Cada vez que ocurre una fuga o un hecho de violencia dentro de un penal, el sistema penitenciario vuelve a ocupar un lugar en la agenda pública. Sin embargo, pasada la urgencia, la discusión suele desaparecer. ¿Qué función cumplen hoy las cárceles? ¿Alcanza con encerrar a quienes cometen un delito o el objetivo debería ser también evitar que vuelvan a delinquir cuando recuperen la libertad?
Ese fue el punto de partida de la columna de Rosendo Grobo en Infobae a la Tarde, donde repasó la evolución histórica de las prisiones, explicó cómo funciona el sistema argentino y sostuvo que la crisis actual no se limita a la falta de espacio. “La cárcel termina funcionando como parte del problema de la inseguridad”, afirmó, al advertir que un sistema que no logra controlar lo que ocurre dentro de los penales ni reducir la reincidencia termina afectando también la seguridad fuera de ellos.
De las mutilaciones a la cárcel moderna
Aunque hoy resulte difícil imaginar otro modelo, la prisión como pena es relativamente reciente. Durante siglos, las sociedades castigaban los delitos mediante mutilaciones, azotes o ejecuciones públicas. Las cárceles existían, pero eran lugares de espera antes de la condena definitiva y no el castigo en sí mismo.
Ese paradigma comenzó a cambiar hacia fines del siglo XVIII con la Ilustración. La privación de la libertad empezó a reemplazar a los castigos corporales y surgieron modelos que marcarían el desarrollo de los sistemas penitenciarios modernos. Entre ellos se destacó el panóptico ideado por Jeremy Bentham, pensado para permitir que pocos guardias controlaran a muchos internos, y los sistemas desarrollados en Filadelfia y Auburn, que incorporaban el aislamiento y el trabajo como herramientas para corregir conductas. “La cárcel, como la conocemos hoy, es una institución relativamente reciente”, explicó Grobo.
En Argentina, esa transformación quedó reflejada en la Constitución de 1853. El artículo 18 estableció que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, un principio que buscó limitar los abusos del Estado y sentó las bases del sistema penitenciario moderno. A fines del siglo XIX comenzaron a construirse las primeras penitenciarías inspiradas en modelos europeos y estadounidenses, como la Penitenciaría Nacional y, años más tarde, el penal de Ushuaia.
Un sistema que no deja de crecer
Hoy la realidad es muy distinta a la imaginada por los reformadores del siglo XIX. Argentina no tiene un único sistema penitenciario, sino 24: uno federal y otro en cada provincia. Esa fragmentación hace que existan diferencias importantes entre jurisdicciones, aunque todas enfrentan un problema común: la población privada de la libertad crece más rápido que la infraestructura disponible.
Según los últimos datos oficiales, más de 133.000 personas permanecen detenidas entre cárceles y dependencias policiales en todo el país. En la última década la población carcelaria aumentó casi un 68% y la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura estima que el sistema funciona al 130% de su capacidad. En otras palabras, donde deberían alojarse 100 personas hoy viven alrededor de 130.
Para Grobo, ese hacinamiento explica buena parte de la crisis actual. “Las cárceles argentinas están explotadas”, resumió al describir una realidad que se traduce en celdas superpobladas, infraestructura deteriorada y condiciones cada vez más difíciles para el trabajo del personal penitenciario.
Cuando el Estado pierde el control
El hacinamiento, sin embargo, no sólo deteriora las condiciones de detención. También modifica la forma en que funcionan las cárceles.
Según explicó Grobo, cuando la cantidad de internos supera ampliamente la capacidad del sistema, el Estado comienza a perder parte del control cotidiano de los pabellones. En ese escenario aparecen jerarquías internas, liderazgos informales y mecanismos paralelos que regulan la convivencia entre los propios detenidos. En algunos casos, esas estructuras también administran actividades ilegales, como el ingreso de celulares o drogas.
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Organizaciones criminales como el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, en Brasil, y el Tren de Aragua, en Venezuela, crecieron al calor de cárceles donde el Estado perdió capacidad de conducción durante años.
El desafío pendiente: que la cárcel no sea una escuela del delito
Más allá del estado de los edificios o de la cantidad de plazas disponibles, Grobo considera que el principal indicador para evaluar un sistema penitenciario debería ser la reincidencia.
A su entender, la Argentina “falla olímpicamente” en la reinserción social porque muchas personas recuperan la libertad sin haber adquirido herramientas que les permitan reconstruir su proyecto de vida.
En ese contexto mencionó experiencias como las de la Fundación Espartanos, que combina deporte, educación y capacitación laboral, para demostrar que existen modelos capaces de reducir ese riesgo, aunque todavía funcionan de manera aislada.
Para el politólogo, el país lleva décadas discutiendo cuánto castigar, pero muy pocas veces se pregunta qué obtiene después de ese castigo. La prisión, concluyó, puede convertirse en un simple lugar de encierro, en una escuela del delito o en una verdadera oportunidad para reducir la violencia. Qué modelo predomine dependerá, en buena medida, de la política penitenciaria que el Estado decida construir en los próximos años.
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