Para reformar el sistema previsional, el gobierno de Yamandú Orsi convocó en Uruguay a un Diálogo Social, para que diferentes actores sociales aportaran ideas. De ese ámbito surgieron dos propuestas que han generado cuestionamientos en el sector empresarial y la oposición.
Las propuestas -que eventualmente se convertirán en proyectos de ley- incluyen la habilitación de retirarse a los 60 años (la edad mínima de jubilación actualmente es de 65) y un cambio para los fondos privados de pensiones.
Esta semana la consultora CPA Ferrere publicó su análisis sobre estos cambios promovidos y alertó por “implicancias económicas y riesgos fiscales” que tendría la propuesta.
Este análisis cobra relevancia porque se trata de la consultora en la que trabajó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hasta antes de la campaña electora de 2024.
CPA Ferrere señala que habrá un aumento del gasto a partir de 2027, lo que agregará “presión sobre un escenario fiscal que tiene poco margen de maniobra”. Además, cuestiona que hasta el momento no se conocen las estimaciones del impacto del programa de “combate a la pobreza y protección a la infancia”.
“Esta decisión se adopta en un contexto de riesgo de incumplimiento de las metas fiscales de 2026 por el crecimiento del PIB menor al esperado”, señala CPA.
Además, para la consultora, la propuesta podría derivar en un aumento del “riesgo país” de Uruguay. Así lo señalan textualmente: “Riesgo de aumento del spread y deterioro de la calificación crediticia por reversión parcial de la reforma previsional”.
El aumento de gasto por los servicios de deuda sería de USD 270 millones, según lo cuantifica CPA.
“La decisión que adopte el gobierno sobre la causal de retiro anticipada, sus fundamentos y la comunicación de esta decisión serán claves para mitigar este riesgo”, advierte CPA.
En la reforma previsional del gobierno de Luis Lacalle Pou se decidió aumentarla hasta los 65 años. Estas propuestas mantienen ese esquema, pero crean una nueva causal de retiro anticipado para que el tercio de personas de menores ingresos pueda acceder cinco años antes.
Para lograrlo, se aplicarán tasas de reemplazo “efectivas crecientes con la postergación del retiro, como forma de incentivar la permanencia en el mercado laboral”, según dice el documento del Diálogo Social.
CPA también cuestiona los cambios en el diseño de las AFAP. En Uruguay, hay cuatro AFAP que gestionan en régimen de ahorro individual. Una de ellas –la que tiene más clientes– es República AFAP, y sus accionistas son estatales (el Banco República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social). Las otras, son privadas: Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP.
La propuesta del Diálogo Social implica que estos fondos privados recibirían el dinero de los trabajadores, decidirían en qué instrumentos financieros lo colocan, pero no se encargarían de contactar a los clientes para que elijan su AFAP (la parte comercial dejaría de tener sentido en estas empresas).La gestión de las cuentas pasaría a realizarlas un nuevo organismo estatal.
La consultora concluye que este cambio provocaría “incertidumbre”, con un “impacto potencial en el spread y la liquidez”.
“Las decisiones que adopte el gobierno respecto a este tema deberán contemplar, por un lado, los riesgos de percepción del mercado sobre la estabilidad institucional del pilar de capitalización a largo plazo, y las ganancias potenciales que una reforma del sistema podría arrojar en términos de eficiencia competitiva y rentabilidad desde la perspectiva del afiliado”, dice el análisis.
Por otro lado, CPA Ferrere considera una “señal positiva” la postergación en los cambios en los fondos de pensiones.
