Una ley aprobada en Beijing ya no pretende regular únicamente la conducta de los ciudadanos chinos. También aspira a alcanzar a personas y organizaciones situadas fuera de las fronteras de la República Popular China.
El 1 de julio de 2026 entró en vigor en China la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, aprobada en marzo por la Asamblea Popular Nacional. Se trata, en apariencia, de una norma de política interna orientada a “forjar un sentido de comunidad” entre los 56 grupos étnicos reconocidos por Beijing. En los hechos, la ley ha despertado una ola de condenas internacionales debido a su artículo 63, que habilita a las autoridades chinas a ejercer una pretensión de jurisdicción extraterritorial sobre organizaciones e individuos cuyas acciones considere contrarias a la unidad nacional.
Esta interpretación no constituye únicamente una preocupación de organizaciones de derechos humanos. El propio Parlamento Europeo calificó el artículo 63 como un mecanismo de long-arm jurisdiction (jurisdicción de largo alcance), advirtiendo que podría permitir exigir responsabilidades legales por conductas realizadas fuera de China que son plenamente lícitas conforme a la legislación de otros Estados. La Unión Europea y Estados Unidos también expresaron públicamente su preocupación por el alcance internacional de la norma.
Un salto cualitativo hacia la jurisdicción extraterritorial
Con un solo artículo, Beijing reafirma una concepción expansiva de la jurisdicción penal. La pretensión de perseguir conductas realizadas fuera de su territorio no constituye, sin embargo, un fenómeno completamente nuevo.
El precedente inmediato fue la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, promulgada en 2020. El principio de ‘un país, dos sistemas’, concebido por Deng Xiaoping y consagrado en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y en la Ley Básica de Hong Kong, prometía preservar durante cincuenta años un alto grado de autonomía para el territorio. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 alteró profundamente ese equilibrio
Desde entonces, ciudadanos extranjeros que manifestaran apoyo al movimiento democrático de Hong Kong —ya fuera en una universidad de Londres, en un foro en Washington o mediante publicaciones en redes sociales desde Madrid— pasaron a poder ser investigados o perseguidos conforme a la legislación china, aun cuando esas expresiones estuvieran plenamente protegidas por las leyes de sus propios países.
Lo que en 2020 parecía una herramienta excepcional para controlar la disidencia en Hong Kong se ha convertido, en 2026, en el modelo sobre el cual Beijing busca extender criterios similares respecto de Xinjiang, el Tíbet y Taiwán.
De la teoría a la práctica: cazarrecompensas en el extranjero
La represión transnacional impulsada por Beijing no quedó limitada al plano normativo.
Entre 2023 y 2024, el gobierno de Hong Kong, bajo la tutela directa de Beijing, ofreció recompensas de HK$1.000.000 (aproximadamente USD 128.000) por información que permitiera localizar y detener a activistas exiliados.
Figuras como Nathan Law, Ted Hui y Anna Kwok —todos residentes o beneficiarios de protección internacional en democracias occidentales como el Reino Unido y Estados Unidos— pasaron a integrar listas oficiales de personas buscadas.
Al poner precio a la captura de disidentes que residían bajo la protección soberana de otros Estados, las autoridades demostraron una voluntad política de proyectar el alcance de su legislación más allá de sus fronteras. Esa infraestructura de persecución jurídica, presión económica y hostigamiento personal es la que diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que podría ampliarse bajo el amparo del artículo 63 de la nueva Ley de Unidad y Progreso Étnicos.
La trampa del retorno y la presión sobre las familias
El sistema de control desarrollado por Beijing descansa sobre dos mecanismos particularmente eficaces: la vigilancia transnacional y la presión ejercida sobre los familiares de quienes residen en el exterior.
El caso de una estudiante hongkonesa de 23 años, procesada en 2023, ilustra claramente la denominada “trampa del retorno”. Mientras cursaba estudios en Japón, publicó mensajes favorables a la independencia de Hong Kong, una conducta amparada por la legislación japonesa. Sin embargo, cuando regresó temporalmente a Hong Kong para renovar su documento de identidad, fue detenida inmediatamente bajo acusaciones de sedición.
Para quienes permanecen fuera del alcance físico de las autoridades chinas, la presión suele trasladarse hacia sus familias. Durante las campañas dirigidas contra activistas hongkoneses en el exterior, la policía de seguridad nacional interrogó, detuvo y amenazó de forma sistemática a padres, hermanos y parejas que continuaban viviendo en Hong Kong.
Este mecanismo de castigo por asociación reproduce prácticas denunciadas desde hace años por las diásporas uigur y tibetana, y numerosos analistas consideran que la nueva legislación contribuye a institucionalizar ese modelo bajo el argumento de combatir conductas que supuestamente amenacen la armonía social.
La consolidación del modelo: el Artículo 23 y el fin de la zona gris
Si la Ley de Seguridad Nacional de 2020 representó un punto de inflexión, la aprobación, en marzo de 2024, de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como la legislación del Artículo 23) terminó de consolidar el nuevo modelo de seguridad impulsado por Beijing.
La norma endureció las sanciones por delitos como la traición, la sedición y el sabotaje, al tiempo que amplió significativamente las facultades del Ejecutivo para actuar contra personas radicadas en el extranjero, incluyendo medidas como la cancelación de pasaportes y otras restricciones que afectan su movilidad internacional.
Las similitudes con las denuncias formuladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la diáspora uigur resultan evidentes. El uso del aparato consular, la presión diplomática, la cancelación de documentos y las presiones económicas sobre determinados países receptores forman parte de un mismo repertorio de herramientas destinado a limitar la capacidad de acción de quienes critican al gobierno chino desde el exterior.
Un desafío para el derecho internacional
Las reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales muestran que el debate trasciende ampliamente la situación interna de China.
Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y diversos países europeos han cuestionado reiteradamente la utilización extraterritorial de la legislación china y hongkonesa, sosteniendo que ningún Estado puede pretender criminalizar conductas desarrolladas bajo la jurisdicción de otros países cuando estas se encuentran protegidas por las libertades fundamentales.
La pretensión de ejercer jurisdicción más allá de las fronteras nacionales no es completamente inédita en el derecho internacional. Diversos Estados contemplan mecanismos limitados de jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos como terrorismo, piratería, genocidio o crímenes de guerra. La diferencia radica en que la nueva legislación china extiende ese principio a conductas vinculadas con la expresión política, la identidad étnica y la organización de la sociedad civil, ámbitos que en la mayoría de las democracias están protegidos por derechos fundamentales.
En el caso de Taiwán, la amplitud de la norma genera interrogantes sobre sus eventuales implicancias para académicos, funcionarios, organizaciones civiles y ciudadanos extranjeros que mantengan vínculos institucionales con la isla o expresen públicamente su apoyo a su sistema democrático.
La discusión, por lo tanto, ya no gira únicamente en torno a Hong Kong, Xinjiang o el Tíbet. También involucra principios esenciales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la territorialidad del derecho penal y la protección de los derechos humanos.
Un mismo manual de instrucciones
La nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos no constituye un hecho aislado. Representa la consolidación de un modelo político y jurídico cuya eficacia Beijing ya puso a prueba en Hong Kong.
La principal lección que las autoridades chinas parecen haber extraído del caso de Hong Kong es que la comunidad internacional suele reaccionar con cautela cuando las consideraciones económicas prevalecen sobre la defensa de principios jurídicos y democráticos.
La cuestión ya no consiste únicamente en cómo China gobierna su territorio, sino en hasta dónde pretende extender el alcance de sus leyes más allá de sus fronteras.
Si esa pretensión termina consolidándose sin una respuesta coordinada de la comunidad internacional, el precedente de Hong Kong podría convertirse en el primer caso exitoso de exportación de un modelo de represión jurídica transnacional.
Las leyes pueden cruzar fronteras; la legitimidad, en cambio, depende de que la comunidad internacional acepte ese alcance. Ese será uno de los grandes debates jurídicos y geopolíticos de esta década.
