El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que la cantidad de llamados con amenazas a los colegios bajó considerablemente desde que se implementó la aplicación de sanciones económicas para los padres de alumnos involucrados.
Así lo afirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes, en conferencia de prensa. “Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas”, señaló y vinculó esta baja directamente a la medida tomada desde la administración de Maximiliano Pullaro, luego del tiroteo en un colegio de San Cristóbal que provocó la muerte de un estudiante.
“De golpe, en algún momento puede aparecer alguna de forma muy aislada, pero ya no es algo regular; esto quiere decir que las políticas adoptadas han sido plenamente efectivas”, añadió la secretaria de Gestión Institucional.
El mecanismo, diseñado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, establece la responsabilidad civil de los adultos a cargo de los menores que realizan las llamadas o envían alertas falsas. La decisión del gobierno respondió a la creciente ola de amenazas de ataques en establecimientos educativos.
“Hicimos 31 notificaciones” explicó la funcionaria -de acuerdo al portal Uno Santa Fe-, y aclaró que, además del pago ya realizado, hay “una decena de consultas” ante el organismo encargado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de familias que quieren conocer los plazos y el procedimiento para saldar la deuda. En total el gobierno contaba con 39 expedientes abiertos listos para ser enviados y ya había concretado 19 notificaciones.
A su vez aclaró que “no hay registro de que haya casos judicializados desde la familia” y dio como ejemplo uno de los casos que había sido notificado, el cual “sí se pagó lo estipulado”. Coudannes también destacó el trabajo de las fuerzas policiales con quienes trabajan en conjunto. “Siempre con la celeridad que tiene la policía para llegar entre 5 y 6 minutos a cada uno de los casos”.
Pese a la baja de casos en el Gran Santa Fe y Rosario, el Ministerio mantiene un protocolo de alerta activo junto a los operadores del sistema de emergencias y las jefaturas de las Unidades Regionales. “Venimos en alerta, dándole un seguimiento diario, haciendo los cortes analíticos con el 911 respecto de las amenazas e instruyendo los informes correspondientes para la posterior identificación de las líneas telefónicas”, explicó Coudannes.
La vocera argumentó la decisión al remarcar que “tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no solo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos”
Santa Fe fue una de las jurisdicciones más afectadas por el ataque del 30 de marzo, en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristobal al norte de la de la ciudad capital. Ian Cabrera, de 13 años, fue víctima del tiroteo que desató un adolescente de 15 años dentro de la institución. Ese día, el tirador ingresó armado al establecimiento y abrió fuego en el baño. Otros ocho alumnos resultaron heridos.
El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. Tras la detención del agresor, la abogada defensora indicó que el adolescente enfrenta un proceso depresivo y que, según sus propias palabras, “sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años”.
“No fue un ataque dirigido hacia una persona. Fue algo más relacionado con algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica”, señaló la letrada. La defensa remarcó que, si bien existían antecedentes de autolesiones y el joven se hallaba bajo tratamiento psicológico, no había signos de violencia hacia terceros.
Confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine e investigan su vínculo con el movimiento Incels.
