El Ministerio Público de Honduras confirmó la condena a 13 años de prisión contra Abner Geovany Bejarano, declarado culpable de violación agravada contra un niño en un Centro de Internamiento para Menores.
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIñEZ) presentó pruebas contundentes que demostraron que Bejarano obligó a la víctima, un menor de edad, a realizar actos sexuales bajo amenazas de muerte. Además, el menor fue forzado a involucrar a otros cinco internos y sufrió agresiones físicas por resistirse a estas prácticas.
La condena impuesta incluye la prohibición de acercarse a la víctima durante 26 años, el doble de la pena principal, la inscripción obligatoria en el registro de agresores sexuales y la suspensión de la ciudadanía. Bejarano también deberá responder civilmente por el daño causado.
Los hechos salieron a la luz tras una intervención psicológica en la que un profesional escuchó a Bejarano amenazar a la víctima para que no revelara el abuso sufrido.
La investigación estableció que para la fecha del delito, el sentenciado ya había alcanzado la mayoría de edad, aunque por disposición judicial debía cumplir su sanción en el centro pedagógico. El Ministerio Público, tras recibir la denuncia y reunir los elementos probatorios, procedió a la presentación del requerimiento fiscal que concluyó con la sentencia condenatoria.
El caso de Abner Geovany Bejarano, condenado en abril de este año, expone la urgencia de fortalecer la prevención y la respuesta integral frente a la violencia sexual contra menores en Honduras.
Violencia sexual contra menores en Honduras
La violencia sexual contra menores en Honduras continúa siendo uno de los delitos más graves y, a la vez, subregistrados por barreras culturales e institucionales. Según datos del Ministerio Público y del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM) del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2024 se registraron 3.350 denuncias por violencia sexual contra mujeres y niñas. El 62% de estas víctimas corresponden a menores de edad. Esto implica que al menos 2.077 casos involucraron a niñas y adolescentes. La mayoría de las denuncias se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (15,2%), Cortés (13,7%) y Atlántida (8,8%).
En cuanto a los procesos judiciales, de los 854 expedientes vinculados a violencia sexual ingresados a los juzgados en 2024, solo el 35% culminó en sentencias condenatorias. Más de la mitad de estos fallos condenatorios respondieron a acusaciones de violación. El informe señala además la falta de atención institucional adecuada, tanto en el acompañamiento psicológico como en el acceso a anticoncepción de emergencia, incluso para menores víctimas de agresión sexual.
Durante 2025, los primeros informes trimestrales indican que las denuncias por violencia sexual contra menores no presentan una reducción significativa. Según Casa Alianza Honduras, entre enero y marzo de 2025 se denunciaron decenas de casos de violencia sexual infantil, aunque la cifra exacta se mantiene reservada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El promedio diario de vulneraciones graves a derechos de la niñez, que incluye casos de abuso sexual, se mantiene en 17 a 18 incidentes, según reportes de la Senaf y El Heraldo. En el primer trimestre de 2025, Senaf informó la atención de 261 denuncias por distintas formas de maltrato, de las cuales una proporción relevante corresponde a delitos de carácter sexual.
Los datos históricos muestran que la violencia sexual representa una constante amenaza para los menores en Honduras. Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), el 24% de las mujeres y niñas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, y la mayoría de los casos permanece sin denuncia formal.
La situación de impunidad persiste: en 2024, del total de denuncias por violencia sexual, solo el 25,4% se judicializó y apenas el 35% de esas causas obtuvieron sentencias condenatorias. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de acceso a justicia, la revictimización institucional y la inexistencia de protocolos efectivos agravan el riesgo y la desprotección de la niñez hondureña ante estos delitos.
Entre las víctimas menores de 18 años, destaca un patrón de agresiones cometidas tanto dentro del entorno familiar como en instituciones, como centros de internamiento, lo que revela la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia, protección y acompañamiento psicosocial.
