En el corazón del sistema financiero de El Salvador, episodios de fraude como Finsepro-Insepro, Crediclub, Credisa, ACOTEMIC-ACOMATIC y COSAVI han provocado una serie de defraudaciones bancarias y cooperativas que no solo vaciaron cuentas, sino que pusieron en jaque la confianza ciudadana en entidades financieras.
La magnitud de estas estafas ha obligado a enfrentar crisis que han desencadenado en mayor regulación financiera en el país a los últimos 30 años.
En junio de 1997, el desplome de Finsepro-Insepro fue calificado por la Vanderbilt University —centro académico de referencia en estudios latinoamericanos— como “el fraude financiero más grande” en el país. Ambas entidades operaban bajo una fachada de inversiones legítimas, captando millones de dólares con promesas de intereses superiores al sistema bancario.
El esquema, estructurado como un sistema Ponzi, utilizó el dinero de nuevos ahorrantes para pagar intereses a los primeros depositantes hasta que el sistema colapsó por falta de liquidez.
Investigaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero determinaron que las entidades actuaban sin autorización y que participaron miembros de la élite política y empresarial de aquella época.
Según las autoridades y reportes periodísticos, el monto defraudado superó los USD 130 millones y afectó a más de 1,300 personas. Las regulaciones de aquel momento permitieron que los responsables principales transfirieran fondos al extranjero antes de enfrentar la justicia.
Según investigaciones posteriores conducidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, ambas entidades habían estado operando ilegalmente, capturando fondos públicos a través de mecanismos fraudulentos.
Lo particularmente grave fue que autoridades regulatorias tenían conocimiento de irregularidades desde principios de la década de 1990. De hecho, en 1993, Roberto Mathies Hill, uno de los principales operadores del fraude, envió una carta a la Superintendencia solicitando prórroga para presentar información, y a partir de ese momento, continuó poniendo “evasivas y obstáculos para permitir verificar la información de las sociedades”.
Este patrón de dilación desembocó en uno de los fraudes más emblemáticos en El Salvador en la década de los 90.
Respuestas institucionales y reformas tras el colapso financiero de Finsepro
La primera reacción estatal fue la creación del Fondo Fiduciario Especial (FEAGIN) por la Asamblea Legislativa, con el fin de restituir a los perjudicados. Según el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), devolvió parte de los ahorros a depositantes menores, aunque numerosos inversionistas no recuperaron su dinero.
De manera paralela, se reformó la Ley de Bancos con el objetivo de reforzar la protección de los ahorrantes. Sin embargo, FOSAFFI respondió a crisis ya consumadas y no logró anticipar el fraude.
En 1993, el caso de Crediclub anticipó parte de la crisis. Alberto Guirola Meardi y Ricardo Ernesto Gutiérrez promovieron una captación ilegal que defraudó 116 millones de colones (más de USD 13.25 millones actualmente) a 300 personas, enviando los recursos a bancos en Estados Unidos y Panamá. La limitada atención mediática permitió que persistieran debilidades regulatorias, según análisis de la Universidad Centroamericana (UCA), centro académico independiente.
Otro de los episodios destacados fue la crisis de Credisa. Tras operaciones irregulares y foco en el negocio inmobiliario, la supervisión impuso sanciones al banco. Sin embargo, la presión de los directivos alcanzó la remoción del superintendente y la eliminación de las multas. A través de balances alterados, nunca reportaron la situación real, lo que causó la desaparición de los depósitos de los ahorrantes.
Casos recientes y nuevas modalidades de fraude
En la década de 2020, el patrón de fraude se trasladó a las cooperativas de ahorro y crédito. En mayo de 2023, la Fiscalía General de la República capturó a ocho fundadores de ACOTEMIC y ACOMATIC por desfalcar más de USD 49 millones en cuentas y certificados de pequeños ahorrantes. Según las investigaciones, los directivos habrían desviado recursos para beneficio propio, dejando a cientos de familias sin sus ahorros.
En mayo de 2024, COSAVI —Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria— fue intervenida tras descubrirse un fraude por USD 35 millones. Los ahorrantes señalaron que COSAVI gestionaba fondos de pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes tras la intervención quedaron en incertidumbre.
El impacto sobre los afectados fue inmediato: trabajadores y pequeños empresarios organizaron protestas exigiendo la devolución de los recursos retenidos. La Superintendencia del Sistema Financiero ejecutó la intervención, aunque el proceso ha recibido cuestionamientos por la reserva de información por siete años, decisión que imposibilita conocer los expedientes públicos.
Tecnología, estafas piramidales y esquemas digitales
Paralelamente, surgieron esquemas piramidales como el de CrediCash, ampliando el campo de las estafas. En este caso, la Fiscalía incautó más de USD 38 millones en efectivo y cuentas bancarias atribuibles al grupo, que garantizaba retornos mensuales de hasta 10 %. La deuda proyectada por este fraude ascendía a USD 83.6 millones, involucrando a miles de personas que optaron por alternativas fuera del sector bancario convencional.
El avance tecnológico también abrió las puertas a fraudes como el Caso Forex. Una plataforma virtual que defraudó hasta USD 58 millones a 500 víctimas, según publicaciones periodísticas. De acuerdo a las autoridades, los fondos jamás ingresaron al mercado regulado y fueron desviados a cuentas manejadas por los responsables.
Privatización, captura regulatoria y fraude residual
El proceso de privatización de la banca en las décadas recientes habría provocado una relajación de controles, facilitando que los fraudes se repitieran en las últimas tres décadas.
Los casos de fraude derivaron también en el surgimiento de estafas residuales: ciberdelincuentes, según reportes de Empresario Digital Nic, un medio especializado en negocios tecnológicos, han utilizado bases de datos filtradas de víctimas previas para prometerles falsos servicios de recuperación de fondos si realizan pagos anticipados, entre otras modalidades más recientes en El Salvador y en la región.
