La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una preocupación central para los organismos internacionales. Ocho años después de la Rebelión de Abril de 2018, las denuncias de represión, impunidad y anulación de libertades fundamentales persisten sin cambios sustanciales. Así lo advirtió Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en una entrevista reciente con La Prensa, de Nicaragua, donde denunció la existencia de una “absoluta impunidad” por los crímenes cometidos durante y después de las protestas sociales.
Romero describió el contexto actual del país como “una asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico”. Según la relatora, el derecho a la reunión pacífica y la protesta ha desaparecido en la práctica: “La situación en el país es de asfixia total y de cierre absoluto del espacio cívico. El derecho a la reunión pacífica y protesta son inexistentes en la práctica”, afirmó.
La defensora colombiana explicó que, por orden directa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se mantienen anuladas las libertades de asociación, protesta y participación cívica, mediante un sistema de persecución institucionalizada. Esta dinámica se traduce en la ausencia de investigaciones independientes y la falta de procesos penales contra los altos mandos responsables de ejecuciones extrajudiciales y represión estatal.
“No hay una búsqueda de justicia por las cientos de personas que murieron, que fueron asesinadas por el Estado de Nicaragua en ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas sociales de 2018. Al día de hoy, vemos una impunidad estructural que se manifiesta en la ausencia total de investigaciones independientes sobre los crímenes cometidos por agentes estatales y por grupos parapoliciales”, señaló Romero en la entrevista con La Prensa.
La relatora añadió que, lejos de promover la justicia, el régimen ha blindado a los responsables a través de leyes de amnistía y la instrumentalización del sistema judicial. “Después de ocho años en el país tampoco existen procesos penales abiertos contra altos mandos por las ejecuciones extrajudiciales y, por el contrario, el Estado utilizó leyes de amnistía para blindar a los perpetradores y, adicionalmente, instrumentalizó el sistema judicial para perseguir a las víctimas que han exigido justicia, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, que en tiempos posteriores fueron amedrentadas e, inclusive, afectadas en su capacidad de acción”.
El cierre del espacio cívico ha sido sistemático. Entre 2018 y 2024, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 5.400 organizaciones civiles fueron canceladas, entre ellas organizaciones de mujeres, iglesias católicas y evangélicas, y entidades de asistencia social. Romero advirtió que la anulación de libertades también afecta a universidades, iglesias y grupos comunitarios, lo que limita los derechos fundamentales de asociación, culto y expresión. “Cada vez que se impide o se hace un proceso de afectación grave a un culto, eso también afecta porque los cultos son reuniones que entran dentro de la protección del derecho a la libertad de asamblea”, subrayó la relatora.
La represión estatal se manifiesta, según Romero, no solo en la vigilancia extrema y el uso de la fuerza, sino también en la persecución transnacional contra opositores y exiliados. La relatora mencionó el asesinato en junio de 2025 del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, en Costa Rica, como una de las expresiones más graves de la persecución extraterritorial ordenada por el régimen. “Se silencian las voces de las personas que están en el exilio porque se amenaza la integridad, la vida y las condiciones de vida de las familias que todavía están en el territorio”, denunció.
Romero lamentó también la falta de acciones efectivas por parte de la comunidad internacional. Si bien destacó los esfuerzos de denuncia realizados por la CIDH, la ONU y grupos de expertos, señaló que la debilidad del sistema multilateral ha impedido una presión real para sancionar al régimen de Ortega y Murillo. “La comunidad internacional ha fallado en su labor (…) ha tenido poquísima capacidad para sancionar de forma real a Nicaragua y hacer que se genere un cambio democrático en el país”, afirmó.
Finalmente, la relatora alertó que el miedo y la represión han dificultado la documentación de violaciones a derechos humanos, tanto dentro como fuera del país. “Cada vez recibimos menos información de denuncias sobre Nicaragua porque no solo hay muchísimo miedo de la gente que está dentro, sino que la gente que está fuera también tiene miedo de hacer procesos de denuncia”, concluyó Romero.
