Las reformas electorales en Honduras van mucho más allá de los temas que han concentrado la atención pública: la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas receptoras de votos.
Así lo advirtió Aixa Zelaya, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que instó a promover un análisis integral de las 87 propuestas presentadas por representantes de la sociedad civil para modernizar el sistema electoral del país.
Zelaya sostuvo que Honduras necesita revisar distintos componentes de su estructura electoral, tomando en cuenta las experiencias de los procesos anteriores y los desafíos que enfrenta la organización de futuras elecciones.
Las iniciativas no se limitan a modificar las reglas relacionadas con la votación, sino que también buscan introducir mejoras en el funcionamiento de las instituciones responsables de administrar, supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales.
Entre los puntos señalados figura el fortalecimiento de los organismos electorales, una medida orientada a mejorar sus capacidades institucionales y operativas y a establecer condiciones que permitan desarrollar los comicios con mayores garantías para los participantes.
Otro componente está relacionado con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), mecanismo utilizado para divulgar los resultados preliminares de las elecciones. La propuesta contempla revisar y mejorar este procedimiento para que la información electoral se transmita de manera más transparente y confiable.
Confianza democratica
El financiamiento de las campañas políticas también requiere atención. Las organizaciones plantean fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización para que exista mayor claridad sobre los recursos utilizados por partidos políticos y candidatos durante las actividades proselitistas.
La revisión de estos mecanismos cobra relevancia en el debate sobre la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el financiamiento electoral.
La inclusión política constituye otro de los ejes del paquete de reformas. Las propuestas buscan ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en los procesos electorales y establecer medidas que permitan prevenir y atender la violencia política.
Este componente plantea generar condiciones para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y participar en los espacios de representación sin enfrentar amenazas, intimidaciones o prácticas de violencia. La discusión también comprende mecanismos para fortalecer su presencia en las estructuras de participación y representación política.
Las organizaciones proponentes incorporaron medidas dirigidas a facilitar la participación de sectores de la población que históricamente han enfrentado dificultades para ejercer plenamente sus derechos políticos: las personas con discapacidad y los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Para las personas con discapacidad, los planteamientos buscan mejorar las condiciones de accesibilidad en las distintas etapas de los procesos electorales. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes, las propuestas apuntan a promover una participación más amplia dentro del sistema democrático.
Zelaya destacó que una reforma electoral debe contemplar estas necesidades, de manera que las reglas y los mecanismos institucionales no se enfoquen exclusivamente en la organización de las votaciones, sino también en garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Diez organizaciones y sus planteamientos
El paquete de iniciativas fue construido mediante un proceso de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados con el ámbito electoral.
La Mesa de Propuestas de Reformas Electorales está integrada por diez organizaciones: el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la Red por la Equidad Democrática en Honduras (Redh), el Foro de Mujeres Políticas, la Universidad José Cecilio del Valle, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Unión Nacional de Ciegos Hondureños, el Frente Nacional para Elecciones Limpias, la Red por la Defensa de la Democracia y el Movimiento Patria.
El proceso contó con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, entidades que brindaron apoyo técnico y metodológico.
Las propuestas se elaboraron en 11 sesiones de trabajo entre mayo y septiembre de 2026 y luego se presentaron ante el Congreso Nacional para su análisis.
La incorporación de las propuestas al ordenamiento jurídico dependerá del análisis legislativo, los consensos entre las distintas fuerzas políticas y los procedimientos de aprobación que correspondan según el tipo de reforma.
Algunas modificaciones podrían requerir cambios en leyes secundarias, mientras que otras, como la eventual implementación de una segunda vuelta presidencial, implicarían una reforma constitucional.
