Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo en el sector minero en Salta involucra hasta el momento a casi 60 víctimas. Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.
Hasta el momento, la detenida fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.
La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales como “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.
Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.
Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.
Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.
Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.
De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.
Más de 400 personas denunciaron fraude por falsas ofertas laborales para trabajar en un festival de Córdoba
Una banda integrada por al menos cuatro personas fue denunciada por más de 400 habitantes de La Rioja tras ser señalada como responsable de una megaestafa vinculada a la falsa oferta de empleos en el festival Cosquín Rock.
Los afectados relataron que los acusados les exigieron anticipos monetarios a cambio de reservarles puestos de trabajo en el área de seguridad para el evento, cuya realización estaba prevista en Córdoba. Sin embargo, días antes del viaje, el plan fue cancelado abruptamente, lo que llevó a los denunciantes a descubrir el engaño.
El caso comenzó a gestarse desde octubre de 2025, momento en el cual la banda habría iniciado la captación de víctimas mediante reuniones virtuales. Según se detalló en los testimonios recabados, los imputados prometían sueldos de 2 millones de pesos, traslado y hospedaje incluidos, y alegaban contar con experiencia previa en la seguridad de eventos masivos, como la Copa Argentina.
De acuerdo con Rioja Política, la maniobra incluía la realización de encuentros virtuales para ofrecer una imagen de legalidad y profesionalismo. Asimismo, indicaron que los acusados, identificados por los apellidos Díaz, Coronel, Gómez y Martínez, solicitaban a las víctimas el depósito de sumas que oscilaban entre $90.000 y $350.000.
El argumento que utilizaban los sospechosos era la necesidad de costear uniformes de seguridad o el ingreso a una presunta mutual. No obstante, la promesa de trabajo fue desmontada cuando, a escasos días del viaje, los supuestos empleadores comunicaron la cancelación de la oferta, aduciendo una decisión unilateral de los organizadores del festival.
Asimismo, muchos damnificados lograron contactar a la empresa productora de Cosquín Rock, que desmintió cualquier vínculo con el grupo denunciado. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 1 de La Rioja y fue fragmentada en tres expedientes distintos. El abogado Fernando Brizuela asumió la representación de unos 30 denunciantes, aunque el número total de afectados podría multiplicarse hasta 400.
En respuesta al fraude, los afectados realizaron una protesta frente al domicilio de Díaz, uno de los imputados, reclamando su detención. Poco después, el letrado denunció que durante la manifestación se registraron agresiones físicas, luego de que una mujer saliera del inmueble y golpeara en el rostro a una de las manifestantes.
El avance judicial incluyó el bloqueo de cuentas de Mercado Pago y el secuestro de un automóvil perteneciente a los acusados. No obstante, Brizuela advirtió que la recuperación del dinero no está asegurada en esta etapa, ya que la prioridad de la instrucción radica en determinar la figura penal aplicable. Además, informó que solicitará la acumulación de las denuncias para unificar la causa y endurecer la situación procesal de los sospechosos que permanecen en libertad.
En este sentido, adelantó que pedirá cambiar la calificación legal de “estafa” a “asociación ilícita”, argumentando la existencia de una estructura organizada y roles diferenciados entre los imputados. Por esto, dijo que la maniobra no fue un hecho aislado, sino el resultado de una red delictiva coordinada.
