La decisión del Gobierno panameño de trasladar a 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en Isla Coiba abrió un nuevo frente de debate entre las necesidades de seguridad pública y la protección de uno de los principales patrimios naturales del país.
Mientras el presidente José Raúl Mulino defiende la medida como una acción necesaria para combatir el crimen organizado, la Defensoría del Pueblo advirtió que el uso penitenciario de la isla podría contravenir el espíritu de la ley que creó el Parque Nacional Coiba y poner en riesgo compromisos internacionales asumidos por Panamá.
La Defensoría emitió un comunicado en el que anunció que se mantiene vigilante ante el traslado de los reclusos hacia Coiba, un sitio que ostenta desde 2005 la categoría de Patrimonio Mundial otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La reacción de la entidad se produjo apenas horas después de que Mulino saliera públicamente a defender la decisión adoptada por el Ministerio de Seguridad.
El mandatario rechazó los cuestionamientos formulados por grupos ambientalistas, operadores turísticos y diversos sectores de la sociedad civil.
“Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino sobre la seguridad de los panameños”, afirmó el presidente al justificar la medida. Según explicó, los privados de libertad trasladados permanecerán completamente aislados y sin posibilidad de continuar coordinando actividades criminales desde prisión.
Mulino sostuvo además que la instalación utilizada no corresponde a una nueva cárcel construida dentro del Parque Nacional Coiba, sino a infraestructura ya existente bajo control del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El mandatario argumentó que la decisión responde a vulnerabilidades detectadas en el sistema penitenciario y a información de inteligencia que apuntaba a que algunos detenidos continuaban coordinando actividades ilícitas desde otros centros de reclusión. Por ello, aseguró que el traslado busca cortar cualquier capacidad operativa de organizaciones criminales desde las cárceles.
La medida involucra a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad que fueron trasladados a la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, ubicada en Coiba. Según el Ministerio de Seguridad, la operación se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con apoyo de la Policía Nacional y el Senan.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo recordó que la Ley 44 del 26 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba, estableció expresamente el cierre definitivo del antiguo centro penitenciario que funcionó durante décadas en la isla.
La institución citó el artículo 28 de esa norma, el cual dispone que una vez concluido el uso penitenciario de Coiba, las áreas e instalaciones pasarían a formar parte de los bienes administrados por la autoridad ambiental del Estado, actualmente el Ministerio de Ambiente, bajo la supervisión del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
Además, recordó que la propia ley estableció un plazo específico para poner fin al uso carcelario de la isla. Según esa disposición, las personas privadas de libertad que permanecían en el penal debían ser trasladadas a otros centros a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 29 de julio de 2005.
Para la Defensoría, ese mandato legal refleja claramente la intención del Estado panameño de cerrar definitivamente el capítulo penitenciario de Coiba y consolidar su transformación en un área protegida de relevancia internacional.
La entidad también destacó otro aspecto de la legislación. El artículo 5 de la Ley 44 prohíbe la construcción de infraestructuras dentro del parque nacional que no estén relacionadas con el apoyo sostenible al ecoturismo o con actividades científicas contempladas dentro del Plan de Manejo del área protegida.
A juicio de la Dirección Nacional de Ambiente de la Defensoría, el cierre del antiguo penal constituyó además un compromiso simbólico asumido por Panamá ante la comunidad internacional.
“Consideramos que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba fue un compromiso simbólico internacional del Estado panameño y que su reapertura puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante UNESCO”, señaló la institución en su comunicado.
La preocupación no se limita al aspecto legal. Coiba es considerada una de las áreas protegidas más importantes del Pacífico oriental tropical. Su parque nacional abarca cientos de miles de hectáreas marinas y terrestres y alberga ecosistemas únicos, especies endémicas y una de las mayores concentraciones de biodiversidad de la región.
Precisamente esas características llevaron a la UNESCO a otorgarle la categoría de Patrimonio Mundial en 2005, reconocimiento que obliga a los Estados a garantizar la conservación de los valores ambientales excepcionales que justificaron su inscripción en la lista internacional.
El debate también tiene una dimensión relacionada con los derechos humanos. La Defensoría recordó que, independientemente de la peligrosidad de los detenidos, el Estado está obligado a garantizar las condiciones establecidas en la Ley 55 de 2003 que reorganiza el sistema penitenciario panameño, el Decreto Ejecutivo 393 de 2005 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela.
Hasta el momento, el Gobierno mantiene su posición de que el traslado responde exclusivamente a razones de seguridad nacional y que no implica la reapertura formal del antiguo penal ni la construcción de nuevas infraestructuras dentro del parque nacional.
La Defensoría, por su parte, insiste en que continuará monitoreando la situación para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, los compromisos internacionales del país y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La discusión coloca nuevamente a Coiba en el centro del debate nacional. Para el Ejecutivo, la prioridad es impedir que estructuras criminales continúen operando desde las cárceles. Para la Defensoría, el desafío consiste en garantizar que esa estrategia no comprometa un patrimonio natural que Panamá prometió proteger ante el mundo hace más de dos décadas.
