La presidenta de Costa Rica Laura Fernández presentó este lunes ante el Congreso de Costa Rica un paquete de proyectos de ley para reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
La propuesta prioriza la protección de las fuerzas policiales, amplía el alcance de la legítima defensa en operativos y endurece sanciones para agresores y reincidentes.
La iniciativa busca proteger a los cuerpos policiales y ampliar el alcance de la legítima defensa en operativos. En la presentación de la propuesta de seis proyectos para enfrentar el crimen organizado, la presidenta sostuvo: “La respuesta armada de un oficial de los diferentes cuerpos de policía de nuestro país debe presumirse como legítima defensa”.
Uno de los ejes de las seis propuestas regula el uso de la fuerza y establece que los actos de los policías, en el marco de la protección ciudadana, serán considerados justificados.
Según la presidenta, “no puede ser posible que nuestros oficiales de policía se enfrenten a delincuentes armados hasta los dientes y que cuando hacen uso de las armas de reglamento en cumplimiento de su labor, tengan que involucrarse en un calvario”.
Protección policial y restricciones para agresores
Si un delincuente ataca a un agente, la propuesta contempla negar la libertad condicional al agresor. También prevé prisión preventiva ante episodios de resistencia o agresión al momento de la detención y agrava las penas si se intenta desarmar a un policía.
La presidenta explicó: “No puede ser posible, costarricenses, que los policías detienen hoy a un sujeto que fue violento, que arremetió contra ellos y que dos o tres horas después se lo vuelven a topar en la calle como si nada. Estamos a tiempo, reitero, de frenar eso”.
Pertenencia a bandas y delitos alcanzados
El segundo proyecto presentado por el Ejecutivo aborda la pertenencia a organizaciones criminales. La propuesta tipifica como delito la sola integración de bandas, con penas de tres a ocho años de prisión y agravantes según el rol dentro de la estructura.
“Pertenecer a una banda criminal tiene que ser un delito en Costa Rica. No podemos seguir más con estas alcahueterías”, enfatizó la funcionaria.
La legislación incluye delitos de terrorismo, narcotráfico nacional e internacional, lavado de dinero, trata de personas, secuestro extorsivo y tráfico de armas y órganos. También incorpora la prohibición de beneficios como salidas anticipadas de la cárcel para quienes reincidan en estos delitos.
La mandataria expresó su rechazo a la organización y logística de estos grupos, “Las bandas criminales tienen hoy hasta contadores, especialistas en tecnología, abogados a su servicio. Y nuestro país, como decimos en Esparza, asando elotes”.
Reincidencia y sistema penitenciario
Otra de las propuestas presentada busca una ley de mano firme contra la reincidencia delictiva. El proyecto fija prisión preventiva para reincidentes, limita beneficios penitenciarios y define categorías de reincidencia: simple, cualificada, habitual y profesional delictivo.
La presidenta defendió: “No se puede juzgar igual a una persona que cometió un único delito en su vida frente a alguien que ha hecho del delito su forma de vida”.
En la reforma penitenciaria, se establece que las personas privadas de libertad deberán participar en actividades productivas para acceder a beneficios. Del total generado, el 35% se destinará al sistema penitenciario y otro 35% a las víctimas. “No queremos más vagos en la cárcel”, sentenció la jefa de Estado.
Además se destinará un 20% para que cada reo sea obligado a apoyar a su familia que quedó fuera y un porcentaje más, para el ahorro, buscando que tengan un monto de dinero cuando logren salir de prisión.
El costo por mantener a cada persona privada de libertad en Costa Rica asciende a USD 1,000 al mes, una cifra superior al salario básico nacional. El Gobierno busca que los reos aporten directamente a su manutención y a la reparación del daño a las víctimas.
Pistas clandestinas y antecedentes penales
En la lucha contra el narcotráfico, otra propuesta incrementa las penas para propietarios, arrendatarios o administradores de pistas y sitios de atraque ilegales, con condenas de hasta 10 años de prisión y la posibilidad de confiscación definitiva de maquinaria y vehículos vinculados.
El paquete también incluye la reforma del sistema de registros y archivos judiciales, que elimina el derecho al olvido para delitos graves. Los antecedentes quedarán visibles para jueces y fiscales de forma permanente, aunque para fines laborales la anotación se mantendrá durante 15 años.
El Ejecutivo hizo un llamado al Congreso: “Este es el momento de poner por delante al país, especialmente de poner por delante el dolor de tantas personas. Mi gobierno está haciendo todo lo que a nosotros nos toca. Ahora les toca a ustedes”.
La presidenta reiteró la urgencia de aprobar estas reformas: “Les ruego, en nombre del pueblo de Costa Rica, que aprueben procesos de fácil tramitación a este paquete de proyectos de ley, que les reitero, fue construido a conciencia, desde la experiencia, con los mejores criterios técnicos de los equipos asesores y la bola está, dicho esto, del lado de ustedes”.
