Productores rurales del municipio de Baradero avanzan en una demanda judicial contra la administración local por haber utilizado más de $1.500 millones recaudados por la tasa vial para fines ajenos al mantenimiento de la red de caminos rurales. También reclaman que la justicia obligue a destinar esos fondos específicamente al sistema vial, en un momento en el que la necesidad de infraestructura se volvió uno de los problemas más críticos del interior productivo.
La denuncia, presentada por la Sociedad Rural de Baradero, expone la controversia en torno a la tasa vial y reflota la tensión entre los municipios y los productores rurales respecto a la legitimidad del cobro y el destino de los recursos. El vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Roller, dijo al medio especializado Bichos de Campo que la red vial funciona como un “servicio público esencial”, sin el cual la movilidad, el acceso a la educación y la seguridad de los habitantes rurales se encuentra comprometida.
También señalaron que, en siete años, menos de 200 kilómetros de los 600 que conforman la red vial rural del distrito recibieron tareas de mantenimiento o reparación
En la presentación judicial, Roller detalló que fue a partir del acceso a información oficial, logrado tras un amparo iniciado en junio de 2025, que pudieron constatar el desvío de fondos. De acuerdo con el análisis de la entidad, en los últimos tres años y medio solo se utilizó hasta 40% de lo recaudado en red vial para el destino original.
Roller aseguró que, en experiencias anteriores, el 25% de la recaudación del tributo había permitido no solo mantener sino mejorar la infraestructura vial mediante cambio de alcantarillas y obras de alteo. En este sentido, señaló que el problema excede lo productivo y afecta la vida cotidiana: “Los chicos no pueden ir al colegio, si tenés un problema de salud no podés salir del campo y si tenés un problema serio de seguridad tampoco puede llegar la policía”.
Un fallo judicial emitido en abril por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás había ordenado al municipio de Baradero, que actualmente lidera Esteban Sanzio, a informar sobre el destino de los fondos vinculados a la tasa vial, cuya recaudación anual asciende a $1.000 millones, según lo establecido en el expediente. Además, tal como consta en el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio había negado información solicitada inicialmente por la Sociedad Rural, lo que obligó a los productores a recurrir a la vía judicial.
El reclamo se sitúa en el centro de una problemática estructural. Baradero cuenta con una red vial rural de 600 kilómetros, de los cuales “en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”, aseguró Pablo Roller en declaraciones a Bichos de Campo. El dirigente resaltó que, además de la tasa vial, el municipio recibe aportes de la provincia de Buenos Aires por el impuesto inmobiliario rural, lo que incrementa el malestar ante la evidencia de la falta de inversión en infraestructura.
El antecedente clave
El caso de Baradero no es aislado. Diversos municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan reclamos similares impulsados por productores agropecuarios, quienes exigen transparencia en el uso y asignación de los recursos provenientes de la tasa vial a través de mecanismos judiciales de acceso a la información pública. En localidades como Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson también se presentaron pedidos de información y la justicia concedió fallos a favor de los productores para garantizar su derecho a conocer el destino de los fondos recaudados.
De hecho, recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen sentó un precedente significativo: ordenó que el municipio de Daireaux devuelva a los productores rurales las sumas percibidas por la tasa vial al comprobarse deficiencias graves en el mantenimiento de caminos y la reasignación de recursos hacia gastos ajenos al sistema vial. La sentencia, derivada de una demanda de cuatro productores y empresas del partido bonaerense, declaró nula la aplicación de la tasa para algunos contribuyentes y ordenó la devolución de lo abonado, mientras que en otros casos dispuso descuentos proporcionales.
El informe de ingeniería precisó que solo el 4% de la red vial de Daireaux se encontraba en estado “muy bueno”, a pesar de que el municipio disponía de recursos para que el 70% cumpliera condiciones óptimas. Además, se determinó que, en 2022, el 22,95% de la obligación fiscal por tasa vial fue desviado a otros fines, proporción que para 2023 se incrementó hasta 27,88%. La contabilidad confirmó que gran parte de la recaudación del tributo se destinó a rentas generales y no a obras de mantenimiento, lo que vulnera el principio de afectación específica.
