El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó el decreto presidencial número 219/2026 por el que destituyó a Volodimir Kompanichenko del cargo de jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la región de Zhytomyr, en el norte del país. La medida llegó días después de que un tribunal ordenara su prisión preventiva por 60 días sin posibilidad de fianza, en el marco de una investigación por malversación de fondos para la construcción de defensas en aeródromos militares.
Kompanichenko asumió la jefatura del SBU en Zhytomyr en noviembre de 2022, en plena ofensiva rusa. El 25 de febrero, agentes de seguridad interna lo sorprendieron junto al coronel Andri Ukrainets, comandante de logística de la Fuerza Aérea, en el momento en que recibían 320.000 dólares en efectivo. Ambos fueron arrestados en flagrante y acusados bajo los artículos del Código Penal que tipifican el soborno y el abuso de poder de un funcionario militar.
La trama tiene su origen en mayo de 2025, cuando el Estado destinó 1.400 millones de grivnas —unos 32 millones de dólares— para construir estructuras de arco prefabricadas para proteger la aviación en aeródromos operativos. El Departamento de Contrainteligencia Militar detectó irregularidades graves: diseños que no cumplían los estándares, estructuras con protección inadecuada y costos inflados. A pesar de ello, los pagos anticipados bajo los contratos ya habían comenzado a transferirse.
Ante esa investigación interna, Ukrainets recurrió a Kompanichenko para detener las inspecciones. El jefe del SBU actuó como garante del acuerdo e implicó directamente a uno de los contratistas en el esquema. Ambos planearon transferir unos 13 millones de grivnas —cerca del uno por ciento del financiamiento— para sobornar a los auditores y encargar dictámenes ficticios sobre la calidad de las obras.
El caso desencadenó una reacción inmediata en la cúpula de seguridad. Un día antes de las detenciones, Zelensky anunció una “depuración” de los servicios y advirtió que serían apartados quienes antepongan sus intereses a los del país. El jefe interino del SBU, Yevhen Khmara, declaró que “la corrupción en tiempos de guerra equivale a traición”. La Fiscalía recurrió la decisión del tribunal, que fijó una fianza inferior a la solicitada por los fiscales.
El episodio se suma a una cadena de escándalos que han sacudido al gobierno de Zelensky durante la guerra. El más grave fue la Operación Midas, investigación que destapó en noviembre de 2025 una trama de sobornos de 100 millones de dólares en la empresa estatal Energoatom. Ese caso implicó al exministro Galushchenko, al asesor presidencial Andri Yermak y al empresario Timur Mindich, exsocio de Zelensky en Kvartal 95, que huyó a Israel antes de que la Oficina Nacional Anticorrupción registrara su domicilio.
Ucrania ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, el segundo Estado más corrupto de Europa. Pese a la mejora desde el puesto 142 que ocupaba en 2014, Kiev sigue lejos de los estándares que exige la Unión Europea para avanzar en el proceso de adhesión. Que el aparato de seguridad encargado de vigilar los contratos de defensa figure entre los imputados del fraude que debía prevenir ilustra la profundidad del problema.