553.000 millones de dólares en 20 años. Esa es la cifra que, según el Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) transfirió al Tesoro Nacional entre 2003 y 2023 y derivó en un “daño patrimonial” del banco de bancos. Ese monto, junto con el dato de inflación acumulada desde 1935 que estimó el presidente Javier Milei en cadena nacional, sostiene el argumento central del proyecto para reformar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.
En las últimas horas, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, apeló a ese abultado guarismo para justificar la decisión de la administración libertaria de avanzar con una modificación del estatuto actual del organismo, que apunta a poner fin al uso de la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal.
“Desde 2003 hasta 2023 el Banco Central ha tenido un daño patrimonial equivalente a más de USD 550.000 millones. Esos son los números cuando uno mira el activo y el pasivo y el costo financiero. Es 85% del PIB acumulado”, aseguró el funcionario nacional.
En tal sentido, aclaró que el cambio de la normativa aspira a clausurar “la dominancia fiscal de la política monetaria”. Esta dinámica implica que el Central subordina sus decisiones y herramientas del manejo y creación del dinero a las necesidades de financiamiento del Tesoro.
Según datos de la entidad conducida por Santiago Bausili, durante el período comprendido entre 2003 y 2023, que vio pasar los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la inflación experimentó un aumento superior al 50.000% y el poder de compra de $1.000 al comienzo del lapso terminó en tan solo 2 pesos.
“Hay analistas que dicen un poco de inflación no es grave, pero eso realmente no tiene base empírica. Es gravísimo, porque tener una inflación acumulada del 50.000%, significa que $1.000 en el 2023 hoy valen $2 en poder de compra. Eso significa que te limpiaron el bolsillo por el 99,8% del valor de los pesos que vos tenías en ese año. Es realmente dramático, es una confiscación”, observó Werning.
En cuanto a los USD 553.000 millones, desde la autoridad monetaria estimaron que representa el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) anual de la Argentina. En otras palabras, de todo lo que se produce en el país en un año.
Al descomponer ese monto, el BCRA calcula que USD 116.000 millones correspondieron a Letras Intransferibles; USD 142.000 millones a Adelantos Transitorios, USD 113.000 millones a utilidades y dividendos, USD 43.000 millones a otros canales y USD 138.000 millones al pago de intereses por los pasivos remunerados utilizados para sacar pesos de circulación.
“Pensamos que es un buen momento para redefinir el marco jurídico y convertir al Banco Central en una autoridad monetaria que sea efectiva. Eso significa reformar la Carta Orgánica, limitando el uso de las herramientas estrictamente a fines monetarios, adecuar la contabilidad a estándares prudentes y alinear los incentivos de los directores a la persecución efectiva del mandato”, determinó Vladimir Werning.
A la vez, el segundo de Bausili aseveró que el “impuesto inflacionario”, al que definió como un tributo no legislado que “confiscó” el ahorro de los argentinos en las dos décadas mencionadas, llegó al 7% del PIB en 2023, lo que representa el 30% de la recaudación total del Tesoro a nivel anual.
“A través del impuesto inflacionario, se confiscaron ahorros por USD 390.000 millones. Esto es 60% del PIB que han perdido las familias argentinas por un impuesto no legislado”, remarcó.
Si bien la reforma de la Carta Orgánica apunta a cerrar los grifos del financiamiento monetario del déficit fiscal, Werning precisó que la emisión de pesos para la compra de reservas seguirá existiendo, ya que responde a una demanda genuina de dinero por parte del sector privado.
El funcionario sostuvo que cuando los argentinos deciden repatriar dólares y convertirlos en pesos para realizar transacciones o inversiones, el Banco Central puede emitir moneda local para satisfacer esa necesidad. A su juicio, este fenómeno ocurre cuando existe mayor confianza en la economía y los ahorristas buscan introducir capitales en el sistema financiero nacional. En sus palabras: “Venden parte de esos dólares y demandan pesos. Es una demanda genuina de dinero en moneda local”.
Además, aclaró que el rol del BCRA, en este contexto, es calibrar el equilibrio monetario utilizando herramientas como la compra o venta de divisas y de títulos públicos para ajustar la liquidez de la economía. Subrayó que la intervención en el mercado cambiario mediante la emisión de pesos se justifica cuando responde a necesidades de privados y no del sector público.
Las cinco claves de la reforma
- Prohibición total del financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios: El BCRA no podrá otorgar adelantos transitorios ni brindar asistencia financiera, ya sea de manera directa o indirecta, al Estado. Se elimina así el mecanismo que permitía la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal. El proyecto establece la derogación del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.
- Restricción de la transferencia de utilidades contables y dividendos: El BCRA tendrá vedado transferir al Tesoro las utilidades derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras, así como distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.
- Redefinición del objetivo institucional: El único mandato de la entidad será “preservar el valor de la moneda”. Quedan excluidas las funciones incorporadas en 2012, como la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
- Blindaje institucional del directorio: Para destituir al presidente o a los directores del BCRA se exigirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Se busca así resguardar la independencia de la entidad ante presiones políticas.
- Prohibición de las Letras Intransferibles: El proyecto impide que el Tesoro entregue estos títulos al BCRA a cambio de reservas internacionales. Estos instrumentos, que no pueden negociarse en el mercado, permitieron desde 2006 que el Gobierno utilizara reservas del Banco Central para cancelar deuda en moneda extranjera.
