de subvención se consolidó oficialmente en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa. Desde entonces, el precio del diésel y la gasolina quedaron congelados en el mercado interno, pero el volumen, el costo y la dependencia de las importaciones crecieron de manera sostenida en las décadas siguientes.
La ecuación de comprar cada vez más caro y vender barato (0,50 centavos de dólar el litro) se puso por primera vez en cuestión en 2010, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió nivelar el precio de los combustibles con un aumento que supuso más del 73%. Sin embargo, en medio de protestas sociales contra el “gasolinazo”, el Ejecutivo terminó abrogando la norma y alargando una política económica que se haría insostenible.
El costo de la subvención se convirtió en uno de los detonantes de la crisis económica reciente, provocando el agotamiento gradual de las reservas internacionales y profundizando la escasez de dólares en el país.
Como referencia, solo en 2025 se destinaron cerca de 2.900 millones de dólares para la importación de combustible. Este gasto drenó progresivamente las cuentas nacionales, lo que derivó en periodos prolongados de desabastecimiento y largas filas en los surtidores los últimos años.
En ese escenario y con una inflación galopante, el retiro de la subvención pasó de ser un tabú a percibirse como una medida inevitable para superar la crisis económica, debido al colapso del modelo anterior. En la última elección presidencial, todos los candidatos se comprometieron a levantar el subsidio con apenas variantes en el cómo y el cuánto.
El primer ajuste se produjo el 17 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno de Rodrigo Paz eliminó parcialmente la subvención mediante el Decreto Supremo 5503. El diésel pasó de costar Bs 3,72 (0,50 centavos de dólar) a Bs 9,80 por litro, un incremento de más del 160%, mientras la gasolina especial subió de Bs 3,74 a Bs 6,96, un 86%.
La decisión, sin embargo, no supuso la adopción de un precio plenamente libre. En enero de 2026, el Gobierno abrogó el DS 5503 en medio de protestas sociales por otros artículos que incluía la norma y lo sustituyó por otro que mantuvo los nuevos precios del diésel y la gasolina, estableció un régimen de estabilización y una metodología para futuros ajustes.
En julio, el Gobierno extendió el periodo “transitorio” de estabilización y congeló los nuevos precios del combustible hasta fin de año. A partir de entonces, se estableció que el cálculo se haría mediante una fórmula con base en los valores internacionales y el tipo de cambio del dólar.
Sin embargo, poco más de un mes después, se recalculó esa decisión. Un nuevo decreto eliminó la subvención para los “grandes consumidores”, entre ellos agroindustriales y mineros, que compran más de 20.000 litros al mes. Con este esquema, esos clientes pasaron a pagar un precio referencial, inicialmente fijado en Bs 18 por litro, mientras crecían los reclamos de los sectores afectados por la medida diferenciada.
El 1 de septiembre, la Agencia Nacional de Hidrocarburos dispuso bajar el precio de los grandes consumidores, de Bs 18 por litro a 16,50, y ampliar el rango de compra de diésel subvencionado, que pasó de 120 litros a 2.500 litros mensuales.
Finalmente, el 18 de septiembre de 2026, el Gobierno dio el paso definitivo para la liberación del diésel. El Decreto Supremo 5716 sustituyó el precio fijo del diésel por un régimen basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI) para todos.
La norma estableció inicialmente un precio regulado de Bs 17,95 por litro y una banda de ajuste del 5%, con el objetivo de que el valor interno refleje el costo de importación.
“Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó en referencia a las redes de contrabando que se habían generado con el precio bajo. En el mensaje grabado que fue difundido por televisión nacional, Paz agregó que los recursos que suponía la subvención serán invertidos en obras y proyectos.
A poco más de una semana de la nueva política de precios, algunos sindicatos de choferes anuncian protestas por el nuevo precio del diésel y reclaman que se aumente la tarifa de los pasajes, mientras crece la preocupación por el impacto de la medida en el costo de vida.
En tanto, se intensifica la incertidumbre por el futuro del precio de la gasolina, que se mantiene bajo un esquema regulado al menos hasta fin de año. Sin embargo, ante la escasez generalizada, algunos importadores privados han empezado a vender gasolina especial a precios que casi triplican el valor regulado.
Mientras crece el temor por el impacto de una eventual liberación total, quienes la promueven repiten como mantra una consigna que genera poco alivio: “El combustible más caro es el que no hay”.
