Al menos 23 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua permanecen en condición de desaparición forzada, según denunció el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La organización vinculó esa práctica con un patrón represivo sostenido desde 2018 que, según afirmó, ya dejó cientos de muertos y decenas de presos políticos.
La denuncia situó ese dato dentro de un cuadro más amplio: desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales, la represión estatal dejó al menos 355 nicaragüenses asesinados a balazos por grupos paraestatales, policías y soldados del Ejército, indicó la organización citada por EFE. En ese mismo período, sostuvo el organismo, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el ocultamiento de personas detenidas pasaron a formar parte de la actuación estatal.
El señalamiento apuntó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una declaración, el Colectivo afirmó que la desaparición forzada sigue siendo usada como “un mecanismo de persecución, castigo y control contra quienes son considerados opositores, críticos o percibidos como tales”.
El registro de presos políticos
El organismo, integrado principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, aseguró que las autoridades niegan información sobre los detenidos, impiden el contacto con familiares y abogados, obstaculizan el acceso a medicamentos y a atención médica independiente, y mantienen en secreto las condiciones de detención.
Actualmente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra al menos 60 personas como presas políticas. De ese total, 23 se encuentran en condición de desaparición forzada, según la información difundida por la ONG.
La exigencia central del Colectivo es que el Estado informe de inmediato dónde están, en qué condiciones se encuentran y permita contacto regular y presencial con sus familiares y representantes legales. Entre los casos más recientes aparece Ricardo José Mendoza Irigoyen, un nicaragüense de 64 años detenido de forma arbitraria el 23 de enero.
Según la declaración, “desde esa noche, su familia no ha recibido información y sus gestiones ante dependencias policiales, judiciales y penitenciarias no han permitido conocer dónde se encuentra”.
También continúan en desaparición forzada el ex coronel sandinista Carlos Brenes y su esposa Salvadora Martínez, arrestados en agosto de 2025, así como el militar en retiro Víctor Boitano Coleman, mayores de 60 años.
Muertes bajo custodia estatal
El Colectivo sostuvo que el caso de Brooklyn Rivera Bryan, exdiputado indígena miskito nicaragüense, muestra la consecuencia extrema de esa práctica. Rivera murió bajo custodia del Estado de Nicaragua el 30 de mayo pasado, después de haber permanecido en condición de desaparición forzada.
La organización afirmó que el dirigente indígena estuvo oculto durante más de 970 días y que fue mostrado públicamente cuando ya se encontraba en estado crítico. “Fue mostrado públicamente cuando se encontraba ya en estado crítico y falleció bajo custodia estatal pocos días después. Su muerte evidencia que la desaparición prolongada impide conocer oportunamente el deterioro de la salud, solicitar atención médica y activar mecanismos de protección que pueden salvar vidas”, señaló el organismo, según EFE.
En los últimos siete años, un total de nueve opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua murieron bajo custodia del Estado. Sobre esa base, la organización reclamó la liberación de todas las personas presas políticas, la presentación de pruebas de vida verificables de quienes siguen detenidos y el cese del ocultamiento de su paradero.
