Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Dr. Lin Chia-Lung, publicó un artículo en el cual llama la atención respecto del lugar que corresponde a Taiwán en el mundo libre y lo que ello verdaderamente significa para el concierto internacional de naciones. Esto no es solo un ejercicio de diplomacia pública, sino una advertencia estratégica dirigida a una comunidad internacional que corre el riesgo de naturalizar una de las distorsiones jurídicas más consecuentes de nuestro tiempo.
El ministro señala con precisión que la Resolución 2758, aprobada en 1971, que aborda únicamente la representación de China en la ONU y cuyo texto no menciona a Taiwán, no determina su estatus político ni aborda su participación en el sistema de la ONU. Sin embargo, Pekín tergiversa maliciosamente el significado de la Resolución y lo confunde con el llamado “principio de una sola China”, que hoy se invoca para excluir a Taiwán de organismos multilaterales, o que incluso implicó su discriminación durante la Pandemia de Covid-19, privando a la isla de recibir cooperación directa y formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su exclusión del organismo por presiones políticas de China.
Taiwán no es miembro de la OMS ni participa como observador en la Asamblea Mundial de la Salud, lo que generó que se ignoren sus advertencias que podrían haber evitado pérdida de vidas. En diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico a la OMS advirtiendo sobre la transmisión atípica del nuevo coronavirus entre humanos, pero el organismo no difundió esta alerta a otros países. La negación de contacto por altos funcionarios de la OMS, que evitaron reconocer abiertamente la colaboración o el intercambio de información con expertos taiwaneses, ante la presión de Pekín, implicó la evolución de la que ya todos conocemos sus consecuencias.
Esto no es un tecnicismo diplomático. Es un caso de manual de lo que en teoría del derecho internacional se conoce como reinterpretación por acumulación de práctica, cuando un Estado repite una lectura política de un texto jurídico hasta que esa lectura, por mera reiteración, adquiere apariencia de norma consuetudinaria pero no tiene siquiera el valor del ius cogens.
El canciller taiwanés en el propio artículo lo advierte, y de no ponerse freno, esta distorsión podría sentar un precedente peligroso y servir de pretexto para acciones futuras en el Estrecho por el que transita gran parte de la mercadería que consumimos cotidianamente.
Para América Latina, esto debería resonar más allá de lo abstracto. Nuestra región conoce bien las consecuencias de permitir que la fuerza de los hechos consumados sustituya al derecho -lo hemos visto en controversias territoriales y marítimas propias. Defender la letra estricta de la Resolución 2758 es defender el principio de que ningún texto de la ONU puede ser reescrito por vía de interpretación unilateral, sin importar quién sea el intérprete.
Taiwán y la ONU: inclusión, credibilidad y confianza en el orden internacional
Como bien dice el ministro Lin Chia-Lung, ninguna reforma de credibilidad institucional puede completarse mientras se mantenga excluido a un actor que cumple, en los hechos, con los estándares de responsabilidad internacional que la propia ONU dice promover. Indudablemente, Taiwán debe ser concebido como miembro -de mínima observador- de varios órganos y organizaciones.
La credibilidad institucional no se mide solo por los miembros que integran dicha organización. Sobre todo, se mide por la coherencia con que se aplican las normas a todos por igual. En ese sentido, invocar la Carta de la ONU para condenar el uso de la fuerza en un continente, mientras en otro se tolera su tergiversación para excluir a un miembro pacífico y de la organización, es administrar excepciones según conveniencias geopolíticas y tomar posición. Esa incoherencia es, en última instancia, lo que erosiona la confianza que el propio presidente electo de la próxima 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, dice querer restaurar.
Es lógico que quienes aspiran a ocupar la Secretaria General no se expresen en este sentido, por temor al veto en el Consejo de Seguridad, pero deben tener esta inquietud desde la prensa libre con defensa de valores, por el sólo principio de realidad
Por qué la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán también importan a América Latina
Otro planteamiento del ministro taiwanés es económico y logístico antes que político, puesto que el Estrecho de Taiwán es una arteria esencial para las cadenas de suministro globales, y su estabilidad ha sido reconocida explícitamente por el G7 y por foros ministeriales entre Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
América Latina rara vez se piensa a sí misma como parte interesada en esa ecuación. Es un error de percepción que debemos corregir. Una interrupción prolongada del tráfico marítimo por el Estrecho -o, en el escenario más severo, un bloqueo o conflicto- golpearía de inmediato los precios de semiconductores, electrónica, fertilizantes derivados de insumos asiáticos y bienes de capital de los que dependen tanto la industria automotriz brasileña como la agroindustria argentina.
En pleno siglo XXI, ninguna región es completamente inmune a las turbulencias que se producen en otros lugares del globo, por más lejanas que parezcan. Por eso, la estabilidad del Estrecho debería incorporarse como variable explícita en el análisis de riesgo país y en la planificación de política exterior de los Estados latinoamericanos con mayor exposición comercial al Indopacífico, empezando por quienes -como Argentina, Paraguay o Guatemala– mantienen vínculos diplomáticos o económicos directos con Taipéi. Como antecedente propio, desde la Región podemos afirmar que no pedimos el cumplimiento de algo que nos resulta ajeno, puesto que más de 100 años antes de la entrada en vigencia de la CONVEMAR, que propicia la libertad de navegación en los mares, en el Tratado de Límites entre Argentina y Chile se afirmó la libertad de navegación universal del Estrecho de Magallanes, lo que nos brinda autoridad para solicitar las mismas garantías en procura de los derechos fundamentales.
Argentina y América Latina como garantes de cadenas de suministro del mundo libre: el potencial del friend-shoring
El planteamiento más propositivo, y el que más directamente compete a nuestra región, es el que Lin Chia-lung desarrolla al describir a Taiwán como socio comprometido en la construcción de cadenas de suministro “seguras, resilientes y libres de la dependencia de regímenes autoritarios”, y en su Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos, con ejemplos concretos en Paraguay, el Reino de Esuatini y Palaos.
América Latina -y Argentina en particular- no debería limitarse a observar estas iniciativas de cooperación tecnológica dirigida a socios diplomáticos pequeños. Con capacidades en litio, energías renovables, agroindustria de precisión y una creciente base de talento en recursos humanos aplicados al software, la región tiene condiciones objetivas para insertarse como nodo del friend-shoring: el traslado de eslabones productivos críticos hacia países que comparten un marco de valores democráticos, vigencia del Estado de Derecho e instituciones republicanas, y no solamente hacia quienes ofrecen el menor costo.
En ese sentido, se podrían avanzar en distintas líneas de acción concretas. Entre otras, mapeo de complementariedades productivas entre la cadena de semiconductores y tecnología taiwanesa y los insumos críticos (litio, cobre, energías renovables) que Argentina y sus vecinos pueden ofrecer como proveedores confiables dentro de esa misma cadena de valores compartidos; diplomacia parlamentaria y académica activa en foros donde se discuta la participación de Taiwán en organismos técnicos de la ONU donde su exclusión no responde a criterio técnico alguno, sino a la distorsión jurídica de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU; y la incorporación formal de la variable “Estrecho de Taiwán” en los ejercicios de prospectiva estratégica y análisis de riesgo que produce nuestra región, como corresponde a un actor consciente de su propia exposición a la cadena de suministro global.
El artículo del ministro Lin Chia-lung pide a la comunidad internacional un acto de coherencia para aplicar el derecho internacional tal como está escrito, no como conviene reinterpretarlo.
Para Argentina y América Latina, sumarse a ese reclamo no es simplemente una cuestión de alineamiento geopolítico abstracto. Se trata, ante todo, de defender los mismos valores y principios: resolución pacífica de controversias, no uso de la fuerza, trato equitativo entre miembros de la comunidad internacional, autodeterminación de los pueblos, que la región invoca sistemáticamente para la defensa de sus propios intereses.
El mundo libre, como bien señala el canciller, necesita a Taiwán. Y Occidente, si efectivamente aspira a ser tomado en serio como socio estratégico del Indo-Pacífico, necesita decir con claridad de qué lado de esa coherencia quiere estar.
* El autor es Director del Centro para la Geopolítica, Fundación FREE.
