La caída de los principales líderes criminales del Caribe costarricense marcó un giro en la lucha contra el narcotráfico en la región. En los últimos tres años, las autoridades lograron neutralizar a los 12 jefes narco de mayor perfil, una acción que se enmarca en la respuesta estatal al aumento de homicidios vinculados con disputas por el control de la droga.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía atribuyen estos resultados a una revisión de estrategias luego del año más violento registrado en el país, según informó CR Hoy. Michael Soto, director del OIJ, explicó que “la mayoría de los homicidios respondían a venganzas vinculadas al narcotráfico” y que las nuevas tácticas de investigación permitieron avances concretos en la contención de la violencia.
Tras la muerte de Ronnie Ríos, alias Coco, y la detención de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, junto a Jonathan Pérez, alias Tan, las autoridades consideran desarticuladas las principales estructuras narco que alimentaban la ola de violencia desde 2023. Estas acciones permitieron reducir progresivamente los homicidios, según lo expuesto por el fiscal general Carlo Díaz, quien destacó la importancia del despliegue operativo pese a los recortes presupuestarios sufridos por ambas instituciones. “La pugna entre las organizaciones y la dinámica entre el narcotráfico local ha provocado el repunte de la cantidad de homicidios, pero consideramos que con todas estas acciones operativas, va a seguir disminuyendo”, indicó Díaz.
Jefes criminales, extradiciones y nuevas rutas del narcotráfico
El desmantelamiento de las redes comenzó con la captura de Gilbert Bell, conocido como Macho Coca, considerado el pionero del narcotráfico internacional en Limón aunque nunca fue condenado por ese delito. En febrero de 2024 fue detenido por liderar una operación de robo de combustible en el poliducto de Recope.
Después, una corte de Nueva York pidió en noviembre de 2025 su extradición por tráfico internacional de cocaína. La investigación incluye grabaciones obtenidas durante negociaciones con agentes encubiertos de la DEA y el FBI, y aunque un juez rechazó la entrega en primera instancia en marzo pasado, en junio el Tribunal de Apelaciones de Goicoechea revocó esa decisión y autorizó su traslado a Estados Unidos. Según documentación recogida por CR Hoy, estos procesos judiciales han sido complejos y han requerido coordinación internacional.
Tony Peña Russell, alias La T, fue detenido el 21 de junio de 2024 en barrio Atlántida durante un operativo sorpresa, seis meses después de haber escapado de un primer allanamiento. Las autoridades lo identifican como jefe de sicarios y brazo armado de cárteles del narcotráfico en el Caribe, y le atribuyen cerca de 100 asesinatos en el cantón central de Limón.
Alexander Zacarías Herrera Hernández, líder de La H, fue extraditado en agosto de 2024 tras años de evasión pese a que era buscado por Interpol desde 2012. Junto con sus hermanos Guillermo Gilberto y Elías dirigía la banda integrada por nicaragüenses que usaban identidades falsas para pasar por hondureños y disputar el control de la Terminal de Contenedores de Moín, utilizada para exportar cocaína; además, recientemente se declaró culpable y colaboró como testigo con autoridades estadounidenses.
Luis Manuel Picado Grijalba, señalado como jefe del primer cártel de la droga desarticulado en Costa Rica, fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en un aeropuerto de Londres tras un seguimiento del OIJ desde su salida del país. Como entonces no se permitía la extradición de nacionales, la policía judicial compartió información con la DEA para coordinar su captura, y desde entonces se tramita su traslado a Estados Unidos mientras el Reino Unido también manifestó interés en procesarlo por envíos de droga a ese país.
En agosto de 2025 fue detenido su hermano Jordie Kevin Picado, alias Noni, quien había asumido el mando del grupo. Su extradición ya fue autorizada, aunque la resolución fue apelada.
George Paniagua, alias Curry, fue condenado a 23 años de prisión por homicidio, pero aun encarcelado seguía ordenando asesinatos por encargo, coordinando operaciones de narcotráfico y planificando un atentado contra un funcionario judicial. El 9 de julio de 2025 el OIJ ejecutó un megaoperativo para desarticular la estructura de venta de drogas en Matina que él lideraba.
Diablo extendió su red a las siete provincias y a su grupo se le atribuyen unos 200 homicidios
Edwin López, alias Pecho de Rata, es señalado como líder del segundo cártel de la droga desarticulado en el país. Según CR Hoy, monopolizaba la importación de cocaína y marihuana para abastecer a Diablo, sus aliados y otras organizaciones, y fue el primer costarricense capturado con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Las investigaciones le atribuyen el uso de testaferros para comprar propiedades y construir infraestructura para el narcotráfico, incluidas fincas y una pista clandestina de aterrizaje en Sixaola, cerca de la frontera con Panamá. El 26 de junio de 2025 fue detenido en Escazú Celso Gamboa, exministro de Seguridad, exdirector de Inteligencia y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, pocas horas después de la captura de López.
La solicitud de extradición contra Gamboa sostiene que recibía hasta USD 600,000 por sus servicios y que en reuniones grabadas por agentes encubiertos de la DEA en 2023 afirmó contar con apoyo dentro del Gobierno para mover cargamentos de droga. En marzo pasado, él y Pecho de Rata fueron trasladados en el mismo vuelo a Texas.
Herald Ruiz, alias Guato, fue capturado tres semanas antes de la publicación mientras se ocultaba en una zona montañosa de difícil acceso. Era un terrateniente y aliado de Diablo en Valle La Estrella, Penshurt y Bananito, y las autoridades lo vinculan con venta de drogas, homicidios, secuestros y violaciones sexuales.
La pieza central de la ofensiva fue Alejandro Arias Monge, quien llevaba 10 años prófugo y había extendido sus operaciones a las siete provincias. Su estructura controlaba la distribución de drogas y disponía de redes para logística y transporte, sicariato, seguridad y legitimación de capitales; a ese grupo se le atribuyen alrededor de 200 homicidios.
Jonathan Pérez, alias Tan, era considerado el gerente de Diablo en Batán de Matina y uno de sus principales colaboradores. Controlaba la venta de drogas en esa comunidad, escapó de varios operativos desde agosto de 2024 y es vinculado con al menos seis ataques armados contra oficiales, patrullas e instalaciones policiales, en hechos donde murieron dos policías.
Ronnie Ríos, alias Coco, otro de los principales terratenientes de Diablo, dirigía la venta de drogas en Guácimo, otras comunidades de Limón y Valle La Estrella. Fue localizado en el mismo operativo en que cayeron Arias Monge y Pérez, pero murió abatido al enfrentarse a tiros con los agentes cuando intentó evitar su captura.
Dinier Estrada, alias Ojos Bellos, ya estaba en prisión por investigaciones del OIJ cuando recibió una nueva condena de 36 años en octubre de 2025, después de otra sentencia de 33 años en 2024. Su conflicto con organizaciones rivales derivó en múltiples homicidios, incluida la masacre de playa Cieneguita, en Limón, donde cinco bañistas murieron atrapados en el fuego cruzado.
Alejandro James Wilson, alias Turesky, fue identificado desde 2021 como uno de los principales exportadores de cocaína del Caribe costarricense mediante la contaminación de cargamentos de frutas y verduras. Esa estructura, menos expuesta al sicariato, movía millones de dólares que luego eran legitimados con la compra de moteles, fincas, comercios, vehículos de lujo y otros bienes, y su expediente ya avanzó a la audiencia preliminar.
Randall Delgado, alias Mr. Músculo, es señalado como el principal coordinador logístico de Diablo y estaba encargado de organizar entregas de droga y dinero para el cabecilla y sus operadores territoriales. También fue relacionado con la investigación por el asesinato del subjefe de la delegación del OIJ de Pococí, Geiner Zamora, ocurrido en febrero de 2025.
Jorge David Núñez, alias Coco Pastilla, aparece en una situación similar por sus presuntos vínculos con las redes de Diablo en Pococí y por la expansión de la organización hacia Turrialba y zonas de Cartago.
Consecuencias y desafíos pendientes para la seguridad en la región
La ofensiva estatal permitió identificar mecanismos como el uso de testaferros y operaciones de blanqueo de capital, a través de la adquisición de fincas, moteles y comercios. Las investigaciones y procesos de extradición en desarrollo evidencian el alcance internacional de estas redes y subrayan la importancia de la cooperación entre Costa Rica, Estados Unidos y el Reino Unido en materia judicial, de acuerdo con lo reportado por CR Hoy.
El descenso en la cantidad de homicidios y la desarticulación de las principales estructuras del narcotráfico en el Caribe costarricense son valorados como resultados positivos. No obstante, las autoridades advierten que todavía es necesario mantener la vigilancia y fortalecer los recursos institucionales para sostener estos avances y responder a posibles cambios en la dinámica criminal.
