El Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur, con sede en Ushuaia, condenó este viernes a Carlos Hipólito Córdoba, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, a cinco años de prisión efectiva por el delito de estafas reiteradas vinculadas a un plan de viviendas sociales. La sentencia se leyó en la sala y el sindicalista fue detenido de inmediato junto a otro condenado en la misma causa.
El fallo abarca 22 hechos delictivos perpetrados entre diciembre de 2013 y fines de 2017, todos relacionados con el plan de 128 viviendas que ATE impulsó en el barrio Barrancas del Río Pipo, en la capital fueguina. El tribunal halló a Córdoba coautor materialmente responsable del delito, en una causa que mantuvo en vilo al gremio estatal durante años.
La misma pena recayó sobre Miguel Ángel “Miguelón” Arana, también imputado en el expediente y declarado coautor de los mismos hechos. En contraste, el tribunal absolvió al empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, quien estaba acusado de lavado de activos y se le concedió el beneficio de la duda.
Tanto Córdoba como Arana quedaron alojados en un establecimiento penitenciario, a disposición del tribunal hasta que la sentencia quede firme.
El proyecto habitacional en cuestión fue concebido como una iniciativa del gremio para facilitar el acceso a la vivienda a sus afiliados. Según relató el propio Córdoba ante los jueces en sus palabras finales, el plan original contemplaba una escala mucho mayor.
“Nosotros gestionamos esas 128 viviendas, que en realidad eran 600, no 128. El proyecto es de 600 viviendas. En ese momento salieron las casas sindicalizadas, que eran alrededor de 264, en un proyecto teníamos. Era el segundo proyecto de toda la República Argentina que se lo otorgaba el Banco Nación a todos los vecinos”, sostuvo el dirigente, según recogió Infofueguina.
Pese a la condena, el sindicalista insistió hasta el último momento en que no cometió ningún ilícito. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó Córdoba ante el tribunal.
El dirigente también negó haber obtenido beneficios personales del esquema, y subrayó su situación patrimonial para reforzar ese argumento: “Yo he dejado bien demostrado que no tengo vivienda. Me interesaría tener alguna vivienda, pero no me alcanza el sueldo para poder hoy obtener eso. Yo no alquilo, pero porque vivo en la casa de mi mujer. Eso quería dejar dicho. Me declaro inocente”, expresó.
Córdoba afirmó que ni él ni su equipo engañaron a los beneficiarios sobre el destino de los fondos. “Jamás nosotros le hemos mentido a nadie, por lo menos mi gente y yo. No se le ha mentido a la gente diciéndole que vamos a recibir plata por esto”, declaró ante los jueces.
El dirigente gremial también trazó un recorrido personal ante el tribunal: “Mi historia en Tierra del Fuego viene desde los 9 años, trabajando en el campo, y llegué a donde llegué”, dijo, en un intento de contextualizar su trayectoria antes de escuchar la sentencia. Incluso agradeció al fiscal por haber reconocido, al inicio del proceso, que teóricamente podría haber sido declarado inocente.
El tribunal dispuso que Córdoba y Arana permanezcan detenidos en carácter de prisión preventiva y alojados en un establecimiento penitenciario hasta que la sentencia adquiera firmeza. La resolución abre la posibilidad de que la defensa interponga recursos ante instancias superiores.
Durante años, Córdoba, que ha visitado varias veces los tribunales a lo largo de su trayectoria gremial, fue un alto referente del sindicalismo fueguino.
