La gestión de Consuelo Porras como Fiscal General de Guatemala ha sido señalada por el Observatorio de Independencia Judicial como uno de los periodos de mayor retroceso para la justicia del país. Según un comunicado difundido este viernes, el Ministerio Público (MP) fue progresivamente desmantelado “para proteger a grupos de poder y obstaculizar investigaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con el Observatorio, desde 2018 la administración de Porras impulsó la remoción y criminalización de fiscales reconocidos como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y Siomara Sosa, quienes fueron forzados al exilio o destituidos.
La nota detalla que la Fiscalía contra la Corrupción también experimentó cambios frecuentes de personal y pérdida de independencia, lo que llevó al estancamiento de investigaciones clave, como las impulsadas por el fiscal Stuardo Campo, quien fue capturado tras promover indagatorias sobre el gobierno de Alejandro Giammattei. La Fiscalía de Derechos Humanos sufrió una reducción significativa de personal y cambios en la jefatura, con el nombramiento de Noé Rivera, lo cual debilitó la capacidad investigativa y contradijo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Observatorio de Independencia Judicial señala que durante la gestión de Porras se destituyeron a más de 500 fiscales y trabajadores administrativos sin respetar procedimientos legales. Treinta fiscales de sección, veinticuatro de distrito, un fiscal especial y un fiscal regional se encuentran entre los afectados. Se utilizó la figura de “personal de confianza” para justificar despidos, como en el caso del fiscal Carlos de León, quien tenía medidas provisionales de protección de la CIDH.
Retroceso en la lucha contra la corrupción, según organización
Los casos emblemáticos de corrupción fueron desmantelados, indica el Observatorio, mediante la anulación de convenios de colaboración y sobreseimientos. Figuras como Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón recuperaron bienes incautados y obtuvieron libertad. El comunicado enfatiza que la fiscal general se negó a investigar los casos de corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, mientras más de 400 denuncias presentadas por la Comisión Nacional contra la Corrupción permanecen desestimadas o paralizadas.
En materia de eficiencia, el informe “Eficacia o Impunidad”, citado por Observatorio de Independencia Judicial, revela que la efectividad del MP cayó de 14.03% en 2018-2019 a 6.44% en 2024-2025, lo que significa que 93.56% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz. En delitos de alto impacto social, como homicidios, femicidios, violencia contra la mujer, corrupción y delincuencia organizada, la tasa de impunidad alcanzó 93.69%. El MP desestimó el 74.44% de los casos en 2024-2025 y archivó el 27.69%, cifras que la fiscal general presentaba como supuestas soluciones, de acuerdo con el comunicado.
La organización denuncia también una mala gestión de recursos que dejó fiscalías municipales sin personal suficiente ni capacidad operativa, a pesar de la expansión territorial. En algunos municipios, las fiscalías recibieron solo quince casos al año y enfrentaron limitaciones logísticas graves, mientras se destinaban elevados recursos a alquileres de inmuebles.
El uso del sistema penal para perseguir a exoperadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y opositores políticos ha sido condenado por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Más de 60 personas han sido procesadas, 100 forzadas al exilio y varias continúan en prisión. Se emitieron órdenes de captura contra funcionarios con asilo político y personal internacional de la CICIG, como Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
La gestión de Porras ha sido sancionada internacionalmente por más de 40 países y enfrenta un amplio rechazo social, aseguró la organización.
Un nuevo comienzo
El Observatorio de Independencia Judicial considera que la elección del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, abre una oportunidad para restablecer la independencia del MP y recuperar la confianza ciudadana, con el reto de reestructurar fiscalías clave y detener la criminalización de operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
