En medio de la crisis política vigente en el Senado por el desenlace de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión dictaminada a inicios del corriente mes generó una fuerte polémica en las últimas horas, tras reciente el anuncio de la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, del quite de rúbricas de parte de La Libertad Avanza.
La ejecución de ese movimiento no es para nada menor ya que choca de lleno con el artículo 106 del reglamento del Cuerpo y, con la jugada, se deja expuesta a toda la cadena que intervino en el despacho, que figura vigente como orden del día -lista para ir al recinto- y con las firmas de todos los legisladores que lo hicieron -incluida la porteña- en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Ambiente.
¿Por qué se llegó a esta instancia? La cronología comenzó durante la sesión en la que la salteña Flavia Royón solicitó una moción de preferencia -con dictamen de comisión- de una iniciativa empujada por la filo radical Edith Terenzi (Chubut). No hubo inconveniente alguno. El 9 de junio, el plenario se reunió y avanzó. De hecho, según pudo saber Infobae, hasta hubo cambios de legisladores de último momento para no perder la chance de firmar el despacho. Es decir, todo calculado y sin freno alguno.
Tras ello, y mientras el Congreso analiza más propuestas del Poder Ejecutivo que, entiende, ayudarán a propulsar la actividad económica -por ejemplo, el súper RIGI-, desde diversos sectores productivos estallaron de furia al conocer la velocidad de este asunto. Los teléfonos fueron colapsados ante un inminente tratamiento de la ley.
¿Qué plantea el texto? La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena, el que, violando cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente”. Y agrega: “Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena”.
Otra modificación en el Código Penal impondría: “Si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco (5) a veinticinco (25) años. Si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a diez (10) años. En todos los casos, se impondrá además una multa equivalente al valor en pesos de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de la condena”.
¿Qué dice el reglamento en su artículo 106? Señala que “las comisiones comunicarán al presidente de la Cámara los asuntos dictaminados” y que “una vez que los dictámenes de comisión ingresan a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar su firma de éstos”. Por eso el alarma y preocupación en muchos despachos en las últimas horas tras el movimiento de Bullrich.
Ante una eventual bola de nieve en poco tiempo, las soluciones lógicas y dentro del reglamento viables son: dormir el tema, solicitar un regreso a comisión en la próxima sesión, o trabajar sobre el mismo despacho para modificarlo a gusto y abrir la comisión -en el recinto- para anunciar un renovado texto. Nunca lo sucedido horas atrás.
Lo que ocurre ahora en el Senado, por fuera de las observaciones y elogios que se puedan realizar sobre la propuesta, es el problema de prometer leyes a dialoguistas -como Terenzi y Royón- y que, después, haya extraños retrocesos. Mucho peor, si van en contra del reglamento. Todo esto confirma lo que este medio contó el fin de semana pasado: legisladores aliados que empiezan a desconfiar y prefieren reanudar líneas directas con la Casa Rosada.
