Bolivia está prácticamente paralizada desde hace cuatro semanas con bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a siete de nueve departamentos, con excepción de la región amazónica de Beni y la sureña Tarija.
Las manifestaciones iniciaron a finales de marzo con reclamos sindicales dispersos que confluyeron en una agenda cargada de conflictos. En medio de denuncias de falta de atención a las demandas, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el 6 de mayo bloqueos en ese departamento con un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De manera progresiva, otros sectores como la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se sumaron a una movilización que hoy parece incontenible.
Los movilizados apuntan una serie de razones por las que piden la cabeza del presidente que van desde contradicciones entre las promesas electorales y los primeros meses de gestión, hasta el rechazo a supuestos intentos de privatización de empresas públicas que el Gobierno ha negado reiteradamente.
La Administradora Boliviana de Carreteras pasó de reportar un promedio de 20 bloqueos simultáneos en la región andina a más de 90 en todo el país. También se registran barricadas dentro de las ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, además de marchas y manifestaciones en la sede de Gobierno.
En las últimas semanas, otras organizaciones sociales y sectores económicos han subido la presión al Gobierno para poner fin a la medida de presión por el enorme costo social y económico que conlleva. Fuera de las pérdidas que reportan sectores como la industria y el turismo, la población de La Paz, El Alto y Oruro principalmente enfrenta escasez de alimentos y de combustible, además de la interrupción de servicios de salud y de transporte público.
Mientras la administración de Paz ratifica su voluntad de una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo que hasta ahora no ha dado resultados, el Congreso abrogó una ley que limitaba la implementación del estado de excepción y son crecientes los pedidos para recurrir al uso de la fuerza pública para recuperar el orden y el libre tránsito.
En esta nota mostramos los puntos que están bloqueados, las organizaciones que los promueven y los reclamos adicionales a la renuncia del primer mandatario.
LA PAZ
La sede de Gobierno está prácticamente sitiada desde hace cuatro semanas, cuando la Federación de Campesinos Tupac Katari inició los primeros piquetes. Más tarde se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz.
En las últimas horas, los sindicatos de choferes anunciaron un paro para exigir la renuncia del presidente, a quien responsabilizan por la distribución de gasolina de mala calidad y supuestos incumplimientos en el pago del resarcimiento de daños mecánicos.
En la capital administrativa del país la situación es crítica: los medios locales reportan escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos y oxígeno medicinal, lo que ha provocado la suspensión de algunos servicios médicos. También se reportan interrupciones en el servicio de transporte público y la suspensión de las clases escolares presenciales.
ORURO
Al igual que en La Paz, el departamento andino de Oruro empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y el incremento en el costo de la canasta familiar a consecuencia de los piquetes que se han instalado en esa región desde el inicio del conflicto, cuando se interrumpió la transitabilidad hacia La Paz, Cochabamba y Potosí.
Entre los sectores que se movilizaron desde inicios de mayo figuran obreros sincalizados, mineros, campesinos, maestros, transportistas y el Comité Cívico del municipio minero de Huanuni. Además de la renuncia de Rodrigo Paz, hay reclamos por la situación económica, cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles y demandas sectoriales de transporte relacionadas con carreteras.
COCHABAMBA
Cochabamba es actualmente el epicentro de los bloqueos a nivel nacional, registrando más de una treintena de rutas cortadas. Las interrupciones impiden el tránsito tanto hacia el occidente (Oruro y La Paz) como hacia el oriente (Santa Cruz) y los valles (Chuquisaca y Potosí).
Entre las organizaciones que se están manifestando están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Departamental y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que realizaron una marcha hacia La Paz el 12 de mayo.
Si bien hay pedidos de renuncia al presidente Paz en tono con las demandas de otras regiones, en las últimas semanas se reportaron manifestaciones por conflictos locales por el traslado de residuos sólidos, demandas de maestros y en defensa del exmandatario Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de ese departamento ante el riesgo de aprehensión.
CHUQUISACA
Al menos 15 puntos de bloqueo aislaron el departamento de Chuquisaca desde el inicio de los conflictos. Progresivamente, se fueron sumando piquetes en la región; a mediados de mayo se instalaron bloqueos en la localidad de San Lucas (sur) y en otros municipios del área rural.
Una de las organizaciones que impulsa los bloqueos es la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha amenazado con el uso de armas: “Si la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho (…) sabemos manejar las armas, no es que no; tenemos jóvenes valientes”, amenazó Julián Romero, dirigente de la Federación tras una reunión el lunes, según publica el diario Correo del Sur.
SANTA CRUZ
La Gobernación de Santa Cruz, junto a dos ministros de Estado, logró negociar acuerdos con sectores que estaban movilizados. Según los medios locales, se acordó la construcción de una carretera, la implementación de pozos de agua y ampliación del tendido eléctrico, la activación de una Comisión Agraria Departamental y la agilización de los trámites de personerías jurídicas.
Sin embargo, se mantiene un punto de bloqueo en la localidad de San Julián, al noreste del departamento. La medida de presión la impulsan los “interculturales”, una organización social conformada principalmente por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) que se asentaron en regiones de tierras bajas. Su reclamo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Este miércoles, la Policía inició un operativo para liberar un pozo petrolero en la localidad de Santa Rosa del Sara, que había sido tomado por un grupo de personas que exigen la dimisión del primer mandatario.
PANDO
Al norte del país, en el departamento de Pando, recientemente se instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera que conecta las localidades de Cobija y Porvenir. La medida de presión la impulsan campesinos que denuncian supuesto incumplimiento de los acuerdos de titulación de tierras.
Los sectores movilizados habían protagonizado una masiva marcha en abril para reclamar la atención de sus demandas y en rechazo a una ley que autorizaba la recategorización de tierras sobre la cual se articularon las protestas de otros sectores. Si bien el Gobierno atendió la solicitud inicial y abrogó la ley de reforma agraria, la supuesta demora en el cumplimiento de acuerdos reactivó el conflicto al inicio de esta semana.
