En Panamá, la informalidad le resta recursos fundamentales al Estado para resolver crisis históricas como el suministro de agua potable o el desabastecimiento de medicamentos, además de erosionar los fondos de pensiones y debilita la recaudación fiscal.
Además, genera una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley. El empleo informal es un motor de supervivencia inmediata, pero para que el país dé el salto definitivo al desarrollo, necesitamos transformarlo en empleo formal y productivo.
Estos planteamientos surgen de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), cuya presidenta Giulia De Sanctis señaló que el lanzamiento del recién anunciado programa gubernamental “Panamá pa’ Ti” marca una hoja de ruta oportuna y necesaria para atender las demandas más sensibles de la población: empleo, salud, canasta básica y agua.
Cumplidos dos años en el poder, este 1 de julio el presidente José Raúl Mulino anunció que “Panamá Pa’ Ti” será el nombre de una nueva estrategia que entre sus componentes tendrá la generación de 80,000 nuevos empleos privados a través de una estrecha alianza con el sector productivo. No serán plazas estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos, aseguró el gobernante.
Para potenciar el impacto de este plan y garantizar que la confianza se arraigue con fuerza en el hogar de cada panameño, De Sanctis manifestó que la meta de generar 80,000 empleos privados debe complementarse con una estrategia paralela contra el obstáculo estructural más grande de nuestro mercado: la informalidad laboral, que hoy abarca a más de la mitad de la fuerza de trabajo.
La Apede registra las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondientes a septiembre de 2025, que evidencian que la informalidad continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de Panamá. El 47.1% de los trabajadores ocupados no agrícolas, unas 784,990 personas, laboran en la informalidad.
En la voz de su presidenta, el gremio manifiesta que el esfuerzo por ordenar las finanzas públicas y recuperar la credibilidad internacional constituye un cimiento indispensable; no hay bienestar sostenible sobre cuentas desordenadas.
Aún sin que empiece su ejecución, la Apede indica que “el gran mérito de esta iniciativa es que traduce esa estabilidad fiscal en compromisos concretos, devolviendo la mirada a las urgencias diarias del ciudadano”.
“Celebramos la visión y el ordenamiento planteados por el Ejecutivo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será únicamente la cantidad de empleos creados, sino su capacidad para reducir la informalidad laboral. Mientras casi cinco de cada diez trabajadores permanezcan fuera del empleo formal y de la protección social, Panamá seguirá enfrentando un freno para elevar su productividad, fortalecer sus finanzas públicas y generar un crecimiento más inclusivo“, pondera la asociación.
La buena noticia, agrega el gremio, es que la región ofrece experiencias exitosas donde la informalidad se ha reducido de manera paulatina pero sostenida mediante programas específicos de incentivos.
La Apede hace referencia al modelo del “Monotributo” en Uruguay, que según dice es un ejemplo claro de que al simplificar y unificar los impuestos y la seguridad social en un solo pago muy bajo, lograron bajar la informalidad del 42.8% en 2001 a 21% en 2022, ofreciendo a los micro emprendedores ventajas reales en salud y jubilación.
Detalla que Colombia, por su parte, logró reducirla en un rango de 3 a 7 puntos porcentuales al aliviar de forma agresiva los costos no salariales de contratación, facilitando que las pequeñas empresas dieran el paso hacia la legalidad.
