La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición a Paraguay de Ramón Luis Fernández, un ciudadano argentino requerido por la Justicia del país vecino para ser juzgado por el delito de abuso sexual infantil.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves el fallo del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que había concedido la extradición de Fernández para someterlo al proceso que se le sigue en Paraguay por el delito previsto en el artículo 135 del Código Penal de ese país.
La defensa oficial había apelado esa decisión, mientras que el Procurador General de la Nación interino solicitó que se confirmara la sentencia.
Entre sus argumentos, la defensa cuestionó la imprecisión de la denuncia y pidió que se rechazara la extradición por el temor manifestado por Fernández respecto de las condiciones de detención que podría enfrentar en Paraguay.
La Corte, sin embargo, desestimó el planteo al considerar que no se había acreditado un riesgo concreto para el acusado.
“El planteo solo aparece fundado en generalizaciones que en ningún momento se intentaron relacionar con un riesgo ‘cierto’ y ‘actual’ de que, en caso de ser extraditado Fernández, quedaría expuesto al trato cruel, inhumano y/o degradante que se invoca”, sostuvo el máximo tribunal.
En ese sentido, los jueces remarcaron que en Paraguay existen mecanismos de protección nacionales y supranacionales que, eventualmente, podrán controlar las condiciones de detención que preocupan al requerido.
El fallo también se refirió a que las autoridades paraguayas no habían respondido un pedido de información realizado por el juez de primera instancia sobre ese punto. Sin embargo, la Corte destacó que fue la propia defensa la que posteriormente instó a realizar el debate pese a esa falta de respuesta.
“De tal modo, el cuestionamiento efectuado al fallo apelado por resolver en ese contexto resulta un proceder contradictorio con la conducta asumida previamente”, señalaron los magistrados, quienes recordaron que “la buena fe procesal impone un deber de coherencia del comportamiento”.
Fernández también había solicitado ser juzgado en la Argentina debido a su nacionalidad. Sobre este punto, el juez de la causa había dispuesto poner el pedido en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para su consideración.
La Corte aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre esa petición, debido a que la decisión es “resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional”.
El máximo tribunal tampoco se expidió sobre el pedido de la defensa de aplazar la entrega por la edad y el estado de salud de Fernández.
Finalmente, los jueces dispusieron que el magistrado argentino informe a su par paraguayo cuánto tiempo permaneció Fernández privado de su libertad durante el proceso de extradición, para que ese período sea tenido en cuenta por las autoridades del país requirente.
El caso
Fernández fue detenido el 5 de diciembre de 2022 en la casa de un hermano, ubicada en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes, a raíz del pedido de extradición formulado por la Justicia paraguaya.
Según la circular roja de Interpol, estaba acusado de haber abusado presuntamente en reiteradas oportunidades de un menor de 12 años durante 2021.
La investigación se inició a partir del relato de la madre de la víctima. La mujer contó que su hijo le había pedido permiso para ir a jugar a la casa de un amigo y que, al regresar, le dijo que Fernández había intentado tocarle sus partes íntimas, aunque en esa oportunidad había logrado escapar del domicilio.
El niño también le contó que no era la primera vez que ocurría y relató otros episodios en los que los abusos se habrían consumado. Además, aseguró que el acusado le mostraba videos pornográficos y lo amenazaba con matar a su madre si revelaba lo sucedido.
En noviembre de 2023, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes concedió la extradición y rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa. La decisión fue recurrida ante la Corte Suprema, lo que impidió hasta ahora concretar el traslado a Paraguay.
La situación de Fernández también llegó a la Cámara Federal de Casación Penal por una discusión paralela en torno a su detención. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó su excarcelación al considerar, entre otros factores, el tiempo que llevaba privado de su libertad, su edad y sus problemas de salud.
Sin embargo, la Sala I de Casación anuló esa decisión al considerar que no se habían evaluado adecuadamente los riesgos procesales vinculados con la gravedad del delito, la pena en expectativa y el pedido de extradición que todavía estaba pendiente de resolución ante la Corte.
