Un fallo a favor en el momento menos indicado. El Gobierno no logró ni celebrarlo. La Corte Suprema de Justicia le repuso a la Casa Rosada una de las decisiones más rechazadas de la administración de Javier Milei y lo expuso a una prueba de fuego para la gobernabilidad. Se inician dos semanas de negociaciones al límite. La administración libertaria idea estrategias para frenar la derogación de todo el decreto 70, ese frágil andamiaje legal y económico con el que arrancó su proyecto y que contenía la derogación de la ley de tierras. Y la oposición se ilusiona con conseguir el número para voltearlo por completo.
En los despachos oficiales se quedaron sin reacción el martes cuando se conoció la decisión judicial. Javier Milei ya estaba rumbo a París, y medio gabinete quedó mudo. Ni siquiera reaccionó favorablemente el autor jurídico de esa herramienta, Federico Sturzenegger. La oposición empezó a hacer números enseguida. En dos días se la jugó y pidió sesión especial. A esa hora, Martín Menem intercambiaba mensajes con sus diputados y los aliados para darle un cauce a la discusión que incomodó a todos.
Lo más sorprendente es que desde las filas libertarias sostienen que el Gobierno no sabía de la decisión que se venía. Así lo dice un veterano dirigente opositor: “En la política la autoridad se ejerce en todo, en esto también. Acá se lesiona al Gobierno”. Apunta a la desinteligencia de no tener control propio y anticiparse a lo que vendrá.
El timing de la Corte es lo que terminó por desenfocar al Gobierno. Ahora tiene que hacer un arriesgado doble juego. Ir en contra de sus principios, esto es, terminar redactando una nueva ley de tierras contraria a sus ideales de liberalismo, o correr el riesgo de que una cerrazón argumentativa termine con su principal herramienta legal de gobierno.
En el despacho de Martín Menem empezaron a ordenar las estrategias. Hay tres escenarios para encontrarle una salida: lo primero que se decidió es separar la discusión. Una cosa es la ley de tierras, que quedó derogada por la decisión del máximo tribunal, y otra el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Con este eje van a ir a dar la discusión. Para la oposición, la narrativa es inequívoca: para recuperar la ley de tierras hay que voltear el DNU. En esa dinámica se enfrentarán para ganar la opinión pública.
El oficialismo dice tener consenso interno con los aliados para evitar el mal mayor. La idea que más apoyo tiene es la de incorporar al debate de la ley de soberanía nacional, el nuevo fetiche de la Casa Rosada, una nueva ley de tierras. Ya trabajan el equipo de Sturzenegger y el de la Secretaría de Legal y Técnica. Es la idea que les dejó Miguel Pichetto en las redes sociales, que buscó exponer la contradicción oficial de promover un nuevo relato nacionalista y malvinero pero estar a favor de la extranjerización sin límites de la tierra. El oficialismo tomó el guante y por estas horas es la opción que más les cierra. El problema es que el mismo Gobierno que defendió a capa y espada que un extranjero pudiera comprarse una provincia, como dijo el canciller Pablo Quirno, ahora tiene que desandar su posición. Para arrepentirse siempre hay tiempo.
En lo inmediato, esa postura entra en contradicción con la decisión que el mismo viernes tomaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de lanzar la compra de ciudadanía por inversión por tan solo USD 350.000, lo que habilita a cualquier inversor extranjero a comprar de manera ilimitada la cantidad de tierras que quiera por el solo hecho de tener ciudadanía argentina. Otra vez entra en juego el desorden político interno. La oposición ya está en alerta con este tema. La diputada Florencia Carignano, ex titular de la Dirección Nacional de Migraciones, enumeró los países que venden su ciudadanía: San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Vanuatu y Nauru, para dimensionar la decisión, y anunció que presentarán un proyecto para derogar la resolución. Además, anticipó que la medida le traerá al Gobierno problemas con la Unión Europea, que había “advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”.
La otra variable que estudian en el Gobierno es retomar el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción del Senado pero que quedó desguazado al calor de las manifestaciones populares en contra de la extranjerización de la tierra. Por el escándalo nacional que generó el tema, el Gobierno lo había cajoneado. Ahora podría retomarlo para restablecer la ley de tierras del año 2011.
La tercera opción, la más rápida para cortar de cuajo el debate, es que el propio Milei firme un decreto que derogue el artículo 154 del DNU 70, una opción que el peronismo presentó vía proyecto de ley en el Senado. Es el camino más ágil para darle un cierre al debate particular y dejar sin argumentos a la oposición. En los despachos oficiales no están tan seguros de la movida. Caerían otra vez en la fragilidad de la herramienta del DNU, sin una ley que lo sostenga.
La calle y el número
Mucho dependerá de cuánto permee el reclamo en la sociedad. La calle juega. La oposición ya convocó a sesión y la ató al debate del presupuesto para discapacidad y la morosidad récord, dos proyectos que llevarán juntos al recinto el 15 de octubre. Hicieron coincidir la sesión con la marcha universitaria que ya estaba convocada, y que trasladó su reclamo de tribunales al Congreso. El empuje que tome el tema será clave para la decisión.
La oposición todavía está lejos del número necesario para conseguir el quórum y lograr dar de baja el DNU 70, que ya fue rechazado en el Senado el 14 de marzo de 2024. En el mejor escenario, hoy le faltan 12 diputados. Difícil.
La iniciativa la empujan, además del peronismo y la izquierda, sectores del desmembrado Provincias Unidas o de Marcela Pagano, más identificados con posiciones en contra del Gobierno. Pero la convocatoria llevó las firmas sorpresivas de María Inés Zigarán, que responde al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, uno de los integrantes de la comitiva de Milei en París. Los cuatro diputados por Misiones también serán clave. El gobernador Hugo Passalacqua presentó el viernes una medida cautelar para preservar el territorio. “Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”, planteó el gobernador, que tiene 90% de tierras de frontera.
La oposición puede ir a buscar votos entre los gobernadores que se fueron alejando del Gobierno, como Osvaldo Jaldo, en plena campaña electoral por su reelección. El problema es que pueden estar dispuestos a reponer la ley de tierras, pero es poco probable que estén dispuestos a dar de baja todo el DNU. No está en los planes, por ejemplo, del salteño Gustavo Sáenz. Tampoco del santacruceño Claudio Vidal, que con poco peso en el recinto (solo tiene un diputado que le responde) no quiere levantar malestar con la Casa Rosada. Necesita jugar con los libertarios de aliados en su proyecto de reelección. En la misma situación está Ignacio Torres, de Chubut, o Marcelo Orrego, de San Juan, que quedaron más volcados al oficialismo. La gran incógnita surge a partir de la vocación de colaboración del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, o del de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También necesitan arreglar con Karina Milei para sus reelecciones, pero les es más adverso. No viajaron a París. Podrían jugar mitad y mitad. Tampoco Llaryora maneja a los 6 diputados de su provincia. Entre ellos está el ex gobernador Juan Schiaretti, y su mujer, la senadora Alejandra Vigo, fue determinante en el debate en la cámara alta. El problema que le surge a la oposición a la hora de hacer los números es que una cosa es reponer la ley de tierras y otra dar de baja todo el DNU 70.
La última opción es que si el número no lo tiene la oposición, que lo tenga el oficialismo y que logre blindar el decreto con su aprobación. Pero otra vez caería en la misma trampa. Quedaría rehenes de una herramienta de baja calidad legal. La Corte Suprema tiene aún por resolver cautelares sobre la desregulación en el mercado de la medicina privada y las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD), este último tramo frenado por el juzgado federal de Mercedes y la Cámara Federal de San Martín que avalaron medidas cautelares de la AFA.
¿Qué hay ahí?
El decreto 70 es inabarcable. Su caída sería el derrumbe de la estructura económica y jurídica del Gobierno. Solo a modo de ejemplo: se incluyó la desregulación de las tarjetas de crédito, esto es la eliminación de los topes de intereses punitorios, tema candente si los hay, y se habilitó el cobro de adicionales y de montos fijos por atrasos, además de eliminar la obligatoriedad de la autoridad de aplicación de aprobar los contratos entre el emisor y el proveedor. También afectó a los comercios perjudicados con comisiones más altas. Todo el comercio exterior quedó desregulado vía decreto. Ahí entró un caso emblemático: se derogó la ley que prohibía la importación de neumáticos usados. Tiempo después vino el cierre de Fate. También entró la desregulación sobre la producción de yerba mate. O se derogó la ley de promoción industrial. Otro de los temas que quedaron sin sostén regulatorio fue el sector minero, con el boom de inversiones que se habilitaron con las normativas que cayeron. Con el DNU se eliminó la obligatoriedad de informar producción, comercialización, precios, ocupación, distribución de la renta minera, entre otros, herramientas que servían para erradicar las operaciones de subfacturación y sobrefacturación.
El inmenso mundo del DNU 70 dio de baja regulaciones en materia energética con la liberación del precio de los combustibles o en el aumento en las tarifas eléctricas y de gas.
Ruido en tribunales
Los despachos de la Corte Suprema fueron estos días un hervidero de versiones con reproches cruzados. La tensión interna entre los tres cortesanos quedó en evidencia cuando al otro día del fallo, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti se unieron para emitir un comunicado aclaratorio sobre la decisión sin que el otro integrante del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, estuviera al tanto. “No se enteró y no comparte el contenido”, hicieron saber desde ese sector. Al otro día, el propio juez, que había padecido una protesta en una actividad en San Martín de los Andes, dijo que tenían que tener “temple” para soportar las críticas. Quedó apuntado por haber sido quien promovió el tratamiento de ese tema. A su lado desmienten que haya sido una propuesta propia y que en todo caso es responsabilidad de todos los jueces evaluar las consecuencias. “Hubo negligencia”, refirieron en otro despacho sobre la falta de visión política por la repercusión negativa que iba a tener la decisión.
Por parte de dos ministros de raíz más política como son Lorenzetti y Rosatti, es difícil creer que se les haya pasado la repercusión que podía tener. En uno de los despachos de la Corte explicaban la decisión como parte de las “micronegociaciones”, así las llaman, que muchas veces tienen que llevar adelante un máximo tribunal integrado por solo tres miembros. Esas mismas fuentes sostienen que el tema terminó complicando al Gobierno porque le abrió un nuevo frente que la Casa Rosada pretendía superar. Incluso, hubo señales de advertencia de los secretarios letrados que hicieron sus respectivos informes. Al menos en uno de los despachos, plantearon que técnicamente era correcto el rechazo al Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim), pero que la decisión conllevaría un fuerte rechazo social. “Hay una cuestión ideológica”, plantearon fuentes cercanas a uno de los cortesanos sobre Rosenkrantz, de extracción empresarial. “Nadie les agarró la lapicera para que firmen”, contestan del otro lado.
En la Corte hay varias cautelares más que esperan tratamiento sobre la ley de tierras. Una tiene como actora a la Asociación Civil Arbol de Pie, de Bariloche, y otra a Brenda Junín, titular de una fundación ambientalista en Mendoza. Una salida política podría ser que avalen a estos actores.
El Gobierno se dejó estar. La Corte venía planteando que la política tenía que resolver la cuestión de fondo. En despachos oficiales cuentan que lo había hecho en diálogos informales pero también por decisiones jurídicas. Algo parecido pasó con el financiamiento universitario, cuando los jueces devolvieron la cautelar al juzgado de primera instancia con la intención de darle tiempo al Ejecutivo para que resolviera sobre el fondo de la cuestión, es decir, la validez del decreto. ¿La Casa Rosada no lo supo leer?
En paralelo, Miguel Pichetto y Nicolás Massot presentaron el viernes otra cautelar para reponer la ley que recayó en el juzgado contencioso administrativo 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira. “Estoy tratando de que no se realicen operaciones en estas horas y quiero saber qué operaciones se hicieron en este tiempo”, aclaró el diputado, que quedó apuntado porque un freno judicial a la derogación de la ley podría hacerle perder peso a toda la oposición para dar de baja el decreto completo. “Yo pedí sesión y voy a estar dando quórum porque creo que es inconstitucional, pero mientras tanto hay que evitar que se venda todo”, aclaró. Massot, incluso, va a presentar un proyecto aparte para derogar la ley de alquileres, un caballito de batalla del oficialismo para conseguir aliados.
París era una fiesta: de la croissant a la rosca
El Gobierno recuperó aire la semana pasada con la Argentina Week en París, donde logró llevarse promesas de inversiones por US$27.000 millones y mostrar sustento político, con el apoyo de 13 gobernadores. Hubo un giro completo de Milei. Si en Nueva York ni los había cruzado, y en Tucumán, para el 9 de Julio, los hizo ir a todos a una vigilia para dejarlos plantados, acá al menos los recibió y los sumó a todas las actividades oficiales. La mayoría de los mandatarios más díscolos notó el cambio. En Nueva York, no habían logrado ni reunirse con los funcionarios. En París sí. Los recibió Milei, que bajó la línea general de por qué cree que reelegirá y les agradeció el acompañamiento, y los recibieron Luis Caputo, Karina Milei y Santilli. De la croissant a la rosca. Aunque aún no hubo anuncios, sí hubo gestos más amables para terminar en un acuerdo político que les garantice a los gobernadores sus reelecciones a cambio de que voten la eliminación de las primarias. Según relataron varios de los presentes en París, es muy probable que en las próximas semanas el Gobierno avance en el acuerdo político con al menos 10 gobernadores. ¿Cómo? Con alguna declaración pública de apoyo a sus candidaturas. Quedarían afuera del acuerdo Córdoba, donde La Libertad Avanza tiene chances de dar el batacazo; Salta, porque la candidatura del gobernador deberá pasar por la revisión de la Corte; y Río Negro, donde el gobernador Alberto Weretilneck no pasa por el mejor momento y Karina promueve al senador Enzo Fullone o al diputado Aníbal Tortoriello. A los gobernadores se los vio empoderados por el giro, por necesidad, de Milei.
La fiesta parisina choca con la economía argentina. La semana pasada se conocieron datos de inflación poco alentadores. Tanto la consulta EcoGo como Equilibra marcaron una aceleración nuevamente de los precios minoristas. La primera marcó 2% y 2,1% en alimentos y bebidas mientras que la segunda publicó una suba general de 2,1%. La recaudación mejoró con una suba de 3,7%, traicionada por retenciones y el anticipo de Ganancias, pero mostró datos preocupantes en consumo: en IVA cayó 5,4%. El Fondo Monetario Internacional celebró el rumbo económico tras el final de la misión del organismo, pero su vocera, Julie Kosack dijo en conferencia de prensa que el Gobierno debía ser más equitativo en el reparto, como si copiara el discurso de Patricia Bullrich. El riesgo país volvió a subir. Esta vez Caputo moderó sus apreciaciones. Arrancó la semana diciendo que la culpa la tenía Axel Kicillof, a quien llamó el “anticristo”, y la cerró adjudicando el salto al contexto externo.
La Iglesia comenzó a endurecer las críticas respecto a la situación económica en la previa a la llegada del Papa León XIV. La pastoral social de la conferencia episcopal alertó además sobre los recortes en discapacidad, que tensionan la relación entre el ala política y el ala económica. El Gobierno se niega aún a invitar a los ex presidentes a la cita con el Papa, y eso sigue trayendo ruido tras el pedido de la iglesia argentina para ampliar la convocatoria. La decisión final depende de Karina Milei.
Los nadie y el 70
Milei reiteró la semana pasada, dos veces, que será reelegido porque el 70 por ciento de los argentinos no quiere volver al pasado. ¿Es así esa cifra? En principio, era. Y todo depende de cómo se formule la pregunta. Para la consultora Opinaia, por ejemplo, se puede sacar un cálculo aproximado vía pisos y techos de cada fuerza. Y lo dividen en tres: los que nunca votarían a determinado candidato, los que podrían votarlo, y los que seguramente lo votarían. La Libertad Avanza tiene un 27% que seguramente los votaría y 22% que podría hacerlo, contra 51% que no lo haría. El peronismo, sobre todo si incluye en la pregunta al kirchnerismo, arranca con un 23% que seguro lo votaría, un 21% que podría hacerlo y un 56% que nunca lo acompañaría. No es 70%, es 56%, que de todas maneras le abre la puerta al Gobierno a un triunfo en segunda vuelta, más finito.
Pero el problema que están viendo varios encuestadores son los apáticos, aquellos que no se vuelvan por ninguna opción. Los nadie. Los que rechazan las dos opciones llegan al 30%. Están arriba. La primera opción es nadie, después viene el pelotón de candidatos. Es una pecera estable, que se mantiene en el tiempo, y tiene un condimento. Nadie los representa ni los va a representar. No hay outsider que prenda porque la característica central de un outsider es que sea disruptivo, polémico, un Milei, y ya probaron. Moderación y outsider no van de la mano. El peronismo necesita que esos desencantados no vayan a votar. El oficialismo, reconquistarlos.
Martín Lousteau lanzó la idea del frente antimilei. Lo viene trabajando hace rato. Habla con todos. Desde Myriam Bregman hasta Axel Kicillof. Cree que el gobernador tiene que ir a ampliar hacia Córdoba y Santa Fe, cerrar acuerdos subterráneos que garanticen que el peronismo no interferirá en las reelecciones de esos gobernadores, igual que lo que se le exige a Karina Milei. El problema de ese frente es que necesita un candidato de consenso, que venga de afuera. Hoy, la única que explora esa opción es Cristina Kirchner. Por ahora no lo encontró.
Como en toda reelección, Milei compite contra sí mismo. Nadie capitaliza el descontento. El Gobierno tiene que reformular la motosierra. Hoy, la principal variable de reclamo es la laboral. Para Opinaia, el desempleo se mantuvo en septiembre como la principal preocupación de los argentinos, con 61%, seguido por la pobreza, con 55%. El Presidente reescribe su presente vendiendo un futuro mejor recién para su segundo mandato. Tendrá que encontrar una narrativa que bloquee que las colas de personas con curriculum en mano le gane a sus promesas.
