La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre la marcada diferencia entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el chavismo en Venezuela y los datos verificados por organizaciones civiles independientes.
El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que, mientras el régimen de Delcy Rodríguez afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía, solo 186 cuentan con libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según monitoreos independientes.
El informe, presentado a solicitud de varios países miembros, señala que la mayoría de las personas liberadas enfrentan un régimen de “libertad vigilada”.
Ralón Orellana precisó que estas restricciones incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y limitaciones para manifestarse o hablar con medios de comunicación.
“Eso no es libertad: es libertad vigilada”, afirmó el titular de la CIDH, subrayando la naturaleza condicionada de las excarcelaciones.
La ley de amnistía promulgada en febrero fue presentada como una medida destinada a favorecer la reconciliación nacional tras la intervención militar que precipitó la caída del narcodictador Nicolás Maduro. Sin embargo, la CIDH advirtió que persisten cláusulas ambiguas en la legislación, especialmente en el artículo 9, que deja abierta la posibilidad de procesar a opositores por supuestos vínculos con actores extranjeros.
Según Ralón Orellana, “la cláusula residual del artículo 9 introduce un tipo abierto, aplicable contra opositores”.
El organismo regional, que no ha podido realizar visitas in situ al sistema carcelario venezolano desde 2017, también cuestionó la eliminación de antecedentes sin salvaguardas de archivo, lo que podría dificultar futuros procesos de rendición de cuentas.
“La eliminación de antecedentes sin controles compromete la prueba para futuros procesos”, advirtió el relator especial para personas privadas de libertad.
La CIDH enfatizó que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la ley de amnistía son los mismos que participaron en detenciones arbitrarias durante el régimen anterior.
“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, expresó Ralón Orellana.
El organismo solicitó al régimen chavista la entrega de una lista oficial y verificable de las personas liberadas bajo la nueva normativa.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, consideró que la privación de libertad por motivos políticos “es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho” en Venezuela. Reclamó la liberación inmediata de quienes continúan detenidos por razones políticas, y sostuvo que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.
El embajador argentino ante la OEA, Carlos Bernardo, respaldó la necesidad de transparencia y reiteró el pedido para que la CIDH pueda visitar el país.
“Creo que hay una pequeña luz en Venezuela, pero eso no significa tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos no estén en libertad”, sostuvo.
Organizaciones civiles como Foro Penal reportan la existencia de 454 presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.
La CIDH reconoció que la ley de amnistía excluye formalmente los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, pero alertó que algunas disposiciones podrían usarse para perseguir a opositores.
El clima de vigilancia y las restricciones impuestas a los excarcelados reflejan, según el informe, un escenario en el que la libertad sigue siendo limitada y condicionada por el aparato judicial y de seguridad.
A pesar de la aprobación de la amnistía y los anuncios oficiales de apertura, la mayoría de los excarcelados continúan sujetos a un sistema de control estatal que impide su libre participación en la vida política y social.
La CIDH concluyó que solo una lista clara y verificable de liberados, junto con la eliminación de restricciones arbitrarias, permitirá evaluar un verdadero avance en materia de derechos humanos y democracia en Venezuela.
(Con información de EFE y AFP)
