El diputado de la bancada Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el mecanismo utilizado por la Contraloría General de la República para enviar de licencia sin sueldo a funcionarios bajo investigación, una medida que ha provocado fuertes tensiones entre el contralor Anel “Bolo” Flores, la Asamblea Nacional y sectores jurídicos que cuestionan el alcance legal de esas acciones.
Cedeño confirmó que la demanda fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y está dirigida específicamente contra el punto del Decreto 90-2019-DNMySC que permite suspender salarios de funcionarios mientras se desarrollan investigaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas y el uso de recursos estatales.
“Estamos diciendo a la Sala Tercera que eso tiene vicio de ilegalidad”, afirmó el diputado. Según explicó, la acción legal sostiene que el decreto viola normas relacionadas con la carrera administrativa, la carrera legislativa y otros regímenes especiales del sector público.
Cedeño argumenta además que una licencia sin sueldo debe ser solicitada voluntariamente por el funcionario beneficiado y no impuesta unilateralmente por la Contraloría.
El parlamentario advirtió que permitir ese tipo de suspensión preventiva podría abrir la puerta a medidas similares contra jueces, magistrados, fiscales y funcionarios de otras instituciones del Estado. “Hoy puede ser cualquier funcionario de la Asamblea, mañana puede ser jueces, magistrados, fiscales y demás”, sostuvo.
La controversia se originó luego de que la Contraloría aplicara licencias sin sueldo a funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional en medio de auditorías y verificaciones relacionadas con presuntas irregularidades en planillas y posibles casos de “botellas”.
La medida provocó denuncias de diputados independientes y de funcionarios afectados, quienes acusaron al contralor de actuar sin debido proceso y extralimitando sus funciones.
El Decreto 90-2019-DNMySC, emitido el 23 de diciembre de 2019 por la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría, establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa preventiva y no una sanción disciplinaria.
Según la normativa, el mecanismo busca permitir auditorías y verificaciones sobre asistencia, cumplimiento laboral y uso correcto de fondos públicos sin interferencias durante el proceso investigativo.
La normativa también establece que durante la vigencia de la licencia el funcionario deja de recibir salario mientras se desarrollan las verificaciones correspondientes.
Si la investigación concluye que el servidor público sí cumplía con sus funciones, se realiza el movimiento de retorno de licencia y se reactivan los pagos. En caso contrario, el expediente puede ser remitido a instancias como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Hace unos días la Contraloría había señalando que la medida no constituye un castigo ni una destitución, sino una herramienta legal contemplada dentro de los procedimientos de fiscalización de acciones de personal.
La entidad sostuvo además que la licencia por investigación no es un mecanismo nuevo y que durante años anteriores también fue aplicada en distintos despachos legislativos sin distinción política.
Según la aclaración oficial emitida por la Contraloría, solo siete funcionarios había registrado suspensión de pagos como parte de procesos de verificación iniciados desde marzo. La institución aseguró además que el resto de los trabajadores investigados recibió sus salarios normalmente durante abril y defendió que las actuaciones se realizan “con apego a la ley y en defensa del buen uso de los recursos públicos”.
El conflicto escaló rápidamente y derivó en nuevas acciones legales contra el contralor Anel Flores. Diputados de la coalición Vamos, funcionarios afectados y abogados particulares presentaron denuncias ante el Ministerio Público y demandas ante la Corte Suprema de Justicia alegando posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y violaciones al debido proceso por la retención de salarios en la Asamblea Nacional.
A esto se suma otra investigación abierta contra Flores relacionada con una presunta irrupción en la sede de la Fiscalía Anticorrupción ocurrida en abril de 2026, durante diligencias vinculadas a una investigación patrimonial contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
El Ministerio Público inició pesquisas sobre ese incidente, mientras la defensa del contralor sostiene que únicamente acudieron para proteger a auditoras de la institución que se encontraban realizando diligencias en el lugar.
Las acciones judiciales contra Flores se desarrollan en medio de un ambiente de alta tensión política entre la Contraloría y sectores independientes de la Asamblea Nacional, especialmente por las auditorías sobre planillas legislativas y las investigaciones relacionadas con presuntas “botellas”.
Mientras tanto, la Corte Suprema deberá decidir ahora si el mecanismo de licencia sin sueldo utilizado por la Contraloría se ajusta o no a la legislación panameña vigente.
