La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2025 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA, resaltando las amenazas persistentes a la institucionalidad democrática y a los derechos fundamentales en la región, al tiempo que subrayó avances históricos en el sistema de peticiones y transparencia.
La necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera y el seguimiento efectivo de recomendaciones surgió como condición indispensable para sostener el mandato del organismo en un contexto marcado por crisis de derechos, según dio a conocer el presidente Stuardo Ralón en declaraciones recogidas por la CIDH.
Durante 2025, la CIDH enfrentó un panorama desafiante en materia de independencia judicial, garantías procesales, seguridad ciudadana, ejercicio de derechos civiles y políticos, y protección de personas en condición vulnerable en todo el hemisferio, de acuerdo con la CIDH.
En ese periodo, la CIDH recibió más de 3,300 peticiones, la cifra más alta en su historia, y logró evaluar el 82.5 %, lo que evitó la acumulación de nuevos rezagos y consolidó logros previos, un dato que la distingue de reportes y coberturas anteriores.
El ejercicio de transparencia institucional adquiere relevancia a la luz de la suspensión temporal de fondos de Estados Unidos y la PADF, que en 2025 afectó casi el 40 % de la fuerza laboral de la Comisión, obligando a rescindir contratos y a adoptar medidas de contingencia –impactos que posteriormente fueron mitigados tras la restitución de los recursos–, según consta en el Informe Anual publicado por la CIDH. La estabilidad financiera surgió así como un punto crítico para la continuidad y autonomía del organismo.
Modernización y volumen récord de actividad en el sistema interamericano de derechos humanos
La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios, según señaló la CIDH.
En cuanto al sistema de peticiones y casos, se aprobaron 170 informes de admisibilidad y 132 informes de fondo, la mayor cifra histórica, seis veces más que hace una década.
La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025.
En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.
Las cifras incluyen la conclusión de todas las medidas cautelares registradas en 2022, el 99.38 % de las solicitudes de 2023 y el 97.59 % de las correspondientes a 2024, con base en el informe difundido por la CIDH.
Venezuela, Cuba y Nicaragua: emergencia de derechos humanos y crisis democrática
El Informe dedica un exhaustivo análisis a tres países con situaciones “especialmente graves”, conforme al balance presentado por la CIDH. En Cuba, la Comisión documentó restricciones arbitrarias y sistemáticas a la libertad de expresión, reunión y asociación, acentuadas por un entorno estructural donde falta la democracia representativa y los mecanismos internos de protección.
En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH.
Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional.
Respuesta directa a la pregunta central
La presentación del Informe Anual 2025 por la CIDH ante la OEA expone** el deterioro democrático y los retrocesos en derechos humanos en múltiples países del continente, identifica cifras inéditas de actividad en el sistema interamericano, profundiza en los casos críticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y alerta sobre la vulnerabilidad financiera del organismo tras la suspensión de fondos internacionales durante el año.
Libertad de expresión, derechos económicos y modernización institucional
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión verificó en 2025 un deterioro significativo de las condiciones para el periodismo, con amenazas, agresiones, asesinatos y criminalización de periodistas, así como restricciones legales y dificultades de acceso a la información pública. La Relatoría también advirtió sobre los riesgos del entorno digital, como la vigilancia y el uso abusivo de tecnologías de control.
En el campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la Relatoría Especial reportó afectaciones por cambio climático, proyectos empresariales y restricciones presupuestarias, especialmente sobre comunidades vulnerables.
Temas como el acceso al agua, salud, vivienda y el impacto sobre territorios indígenas y afrodescendientes centraron la atención de la CIDH, que subrayó la importancia de incluir el enfoque de derechos humanos en todas las políticas económicas, ambientales y fiscales, conforme a los estándares interamericanos.
En el cierre de 2025, la CIDH contaba con 142 personas de 21 países, evidenciando diversidad geográfica y eficiencia institucional, gracias al incremento del trabajo fuera de sede para reducir costos, según datos internos.
El año estuvo marcado por la adopción de tecnologías como GAIA y SIMORE Interamericano, que mejoraron la transparencia y la eficiencia procesal en la tramitación de casos, peticiones y medidas cautelares.
Más de 8.000 noticias en medios hicieron eco del trabajo de la Comisión, mientras que sus mensajes clave alcanzaron a 17 millones de personas en redes sociales, según reportó la CIDH.
La Comisión finalizó el año consolidando una postura de apertura al diálogo con los Estados, reiterando su compromiso con la independencia y la continuidad de su mandato en defensa de los derechos fundamentales para la región, en línea con la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
