Luego de la reunión con contadores, y como adelanto Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que va a enviar al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de subsanar los puntos débiles y promover que más contribuyentes saquen los dólares del colchón. Y si bien pronto se girará a la Cámara de Diputados, hay dudas sobre si el oficialismo va a lograr la sanción antes del vencimiento de la declaración jurada del 2025 que cae el 27 de julio próximo, lo que limitaría los efectos inmediatos de ponerla en práctica.
Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Infobae que el proyecto ya está redactado y el envío ocurrirá en breve, aunque no existe una fecha precisa. El debate se concentra en si la iniciativa va a aprobarse antes del receso legislativo, lo que permitiría su entrada en vigor antes del plazo para la presentación de la declaración jurada 2025, o si la aplicación efectiva se postergará hasta el periodo fiscal 2026. Dentro del sector privado, hay quienes consideran que la atención principal debería estar puesta en ese ejercicio, ya que los plazos para 2025 resultan muy ajustados para una implementación real.
“Esperamos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso mayor. ¿Por qué es importante Inocencia Fiscal? Porque eso va a ayudar a un mayor crecimiento, lo importante es que ese ahorro que hoy está abajo de los colchones se canalice en inversión y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó Caputo durante su participación en el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El envío de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal implica un cambio de postura y un reconocimiento de Caputo de que hay puntos débiles en la Ley que se sancionó que pueden hacer que los contribuyentes se sientan inseguros para sacar los dólares del colchón. Es que hace meses, en público el ministro sostenía que “no había que hacerle caso a los contadores” y que la normativa otorgaba un blindaje “anti Kicillofs”.
Según pudo saber Infobae, el texto oficial incorporaría cambios sustanciales. De acuerdo con Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el Gobierno planea eliminar los topes de ingresos y patrimonio para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), dejando solo la condición de exclusión para grandes contribuyentes. Domínguez también detalló que la nueva propuesta buscará resolver el concepto de “discrepancia significativa”, para lo cual se propuso un umbral de $500.000, aunque todavía no está definido si ese será el monto definitivo ni cómo se estructurará el parámetro.
Domínguez explicó que el proyecto contemplaría la posibilidad de rectificar la declaración jurada antes de la determinación de oficio, medida que permitiría pagar y mantener los beneficios del régimen en casos donde existan diferencias, siempre que no se supere el monto considerado como evasión simple. Esta opción ya regía para facturas apócrifas y ahora se aplicaría a los demás supuestos.
En paralelo, Noelia Girardi, gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, subrayó que las fechas de vencimiento para las declaraciones juradas anuales de personas humanas se establecieron para el 27 de julio, tras la prórroga que se oficializó luego de las reuniones entre Caputo y los contadores. Girardi indicó que muchos contribuyentes aguardan definiciones sobre la nueva ley para decidir si van a adherir o no al régimen, y consideró que lo ideal sería que el proyecto despeje las dudas vigentes respecto de los umbrales de ingresos y patrimonio.
En cuanto al nuevo proyecto que enviará el oficialismo al Congreso, sostuvo que sería importante analizar si se incrementan o eliminan los umbrales y si los grandes contribuyentes, hasta ahora excluidos, pueden acceder a los beneficios. Además, marcó como fundamental revisar el concepto de discrepancia significativa para que errores o diferencias subsanables no impliquen la pérdida automática de las ventajas. Girardi también planteó que quedan aspectos por esclarecer, como el tratamiento de los bienes exteriorizados en el último Régimen de Regularización de Activos y si estos se computan como ingresos a la hora de verificar los requisitos. La especialista remarcó que el desafío que tiene el Gobierno es generar confianza para que los ahorristas que mantienen fondos fuera del sistema decidan incorporarlos al circuito formal.
Los tiempos ante el vencimiento
Por su parte, Martín Caranta, socio de impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich, advirtió que el tiempo disponible para aprobar y aplicar la ley es insuficiente. “Supongamos que la Ley salga el 15 de julio, muy ambicioso, y el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales es el 27 de julio, van a ser plazos muy acotados. A lo mejor esto no apunta al 2025, sino al 2026, porque se flexibiliza la Ley y los contribuyentes quieren adherirse y depositar los dólares del colchón; que lo hagan en lo que queda del 2026”, sostuvo. Caranta puntualizó que, para 2025, la Inocencia Fiscal tendría un efecto limitado, funcionando solo como un “tapón fiscal”, ya que no se registraron grandes depósitos de dólares en ese periodo.
La expectativa de Caranta se dirige, entonces, hacia 2026, cuando la ley podría facilitar la incorporación de esos fondos a la economía formal, en un contexto de mayor previsibilidad y reglas claras. El Ministerio de Economía, en tanto, mantiene su compromiso de avanzar con el proyecto, mientras el sector privado observa el proceso legislativo y la definición de los detalles técnicos que determinarán el alcance y los efectos prácticos de la nueva normativa.
