El astillero español Cardama resolvió iniciar un arbitraje internacional contra Uruguay luego de el gobierno de Yamandú Orsi resolviera rescindir el contrato por la construcción de dos patrullas oceánicas.
Según informó este martes el semanario Búsqueda, Cardama presentó el escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, aunque todavía no informó el resarcimiento económico que solicitará en caso de ganar esta demanda. La firma española tuvo el asesoramiento de un estudio jurídico uruguayo y otro español.
Fue en febrero que el gobierno confirmó la rescisión del contrato luego de detectar una serie de irregularidades en las garantías que entregó la empresa con sede en Vigo. Uruguay ya le había pagado unos USD 30 millones de dólares, casi un tercio del precio total de las dos patrulleras oceánicas que había comprado.
El gobierno fue notificado este lunes 11 de la solicitud de arbitraje, pero hay “tranquilidad” en que el camino elegido es el correcto. Esa palabra fue utilizada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una entrevista con el noticiero Subrayado de Canal 10. Su cargo el similar al de un jefe de gabinete en otros países.
“El camino que recorrió el gobierno fue el apegado a derecho y a la defensa del erario público. Tanto es así que la decisión de rescindir el contrato –después de la evidencia de que había incumplimientos flagrantes– no fue recurrida por Cardama, y la Justicia uruguaya. Un contrato de suministro se sustancia en la Justicia uruguaya”, dijo Sánchez.
Para el gobierno, la solicitud de Cardama es “débil”.
“Uno tiene que agotar la vía nacional primero. En este caso, el proveedor decidió no recurrir la decisión. Yo creo que no la recurrió porque el Estado uruguayo recorrió un camino de mucha seriedad, de transparencia y de responsabilidad. Quizás la preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa y si podía presentar una garantía en tiempo y forma”, agregó.
En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar. En 2021, el gobierno de Lacalle Pou realizó un llamado a licitación para que Uruguay pueda contar con buques OPV. El llamado quedó desierto inicialmente. Luego apareció la empresa Cardama, a la que el Ministerio de Defensa Nacional –encabezado por Javier García– encomendó la compra en 2023. El proceso fue siempre criticado por la izquierda.
Según Búsqueda, Cardama inició este nuevo camino en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional amparado en uno de los incisos del artículo 39 del contrato con Uruguay, que trata sobre la solución de conflictos.
El fragmento referido indica que si la sociedad contratada para dirimir las dudas técnicas “se rehúsa a servir de árbitro” en algún diferendo, “el asunto será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverá finalmente conforme” a sus reglas “por uno o más árbitros de los designados de conformidad con dichas reglas”
El arbitraje se realizará en París.
Lo que Cardama pretende que es la rescisión del contrato se declare como improcedente y “contraria a derecho”, según lo informado por el medio uruguayo. La empresa señala que el gobierno de Orsi “incumplió sus obligaciones contractuales” y no siguió el “principio de buena fe”.
Fue en octubre que el presidente Orsi convocó a una conferencia de prensa para anunciar que se comenzó el proceso de rescisión del contrato, luego de detectar que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama era falsa. El gobierno también decidió presentar una denuncia penal.
