La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) dejará de existir oficialmente tras la decisión adoptada por las autoridades de seguridad, luego de concluir una exhaustiva intervención que evidenció múltiples irregularidades en el funcionamiento de esta unidad especializada de la Policía Nacional.
La determinación fue anunciada por el viceministro de Seguridad, Masil Marín Aguilar Amaya, quien presentó los resultados de la comisión interventora encargada de evaluar los procedimientos técnicos, administrativos y operativos desarrollados por la institución durante los últimos años.
Según el informe, la comisión detectó una serie de anomalías que van desde incumplimientos de protocolos institucionales hasta posibles conductas constitutivas de delitos cometidas por funcionarios y agentes vinculados a la unidad policial.
Las investigaciones revelaron que varias operaciones ejecutadas por Dipampco carecieron de los controles internos requeridos, mientras que en otros casos se identificaron deficiencias en la planificación, supervisión y documentación de procedimientos considerados de alto riesgo.
Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con una misión policial en la que murieron cinco agentes de seguridad. De acuerdo con el informe presentado por la comisión interventora, se encontraron indicios de negligencia y posibles acciones de encubrimiento por parte de responsables de la institución.
Asimismo, se estableció que no se realizaron adecuadamente las evaluaciones de riesgo previas a la ejecución de la operación, ni se implementaron medidas de seguridad acordes con el nivel de amenaza que enfrentaban los agentes desplegados.
Las autoridades también señalaron que los mandos superiores no fueron informados de manera oportuna sobre los acontecimientos ocurridos durante la misión, situación que habría dificultado la toma de decisiones inmediatas y la activación de mecanismos de respuesta institucional.
Otro de los aspectos que generó preocupación fue el análisis de la denominada operación de Corinto, en el departamento de Cortés.
La comisión determinó que el equipo operativo involucrado no contaba con una orden judicial para efectuar un allanamiento y tampoco cumplió con las condiciones legales que permiten realizar este tipo de acciones sin autorización judicial.
De igual manera, se constató que los agentes no completaron la documentación requerida para respaldar la intervención ni coordinaron previamente con otras autoridades policiales de la zona, tal como establecen los protocolos vigentes.
Los investigadores también tuvieron acceso a informes reservados que sugieren que la planificación oficial de la misión no coincidía con los movimientos ejecutados por los agentes.
Según esos documentos, la operación inicialmente no contemplaba acciones en el departamento de Colón, sino que el equipo habría tenido como destino desde un principio la zona de Corinto, en Cortés.
La comisión interventora identificó además una serie de prácticas administrativas consideradas inadecuadas, incluyendo deficiencias en el manejo de información sensible, irregularidades en la administración de informantes y fallas en la conducción de operaciones de inteligencia y vigilancia.
A estos hallazgos se suman numerosas denuncias acumuladas durante los años en que Dipampco operó bajo el marco del estado de excepción implementado durante gran parte del gobierno anterior.
De acuerdo con las autoridades, varias de estas denuncias hacen referencia a actuaciones presuntamente realizadas al margen de la ley.
Frente a este panorama, la Secretaría de Seguridad informó que presentó los resultados de la intervención al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, organismo que resolvió aprobar el cierre definitivo de la unidad especializada.
Las autoridades anunciaron además la creación de un nuevo cuerpo policial especializado en investigación criminal, cuyo objetivo será fortalecer las capacidades del Estado para combatir estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado.
El proceso de transición incluirá la transferencia gradual de recursos humanos, equipo logístico, expedientes y capacidades operativas hacia las dependencias que asumirán estas funciones.
Paralelamente, el informe elaborado por la comisión será remitido al Ministerio Público y a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), instituciones que tendrán la responsabilidad de profundizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias.
Como parte de las medidas correctivas, todos los miembros que formaban parte de Dipampco deberán someterse a evaluaciones integrales, pruebas de confianza y procesos de certificación antes de ser considerados para su incorporación a otras unidades policiales.
Con el cierre de Dipampco concluye una etapa dentro de la estrategia de seguridad del país, mientras el Gobierno impulsa una nueva estructura investigativa que deberá enfrentar el desafío de combatir el crimen organizado bajo estándares más estrictos de legalidad y transparencia.
