La compleja realidad en el transporte que se vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcada por la reducción de la frecuencia de colectivos, preocupa al Gobierno Nacional que este jueves tendrá una nueva posibilidad para intentar desarticular el conflicto. Desde las 11, la Secretaría de Transporte, que estrenará autoridades, recibirá a representantes de las empresas con el objetivo de acercar posiciones ante la serie de reclamos presentados.
Asistirán en representación del Poder Ejecutivo, el flamante secretario Mariano Plencovich, quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann, que también estará presente, pero esta vez en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.
Por el sector empresarial lo harán Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fussaro (AAETA).
De acuerdo a lo que precisaron a Infobae, las empresas reclaman respuestas concretas para poder hacer frente a los costos operativos ante la suba del gasoil y amenazan con afectar la frecuencia de colectivos, que en la actualidad opera al 85% de lo habitual.
“El sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero de 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $2.100 y los $2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro”, desarrollaron a través de un comunicado desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).
En la administración libertaria admitieron que la reducción en la frecuencia del servicio, y el impacto en la sociedad, que afecta la vida diaria de millones de personas cada día, es un tema que inquieta, por lo que trabajan en alternativas para intentar dar con una solución que conforme a las partes. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en los últimos seis años, se redujo en un 12% la cantidad de unidades que circulan en la región, mientras que la tarifa mínima aumentó un 1.200%.
“Es un tema que preocupa y todo está en estudio. Trabajaremos en las deudas, que habíamos cancelado, pero también por las cuestiones del día a día y a futuro ver cómo podemos mejorar el sistema”, admitió a este medio una fuente de Gobierno involucrada en el tema.
Lo cierto es que el intercambio de este jueves surge de una serie de contactos, cuyo inicio data del 1° de abril, en los que no se logró alcanzar un acuerdo entre las partes.
La última reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y se dio en paralelo a las mesas técnicas de trabajo impulsadas para “establecer un canal permanente de diálogo”. En aquella oportunidad, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío complementario de fondos para saldar deudas pendientes, que aseguran ascienden a $130 mil millones, según exponen.
El sector empresarial aseguró a Infobae que a principios de mes, la deuda escalaba a los 150 mil millones, y aclaró que con el pago, el Estado logró reducirla a 50 mil millones a mitad de abril. Sin embargo, remarcan además que en la actualidad, por el vencimiento de nuevos subsidios, sobrepasan los más de $100 mil millones. “Y sigue sin resolverse cómo se va a compensar el aumento de gasoil de estas semanas”, cuestionaron ante este medio.
Es bajo estos reclamos que se sentarán este jueves, en la fecha límite estipulada, a intentar destrabar el conflicto con la plana de representantes del Ejecutivo. La reunión configura el primer desafío de Plencovich como secretario de Transporte tras su reciente ascenso, luego de que su antecesor Fernando Herrmann, en el cargo desde enero, asumiera al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.
El movimiento en el área tuvo lugar días después de la salida de Carlos Frugoni, desplazado de su cargo por haber admitido que decidió no declarar en su declaración jurada siete propiedades en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware.
