El Ministerio de Educación de Córdoba comunicó la decisión que tomó sobre el futuro escolar del alumno de 14 años que el pasado martes ingresó con un revólver calibre 22 cargado a una escuela secundaria del barrio Centroamérica. Finalmente, se decidió que no continúe en esa institución y ahora se abre una serie de interrogantes sobre cómo el sistema educativo y el judicial procesan un hecho de esta naturaleza cuando el protagonista es un menor de edad.
La inspectora provincial Carolina Díaz fue quien ratificó la resolución en declaraciones a Noticiero Doce. “Desde el Ministerio garantizamos la escolaridad del estudiante, no en esta institución; estamos articulando para que sea en otra”, afirmó la funcionaria. La medida, según explicó, se tomó “en el marco de lo sucedido” y también como parte de una “protección de derechos”, dos criterios que el Ministerio ponderó de forma simultánea al momento de definir el paso a seguir con el joven.
El hecho que derivó en esta resolución ocurrió el martes al mediodía en el establecimiento ubicado sobre Ferdinand de Lesseps al 90, en la zona noreste de Córdoba. Fueron las propias autoridades del colegio quienes alertaron a la Policía tras recibir información sobre la posible presencia de un arma en el predio. El protocolo se activó de inmediato: los efectivos acudieron al lugar, aprehendieron al menor y secuestraron el revólver junto con un celular. El joven quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil y se notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Mientras la investigación judicial avanza para determinar qué ocurrió exactamente dentro del establecimiento —si el alumno llegó a exhibir el arma o no—, el Ministerio de Educación ya tomó sus propias decisiones. Díaz confirmó que este jueves la escuela funcionó con normalidad y que el día anterior se realizaron reuniones con los padres para explicar cómo continuará la dinámica institucional. “Dentro de las aulas se aborda el tema, desde la reflexión y el diálogo, con gente del gremio de seguridad escolar, de convivencia escolar y del Ministerio para acompañar a los docentes en esta situación”, detalló la inspectora.
Uno de los resultados concretos de la gestión posterior al episodio fue la disposición de un guardia de seguridad en la puerta del establecimiento, una medida que la propia Díaz confirmó como parte del acompañamiento institucional. La funcionaria también reconoció que el proceso que sigue al hecho no es sencillo: “Nos queda el después que es bastante difícil”, admitió.
Sobre la situación del menor, Díaz precisó que el Ministerio trabaja junto a la familia. “Nos hemos reunido con ellos y se han hecho las actas correspondientes que equivalen a sanciones”, sostuvo. La articulación con los familiares del joven forma parte del abordaje que la cartera educativa lleva adelante en paralelo a las actuaciones judiciales, en las que interviene el fiscal de turno.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había puesto el hecho en perspectiva el martes en declaraciones a TN: “A nosotros nos preocupa mucho esto. Es la primera vez que tenemos un caso de un menor con un arma. La pregunta que nos tiene que interpelar como sociedad es por qué un chico de 14 años va a un colegio con un revólver, con balas, estaba cargado”.
El funcionario también retomó una postura que, según dijo, su cartera sostiene desde hace tiempo: “Tenemos que avanzar para que no haya un arma en un hogar que termine en la cintura de un chico y termine en un colegio”, en referencia al desarme voluntario como política pública.
Tanto desde la cartera de Seguridad como desde la de Educación, las autoridades subrayaron la respuesta del establecimiento ante el episodio. Quinteros destacó “las rápidas actuaciones de las autoridades de la escuela que llamaron a la Policía”, mientras que Díaz remarcó que la activación del protocolo permitió resguardar al resto de la comunidad educativa. El caso permanece bajo investigación.
