El avance del contrabando volvió a encender alertas en el sector industrial, con impacto directo en rubros clave como el mercado de celulares, donde las empresas advierten sobre fuertes distorsiones de precios y una creciente presencia de canales informales. La circulación de productos ingresados por fuera de los canales legales afecta la competencia y altera la dinámica del mercado interno, remarcaron desde el sector.
Según un reciente informe del sector, el mercado de celulares en la Argentina se ubica en torno a 9,2 millones de unidades anuales, tomando como referencia el promedio entre 2023 y 2025. Dentro de ese volumen, el contrabando pasó de representar un 7% a alcanzar actualmente el 35% del total, lo que equivale a más de 3,2 millones de equipos por año. En términos concretos, el estudio señala que uno de cada tres celulares se comercializa por fuera de los canales formales.
La medición en dólares también refleja la magnitud del fenómeno. De acuerdo con los datos de 2025, el mercado de contrabando generó ingresos por USD 1.858 millones, mientras que las ventas de celulares de producción nacional alcanzaron los USD 2.311 millones. De esta manera, el segmento ilegal representó cerca del 45% del mercado medido en dólares, lo que evidencia su peso dentro de la estructura general del sector.
Fuentes del mercado señalaron que esta dinámica se sostiene en el tiempo y presenta un comportamiento estable. Durante el primer trimestre de 2026, el canal informal mantuvo un volumen estimado de 50.000 unidades semanales, lo que consolidó su presencia como un circuito paralelo con niveles de comercialización previsibles.
“Observamos con profunda preocupación cómo la estructura impositiva y de costos de comercialización, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante. Es fundamental entender que el desafío que enfrentamos hoy trasciende el modelo operativo”, destacaron desde el sector.
Así, la ausencia de fiscalización rigurosa en las fronteras alimenta un circuito irregular donde uno de cada tres celulares vendidos en Argentina es de origen ilegal. Eso impacta en los consumidores, el empleo de la industria y en el comercio legal.
“Si no se encara una revisión integral de la estructura impositiva y no se fortalece la presencia del Estado en los puntos de ingreso al país, el impacto en la economía real seguirá siendo crítico. La industria necesita un ecosistema con reglas claras y fronteras seguras para garantizar una competitividad sostenible”, agregaron desde la industria móvil.
El informe también describe cómo el contrabando gana terreno en los segmentos de mayor valor. En el caso de los dispositivos de alta gama, las ventas del canal informal se equipararon con las del circuito formal durante los primeros meses del año. En tanto, en las gamas media y baja, el mercado ilegal alcanzó aproximadamente la mitad del volumen comercializado por los canales legales.
Además del volumen, el estudio identifica los principales puntos de ingreso de los dispositivos. Según las estimaciones, el 50% de los equipos ingresa desde Paraguay a través del paso fronterizo de la localidad de El Dorado, mientras que el otro 50% proviene de Miami, vía Panamá, y llega al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta doble vía de entrada configura una estructura de abastecimiento consolidada para el mercado informal.
Brecha de precios
Otro de los factores centrales que explica la expansión del contrabando es la brecha de precios. El informe señala que la diferencia entre el canal formal y el informal se ubica en un rango de entre 30% y 35% en promedio, y puede alcanzar hasta el 40% en equipos de alta gama. Esta diferencia sostenida en el tiempo actúa como uno de los principales incentivos para la demanda de productos ilegales.
“Observamos con preocupación cómo la estructura impositiva y de costos, sumado a falta de fiscalización, están reconfigurando el mercado de manera alarmante”
La brecha responde a una estructura de costos que impacta sobre el canal formal. De acuerdo con el relevamiento, el 42% del precio de un dispositivo corresponde a costos de producción, mientras que un 34% se explica por la carga impositiva en sus distintos niveles. A eso se suman un 10% de gastos comerciales y administrativos, un 9% vinculado a financiamiento y un 5% de margen estándar. Esta composición genera una diferencia estructural frente al mercado informal, que no enfrenta esos costos.
El informe también detalla el rol de los canales digitales en la expansión del contrabando. El 60% de las ventas informales se realiza a través de redes sociales, mientras que el 40% restante se canaliza mediante plataformas de comercio electrónico. En este entorno, los vendedores adoptan estrategias híbridas que combinan stock legal e ilegal, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones y complica los controles.
Preocupación transversal a la industria
En este contexto, el fenómeno del contrabando se consolidó como una preocupación transversal dentro del sector industrial. Empresas de distintos rubros señalaron que la circulación de mercadería ilegal genera distorsiones que afectan tanto a la comercialización como a la recaudación.
De hecho, días atrás, el dueño de la marca de electrodomésticos Peabody, Dante Do Sun Choi aseguró, en una entrevista con Infobae, que “la ilegalidad tomó el mercado”. Se refirió a la “bolivarización” de la economía argentina, ya que “el 70% de la industria de electrodomésticos es contrabando”. «Hoy la producción dejó de convenir, ni siquiera importar conviene, salvo subfacturando“, remarcó.
Este tema es motivo de una gran preocupación dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), desde donde se impulsó una agenda de trabajo con distintas áreas oficiales, con el objetivo de reforzar los controles y actualizar el marco normativo.
Uno de los principales ejes de esa agenda se centró en la necesidad de introducir cambios en el Código Aduanero, en coordinación con la Aduana. Según indicaron fuentes de la entidad, la intención es incorporar herramientas más eficaces para enfrentar el ingreso ilegal de productos. La idea es buscar regular la comercialización de productos confiscados. Las empresas advirtieron que parte de esos bienes vuelve al mercado a precios muy inferiores a los del circuito formal, lo que profundiza las distorsiones existentes. En ese sentido, propusieron establecer límites o condiciones más estrictas para su venta.
En paralelo, se avanzó recientemente en la implementación del Sistema de Vigilancia del Mercado, en conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Fernando Blanco Muiño. A través de este mecanismo, las empresas presentan listados de comercios en los que detectan venta de productos de origen ilegal y las autoridades realizan fiscalizaciones junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de verificar la procedencia de los productos y detectar irregularidades.
Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa en el ámbito digital. Desde la UIA indicaron que todavía no se logró establecer un mecanismo efectivo para controlar la comercialización a través de redes sociales y plataformas online, donde se concentra una parte significativa de las ventas informales.
El tema formó parte de la agenda del comité ejecutivo de la entidad, que trató la problemática del contrabando durante una reunión este martes de comité directivo.
