Un operativo conjunto ejecutado la mañana de este jueves concluyó con la captura de ocho presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico que operaba en las costas del Pacífico de Guatemala, zona históricamente clave para el acopio y traslado de drogas hacia la frontera con México. La intervención, coordinada por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, la Policía Nacional Civil (PNC) y con respaldo del Ejército, se concentró en inmuebles de San José e Iztapa, municipios del departamento de Escuintla, según informó el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.
Dentro del llamado Operativo Narco Red Del Mar, las autoridades realizaron 13 diligencias de allanamiento, inspección y registro en propiedades de ambas localidades, lugares donde se almacenaba la droga antes de su traslado a otros destinos. Esta acción forma parte de la estrategia del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad para desarticular organizaciones criminales que aprovechan la actividad portuaria y la localización del litoral pacífico para consolidar operaciones ilícitas.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a Walter Amílcar R., Miguel Francisco M. y Jhony Estuardo A., junto con otros cinco miembros de la red. Los arrestados enfrentan cargos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociaciones delictivas y facilitación de medios para la comisión de estos delitos, según detalló la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Además, se reportó la detención de una persona por el delito de violencia contra la mujer.
La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la PNC ofrecieron apoyo operativo y logístico durante el procedimiento. Los allanamientos permitieron incautar evidencia relevante e identificar los inmuebles que funcionaban como puntos de apoyo logístico para la organización, informó la Policía Nacional Civil.
Costas de Escuintla, punto operativo del narcotráfico regional
Las autoridades señalaron que desde hace años las costas de Escuintla se convirtieron en epicentro del crimen organizado, actuando como bodegas temporales para droga que posteriormente es enviada hacia el norte, especialmente a México.
El despliegue simultáneo de agentes fiscales, policías y personal militar durante el operativo generó un fuerte impacto entre los habitantes de San José e Iztapa. De acuerdo con los vecinos consultados por NarcoNet del MAS, desde primeras horas de la jornada se observó presencia de patrullas y vehículos oficiales en los alrededores de los puertos y las zonas costeras.
La Fiscalía y la PNC reiteraron que estas acciones están dirigidas a debilitar la capacidad operativa de estructuras criminales que aprovechan recursos logísticos y el contexto geográfico del litoral pacífico. Con las detenciones y la evidencia recabada este jueves, autoridades manifestaron a NarcoNet del MAS que esperan avanzar en la desarticulación de una de las redes con mayor presencia en las rutas marítimas del país.
Hasta el cierre de esta edición, la cifra oficial de aprehendidos es de ocho personas, todas ya puestas a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Escuintla es uno de los seis departamentos bajo el estado de prevención vigente por 15 días una medida que pretende reforzar la seguridad ante el riesgo de ataques dirigidos a autoridades civiles, atribuidos a maras o pandillas. El decreto, que entra en vigor este miércoles tras su publicación oficial, otorga facultades excepcionales a las fuerzas de seguridad, incluyendo restricciones a reuniones y manifestaciones, así como el control de la circulación vehicular, con el propósito de preservar el orden público y la integridad de la población.
La medida se extiende sobre los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, según detalla el Diario de Centro América en el decreto gubernativo 7-2026. La selección responde a que en estas jurisdicciones operan centros de detención relevantes o presentan características fronterizas que incrementan su vulnerabilidad a la delincuencia organizada. Según el Ejecutivo, este contexto exige un “marco jurídico extraordinario” que permita una actuación inmediata de las fuerzas de seguridad
