Las autoridades panameñas capturaron a tres hombres presuntamente vinculados con delitos sexuales durante la operación “Alba”, desarrollada en las últimas horas en Panamá Oeste, en un contexto en el que las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual mantienen una tendencia al alza en el país.
La Procuraduría General de la Nación informó que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en los distritos de Arraiján y La Chorrera, donde fueron aprehendidos tres ciudadanos investigados por los presuntos delitos de violación y corrupción de personas menores de edad. Durante las diligencias también fueron ubicados indicios que serán incorporados a las investigaciones.
De acuerdo con la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2021 y 2026. Según las pesquisas, los ahora aprehendidos mantenían algún tipo de relación o cercanía con las víctimas, un patrón que suele repetirse en este tipo de investigaciones y que dificulta tanto la denuncia como el proceso judicial.
En las próximas horas los tres hombres deberán comparecer ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones.
La Policía Nacional precisó que uno de los operativos permitió además la aprehensión de un joven de 19 años al que se le decomisaron presuntas sustancias ilícitas, caso que será investigado por separado.
Las acciones judiciales por delitos sexuales también alcanzaron recientemente a la provincia de Herrera. Allí, la Personería Municipal de Ocú obtuvo la validación de un acuerdo de pena mediante el cual un ciudadano fue condenado a 110 meses de prisión —equivalentes a nueve años y dos meses— por los delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.
Durante la audiencia, el sentenciado aceptó su responsabilidad, lo que permitió la validación del acuerdo por parte del juez de garantías.
Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025 en el distrito de Ocú, cuando el condenado, aprovechándose de su condición de padrastro, cometió los delitos en perjuicio de una menor de edad.
Más de 2.600 denuncias en cinco meses
Las estadísticas oficiales reflejan que los delitos sexuales continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades.
Entre enero y mayo de 2026 se presentaron 2.665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá, un incremento del 14 % respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 2.339 casos.
El delito con mayor cantidad de denuncias fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1.006 casos, cifra que representa un aumento del 30 % frente al año anterior.
Le siguieron las denuncias por violación, con 887 casos, y los actos libidinosos, con 415 investigaciones. También se contabilizaron 156 denuncias por corrupción de personas menores de edad.
Las cifras muestran además incrementos preocupantes en algunas modalidades específicas. Las denuncias por corrupción de menores crecieron 32 % en comparación con 2025, mientras que las relacionadas con pornografía infantil aumentaron 52 %, según el informe estadístico del Ministerio Público.
El informe estadístico ubica a Panamá Oeste entre las áreas con mayor cantidad de denuncias acumuladas durante los primeros cinco meses del año, con 340 casos, solo por detrás de Panamá (550), Chiriquí (406) y Bocas del Toro (258). Además, la provincia registró un incremento del 12 % respecto al mismo período de 2025.
Los datos también reflejan que el Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá, concentró 1.233 denuncias, casi la mitad de todos los casos reportados a nivel nacional.
Ante este panorama, el Ministerio Público reiteró que mantiene investigaciones activas para perseguir los delitos sexuales y reafirmó su compromiso de ejercer la acción penal con objetividad, especialmente en aquellos casos que afectan a niños, niñas y adolescentes, considerados una prioridad dentro del sistema de justicia panameño.
