Un juzgado de Bolivia anuló este viernes las órdenes de captura contra los dos principales líderes de las protestas y bloqueos de carreteras con las que sindicatos obreros y campesinos exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, algo que demandaban estos sectores para considerar un posible diálogo con las autoridades.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz, en una audiencia virtual realizada ayer.
El tribunal dispuso “dejar sin efecto legal y suspender los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” por la Fiscalía en contra del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, y del secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, Vicente Salazar.
Estos sectores condicionaron su presencia en un diálogo impulsado por el Legislativo, la Iglesia Católica y otros mediadores a la anulación de las órdenes de captura contra Argollo y Salazar, según informó el jueves el vicepresidente boliviano y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno de Paz.
La comisión de diálogo se reunió en dos ocasiones, el miércoles y jueves, con los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García, pero no asistió ningún representante de la COB ni de los sindicatos campesinos.
Argollo, quien se declaró “en la clandestinidad”, y otros dirigentes sindicales fueron acusados de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.
La COB prevé reunirse este sábado para tomar alguna decisión, mientras que Salazar dijo al canal privado Unitel que “las bases” campesinas analizan si acudirán o no al diálogo, aunque sostuvo que están “en emergencia” e insistió en pedir “garantías” para que no se tomen medidas contra los sectores movilizados.
Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.
La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados hace 24 días, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
Los gobiernos de Perú, Chile y Paraguay enviaron a Bolivia asistencia humanitaria, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde la región oriental de Santa Cruz hasta La Paz.
Estados Unidos anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre.
