Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario financiero imputado como jefe de una asociación ilícita que habría operado a través del conglomerado Sur Finanzas, se presentó este martes 26 de mayo ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo de Luis Armella, tal como informó este medio, y optó por el silencio selectivo frente a los cargos más pesados de la investigación. El hombre ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, No respondió sobre el perjuicio causado a entidades deportivas del fútbol argentino, las tasas usurarias de los contratos financieros, el uso de familiares y allegados como presuntos testaferros ni el circuito de lavado de activos por más de U$S 108 millones que la acusación le atribuye.
La audiencia se realizó a exactamente 16 días del partido inaugural del Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y en el cual Argentina, con Tapia como el dirigente de mayor peso, defenderá el campeonato mundial obtenido en 2022.
La lectura de cargos llevó varias horas. La fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham le imputó, entre otros delitos, haber obtenido ganancias ilícitas a partir del perjuicio patrimonial causado a clubes de fútbol como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley, entre otros. Esas ganancias, según la acusación, fueron luego inyectadas al mercado formal para dotarlas de apariencia de licitud mediante la adquisición de bienes registrables y la constitución de nuevas sociedades.
Por qué el silencio no implica culpa
Antes de ingresar al contenido de los descargos, y los largos silencios del financista, vale precisar el marco legal del acto. La declaración indagatoria está regulada por los artículos 294 a 300 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y es el mecanismo por el cual un juez federal convoca a una persona sobre quien recaen sospechas fundadas para que tome conocimiento de los cargos y, si lo desea, brinde su versión. No es un interrogatorio ni una obligación de confesar: su naturaleza jurídica es dual, ya que funciona al mismo tiempo como acto de defensa y como acto de investigación.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo —la llamada garantía de no autoincriminación—, y el artículo 298 del CPPN obliga al juez a advertirle al imputado, antes de que hable, que puede negarse a declarar sin que ese silencio sea interpretado como indicio de culpabilidad.
Esa advertencia es requisito de validez del acto. El imputado tiene tres opciones: declarar libremente, negarse en forma total o declarar de manera parcial —el llamado silencio selectivo—, sin que ninguna de esas posturas genere consecuencias procesales adversas. El CPPN prohíbe además cualquier forma de coacción, amenaza o pregunta capciosa para obtener una declaración. Vallejo eligió la tercera vía: habló sobre algunos puntos y al cierre indicó expresamente “no voy a contestar preguntas”.
Desde el punto de vista de la defensa penal, esa estrategia es frecuente en causas complejas: permite fijar una posición pública sin comprometer al imputado con una versión detallada que pueda ser confrontada con la prueba reunida. Los abogados a cargo de la defensa de Vallejos, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reservaron los argumentos de fondo para un escrito ampliatorio o una declaración posterior.
El perjuicio a los clubes y los contratos que no explicó
Los funcionarios judiciales acusaron a Vallejo de ser el jefe de una asociación ilícita que tejió un esquema preciso de extracción de fondos de las entidades deportivas: descuento de cheques bajo condiciones abusivas, mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por Sur Finanzas y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real.
El caso más documentado en el expediente es el de Banfield. El 17 de julio de 2023, Vallejo suscribió en carácter de apoderado de Sur Finanzas Group S.A. un primer contrato de mutuo con ese club por U$S 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual en dólares. Tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un segundo instrumento por otros U$S 500.000, con la tasa elevada al 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además un interés punitorio del 5% mensual. Los directivos del club —Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— declararon en los documentos haber recibido “el dinero en efectivo y en la citada moneda (dólares estadounidenses)” antes de la firma, según consta en el expediente.
Vallejo no respondió sobre ninguno de esos términos. Tampoco se pronunció sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, ni sobre los contratos de sponsorización tachados de simulados.
Sobre Banfield, su descargo se redujo a tres afirmaciones: que desconocía los manejos internos del club, que era “un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”. Dijo ser socio e hincha del club “por haber nacido en Banfield”.
La red de allegados señalada como testaferros
Uno de los bloques más extensos de la imputación que Vallejo dejó sin respuesta fue el que describe el uso de familiares, su pareja y personas de confianza como presuntos testaferros para ocultar su patrimonio real y canalizar fondos ilícitos.
Graciela Beatriz Vallejo, su madre, aparece vinculada a trece empresas del holding —entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.— y habría administrado fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023. A su nombre figuran además un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line valuado en $7.275.000, un inmueble en el Centro Comercial Plaza Canning de Ezeiza adquirido por U$S 120.000 y un BMW X2 valuado en $49.374.400, entre otros bienes. El 25 de febrero de 2025 sumó a ese patrimonio un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo y madre de su hijo de un año —quien además figura como titular del contrato de alquiler del domicilio familiar en el barrio Adrogué Chico—, aparece como administradora titular de Neocam S.A.S. La acusación sostiene que su rol fue ejecutar actos de administración para que Vallejo, como administrador real, permaneciera oculto. A su nombre se registra la adquisición de una Jeep Renegade valuada en $8.245.900.
María Fernanda Sena Argis ocupó la presidencia de Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A., entre otras firmas, en lo que la fiscalía califica como “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. A través de esas posiciones habría canalizado fondos para la compra de al menos quince vehículos —entre ellos un Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para la adquisición del inmueble de la Casa Central de Sur Finanzas en calle Seguí 764/768/780 de Adrogué, por $45.000.000. También transfirió desde la cuenta de Roma Inversiones $92.095.000 a una cuenta de la empresa RDA entre octubre y diciembre de 2025.
Su hermana, Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., habría servido para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular del Ferrari California Descapotable —dominio AG-895-HZ, valuado en $152.100.000— que la acusación señala como de uso personal del imputado, hasta que el Fisco descubrió la maniobra. Luego de los allanamientos, ese vehículo fue transferido a un tercero. Cluster Palace Beach adquirió además tres inmuebles en Adrogué por U$S 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Silvia Torrado, madre de la ex pareja de Vallejo, aparece como socia gerente de Centro de Inversiones Concordia y presidenta de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A. La fiscalía le atribuye la función de ocultar al administrador real en las empresas que dirigía y facilitar la integración de activos ilícitos bajo el amparo de la formalidad societaria. Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza de Vallejo y vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., habría certificado sucesivos orígenes de fondos falsos: $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la firma; $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera, presentados como “anticipo de honorarios”; y fondos millonarios del propio Vallejo mediante préstamos cruzados entre empresas investigadas. Vallejo no respondió sobre ninguno de estos vínculos ni sobre los montos consignados.
La retención de aportes, el lavado y lo que sí respondió
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que Vallejo, en su carácter de presidente de Sur Finanzas Group S.A. desde el 21 de noviembre de 2024, retuvo sin depositar dentro del plazo legal los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales de sus empleados. Los períodos y montos consignados en el expediente son: noviembre de 2024 por $9.509.819,62; diciembre de 2024 por $13.037.422,26; julio de 2025 por $4.435.386,94; y noviembre de 2025 por $4.351.213,87.
Ante esa imputación, Vallejo argumentó que su función era la de presidente y accionista y que desconocía la gestión administrativa, contable y tributaria, delegada en asesoría interna y externa. Luego trasladó la responsabilidad a las consecuencias de los propios allanamientos: sostuvo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la empresa quedó sin actividad comercial, con cuentas bloqueadas, inhibidas y embargadas, y que más de cien empleados quedaron sin cobrar sus salarios. “La empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”, afirmó, y señaló que el juzgado recién lo notificó de esa situación en febrero de 2026.
Ante la imputación por lavado de activos, Vallejo tampoco contestó la parte de la acusación que vincula las ganancias obtenidas a través de los clubes con la adquisición de bienes registrables y la constitución de empresas como mecanismo de reciclaje, ni se refirió al capital inicial de U$S 108.138.762 que la fiscalía señala como el origen espurio del holding, generado a través de Centro de Inversiones Concordia mediante intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen cambiario.
Su defensa en este punto fue exclusivamente general: “Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, declaró.
Los descargos concretos de Vallejo se limitaron a su patrimonio personal. Afirmó que al 1° de diciembre de 2025 tenía “mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, y que su salario de $70 millones mensuales como CEO de Sur Finanzas, proyectado a tres años, explica la suma declarada ante ARCA. Los U$S 111.500 en divisas, dijo, fueron adquiridos de forma bancarizada a través del Banco Hipotecario tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025. Sobre la asociación ilícita se declaró inocente y cuestionó el tratamiento mediático: “Los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”, apuntó.
Al cierre de la audiencia se negó a responder preguntas. su defensor Parera aclaró que el pasaporte de su asistido se encuentra en la sede de Seguí 776, clausurada cautelarmente en el expediente CFP 7811/2021/2, razón por la cual Vallejo no puede presentarlo físicamente ante el juzgado. La defensa anticipó que ampliará sus argumentos mediante un escrito posterior.
La pelota, en términos procesales, ahora quedó del lado de los otros imputados. Vallejo dejó en claro que espera que sean ellos quienes aclaren lo que la acusación le adjudica en relación al Club Atlético Banfield en sus indagatorias: Eduardo Juan Spinosa, presidente del club al momento de los hechos; Federico José Spinosa, secretario; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero, los tres firmantes de los contratos de mutuo por U$S 1.000.000 en total que la fiscalía califica de ruinosos para la institución.
