El Gobierno de Bolivia presentó este jueves un informe sobre las condiciones en las que se encuentran 67 empresas del país-42 públicas y 25 firmas mixtas-, la mayoría de las cuales opera con pérdidas y una creciente dependencia de deudas.
El director ejecutivo de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, explicó que el estudio identificó 15 empresas en “quiebra técnica” y con pérdidas millonarias.
Según el funcionario, la pérdida acumulada de estas firmas supera el equivalente a 380 millones de dólares y tienen un patrimonio negativo superior a los 273 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
“La mayoría opera con pérdidas permanentes (…) hoy tenemos 15 empresas con quiebra técnica”, manifestó en una conferencia de prensa en la que se presentó una plataforma de información pública para hacer seguimiento al estado de las compañías estatales con datos sobre las pérdidas, los préstamos y la rentabilidad.
La plataforma incluye información de empresas estratégicas en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, transporte, aviación y telecomunicaciones y muestra los estados financieros, sus patrimonios y sus deudas.
Entre las firmas analizadas figuran empresas importantes como todas las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), entre otras.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció acciones sobre las empresas estatales y afirmó que las compañías que no cumplan con ciertos criterios “van a tener que ser cerradas”.
Antes de 2006, Bolivia contaba con algunas empresas públicas en sectores estratégicos. Sin embargo, desde la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se impulsó la participación del Estado en la economía a través de la nacionalización de compañías que habían sido privatizadas años antes y la creación de empresas estatales con el excedente de la renta petrolera. El objetivo mayor apuntaba a diversificar la matriz productiva, promover la industrialización del país y generar fuentes de empleo.
Sin embargo, la mala gestión de las empresas y las persistentes denuncias de irregularidades administrativas, junto a errores estratégicos como la construcción de plantas en lugares donde no existe la suficiente materia prima para su funcionamiento, ocasionaron rendimientos por debajo de los esperados y evitaron el cumplimiento cabal de los objetivos del Gobierno.
Uno de los casos emblemáticos es el de la Empresa Azucarera San Buenaventura, creada en 2010 y puesta en marcha cinco años más tarde, que está ubicada en el norte de La Paz, en una zona que no tiene grandes cultivos de caña. Al no contar con la materia prima suficiente, la planta nunca operó al 100% de su capacidad.
Otra de las firmas que ha estado en el centro del debate en los últimos años es Quipus, una empresa de ensamblaje de equipos tecnológicos a la que se ha cuestionado la baja rentabilidad y la presunta obsolescencia de sus productos, los cuales además tendrían precios altos en comparación con marcas importadas.
Las empresas públicas también han sido un eje de polarización política en los últimos años. Mientras los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce (2020-2025), han defendido el modelo y la continuidad de las compañías, otro sector de la población las considera un despilfarro económico.
“El anterior Gobierno nos dejó una bomba molotov, pero además con la mecha encendida. Hoy no sólo mostramos la bomba, sino el daño a la economía de todos los bolivianos”, manifestó el director de OFEP durante la presentación del informe sobre las firmas estatales.
