El Gobierno emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la “crítica situación financiera” del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.
En los fundamentos de la norma, se afirmó que “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $ 580.270.262.261,46″.
Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.
La emisión de deuda se hará por el monto mencionado mediante la ampliación de las “Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos”, LECAP, dividida en 3 partes con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Las emisiones se realizarán por $173.000, $164.000 y $187.000 millones, respectivamente. Cada una de las letras del tesoro capitalizables “serán entregadas a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026″.
La resolución oficial autoriza además a la Oficina Nacional de Crédito Público a “suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas”.
“Reordenamiento”
El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo días atrás en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.
“El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, dijo.
Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.
El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.
Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.
La situación del PAMI y sus incumplimientos generó acciones en los tribunales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.
La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.
El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
