El crimen económico se transformó en uno de los principales desafíos para los Estados en un mundo donde las organizaciones delictivas pueden mover dinero, ocultar bienes y operar en distintas jurisdicciones con una velocidad que hace cada vez más difícil seguir el rastro de los fondos.
Fraude, lavado de activos, corrupción, ciberdelitos y crimen organizado comparten una característica: ya no reconocen fronteras. Una investigación puede comenzar en un país y conducir rápidamente a cuentas bancarias, sociedades, propiedades o activos ubicados en otras jurisdicciones.
Frente a ese escenario, la cooperación internacional adquiere un papel decisivo. Ese fue uno de los ejes centrales del Cambridge International Symposium on Economic Crime, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al análisis, prevención e investigación del crimen económico y financiero.
La edición 2026 fue la 43° del Symposium y se desarrolló entre el 23 y el 30 de agosto en Jesus College, Cambridge, en el Reino Unido. Bajo el lema “Asset Recovery and the Rule of Law” —“Recuperación de activos y Estado de derecho”—, las jornadas pusieron especial atención en la necesidad de privar a las organizaciones criminales de las ganancias obtenidas a través del delito.
El encuentro contó con más de 120 sesiones y workshops y reunió a participantes provenientes de más de 100 países, entre funcionarios, jueces, fiscales, abogados, investigadores, académicos, reguladores y
La Argentina tiene una historia particular dentro del Symposium. Hace aproximadamente tres décadas comenzó una participación regular de delegaciones argentinas, impulsada por Marcelo Ruiz, abogado, ex Consejero de Embajada en el Reino Unido y ex Asesor del Ministerio de Justicia de la Nación.
Desde entonces, grupos integrados por funcionarios públicos, magistrados, abogados y especialistas viajaron sucesivamente a Cambridge para participar de las distintas ediciones.
Con el paso de los años, esa presencia se convirtió en un vínculo sostenido con el encuentro y permitió generar redes profesionales entre representantes argentinos y especialistas de otros países dedicados a la investigación y prevención del crimen económico.
La participación también contó con el acompañamiento de la Embajada del Reino Unido en la Argentina y de la Embajada argentina en el Reino Unido, contribuyendo a fortalecer los vínculos institucionales entre ambos países en áreas relacionadas con la Justicia, la seguridad y la cooperación frente al delito transnacional.
La delegación argentina fue incorporando representantes de diferentes sectores y, con el tiempo, se convirtió en un espacio de intercambio entre profesionales vinculados con el Estado, la Justicia, la profesión jurídica y el ámbito académico.
Los representantes argentinos que participaron este año
En la edición 2026, varios integrantes de la delegación argentina formaron parte del programa como speakers, con intervenciones en diferentes paneles y espacios de discusión.
Uno de ellos fue Marcelo Ruiz, impulsor de la presencia argentina en el Symposium durante las últimas tres décadas. También participó Mariano Cúneo Libarona, ex Ministro de Justicia de la Nación.
A ellos se sumaron Miguel Kessler, fiscal a cargo de la Fiscalía de Ciberfraude de la Ciudad, y Milagros Ruiz, abogada y asesora de la Secretaría de Crimen Organizado y Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional.
Sus participaciones permitieron presentar ante especialistas internacionales diferentes experiencias y problemáticas vinculadas con la realidad argentina, al mismo tiempo que posibilitan conocer las estrategias que están desarrollando otros países.
La importancia del Symposium también quedó reflejada en el perfil de los especialistas y autoridades que forman parte de esta edición.
Entre los participantes se encontraban Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor del Crown Prosecution Service del Reino Unido; William Lyne, Director of Cyber Crime de la Metropolitan Police británica; y Ellie Reeves, Attorney General for England and Wales y miembro del Parlamento británico.
También participó Giles Thomson, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo que estableció estándares internacionales para combatir el lavado de activos y otras amenazas vinculadas con el sistema financiero.
La agenda incluyó además a Kim Campbell, ex primera ministra de Canadá, y Matthew Wagstaff, director del Serious Fraud Office del Reino Unido, organismo especializado en la investigación de casos complejos de fraude y corrupción.
La diversidad de perfiles fue una de las principales características del encuentro: en un mismo espacio pudieron intercambiar experiencias quienes diseñan políticas públicas, quienes investigan delitos y quienes intervienen en los procesos judiciales.
Recuperar el dinero detrás del delito
El eje elegido para esta edición puso el acento en una cuestión que ganó relevancia en las estrategias internacionales contra el crimen organizado: recuperar los activos obtenidos de manera ilícita.
La persecución penal de una organización criminal puede terminar con la identificación y condena de sus integrantes. Sin embargo, si el dinero obtenido mediante esas actividades permanece en poder de los delincuentes, la estructura económica del delito puede sobrevivir.
Por ese motivo, las investigaciones modernas buscan no solamente determinar quién cometió un delito, sino también identificar qué ocurrió con los recursos obtenidos.
El desafío puede involucrar cuentas bancarias, sociedades comerciales, inversiones, inmuebles y otros bienes que hayan sido adquiridos o transferidos para ocultar su origen.
Cuando esos activos se encuentran en diferentes países, las investigaciones requieren mecanismos de cooperación judicial y administrativa entre distintas jurisdicciones.
Ese proceso también debe desarrollarse dentro del Estado de derecho. La recuperación de activos exige procedimientos que permitan avanzar contra el patrimonio vinculado al delito respetando las garantías y las reglas de cada sistema jurídico.
Para la Argentina, participar y contar con representantes dentro del programa académico supuso no solo sostener una presencia construida durante tres décadas, sino también formar parte de una discusión internacional que será cada vez más importante: cómo desarticular las estructuras económicas del crimen organizado sin dejar de lado los principios y garantías del Estado de derecho.
