Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de universidades públicas se manifestaron este miércoles 11 de noviembre por las calles de San José, Costa Rica, para exigir mayor financiamiento para la educación pública y rechazar las reducciones presupuestarias que, según las organizaciones convocantes, amenazan el funcionamiento de escuelas, colegios y universidades.
La movilización comenzó alrededor de las 9:30 a. m. en el parque La Merced, desde donde los participantes recorrieron la Avenida Segunda hasta llegar a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.
En la protesta participaron la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), estudiantes de secundaria, federaciones universitarias y representantes de las cinco universidades públicas.
La manifestación transcurrió de manera pacífica, aunque provocó congestionamiento vehicular en el centro de la capital.
Presupuesto educativo está lejos del 8% constitucional
Uno de los principales reclamos corresponde a los recursos asignados a la educación pública para 2027, que representan aproximadamente el 4,9% del producto interno bruto (PIB).
La cifra se encuentra 3,1 puntos porcentuales por debajo del 8% establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
Los sindicatos aseguran que el financiamiento resulta insuficiente para atender las necesidades de infraestructura, comedores escolares, transporte estudiantil, becas y funcionamiento de los centros educativos.
Gilda Montero, presidenta de ANDE, expresó su preocupación durante la concentración.
“Viene a la baja el presupuesto de educación”, manifestó la dirigente, quien también cuestionó los compromisos pendientes con el sector.
Por su parte, Gilberth Díaz, presidente del SEC, señaló que la inversión educativa está relacionada con las oportunidades que tendrán las nuevas generaciones.
Universidades denuncian recortes por ₡16,096 millones (USD 35 millones)
La protesta se produjo apenas 24 horas después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción para reducir ₡8,048 millones (USD 17.5 millones) del segundo presupuesto extraordinario de 2026.
La decisión, respaldada por diputados del Partido Pueblo Soberano, se suma a otra rebaja de ₡8,048 millones (USD 17.5 millones) incorporada en el proyecto presupuestario de 2027, aprobado en primer debate.
En conjunto, las reducciones planteadas alcanzan ₡16,096 millones (USD 35 millones)
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) sostiene que estos recursos corresponden a fondos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) cuyo traslado fue postergado durante 2020 y 2021, debido a la pandemia.
Según CONARE, en noviembre de 2025 el Gobierno se comprometió a devolverlos gradualmente mediante ocho desembolsos, acuerdo que ahora considera incumplido.
Las autoridades universitarias advierten sobre posibles consecuencias para becas, laboratorios, mantenimiento de instalaciones, investigación y sedes regionales. Las rebajas todavía están sujetas al trámite legislativo correspondiente.
Docentes también reclaman salarios y pensiones
La convocatoria incluyó exigencias relacionadas con el pago de anualidades, recargos laborales y lecciones de planeamiento, además de cuestionamientos sobre la aplicación del salario global.
En materia de pensiones, APSE denunció que el Estado mantiene obligaciones pendientes superiores a ₡44,000 millones (USD 97 millones) con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
La organización reconoce que el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció abonos superiores a ₡30,000 millones (USD 66 millones), pero sostiene que todavía existen montos sin cancelar.
¿Qué responde el Gobierno?
El Ejecutivo ha defendido los ajustes presupuestarios argumentando que determinados recursos fueron asignados de manera inadecuada y que las modificaciones buscan atender obligaciones con el régimen de pensiones, comedores escolares y transporte estudiantil.
Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó las razones de la convocatoria y anunció que solicitará valorar judicialmente la legalidad de la huelga.
El jerarca indicó que corresponde a las autoridades judiciales determinar si el movimiento cumple los requisitos legales y recordó que deben garantizarse servicios como educación especial y comedores escolares.
Mientras tanto, las universidades y organizaciones sindicales mantienen sus solicitudes de revisión presupuestaria ante el Congreso, donde continúa la discusión sobre los recursos públicos para 2027.
