Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra Argentina por haber expropiado mal a YPF en 2012, exigió que el país pague USD 1 millón por día porque creen que no acató debidamente las órdenes de la jueza Loretta Preska, quien está al frente de esta larguísima causa.
Burford acusa al país de una conducta voluntaria de mala fe. El monto solicitado sería una medida coercitiva y los demandantes sostienen que “una multa de esta escala es la única forma de frenar una conducta reiterada de desprecio a la autoridad judicial estadounidense”.
No solo eso. También pidió sanciones civiles y declarar al país en desacato. Esto último generaría, además de los costos económicos, un perjuicio fuerte en la imagen de un país que busca reinsertarse en el mundo y los mercados. En marzo, en los mismos días en los que Preska debería decidir si el país está o no en desacato, Javier Milei viajará a Nueva York para encabezar el Argentina Week, un evento para inversores en el que el Gobierno buscará extender la buena imagen internacional del Presidente, convencer a inversores y capitalizar en el exterior el triunfo electoral de 2025. Ser declarado en desacato por el tribunal que tiene jurisdicción en Wall Street no parecería un buen camino para sustentar esos objetivos.
El pedido de multa aumentaría una deuda que ya resulta impagable para el país. Hace dos años, Preska condenó a la Argentina a desembolsar un resarcimiento de USD 16.000 millones por haber expropiado la petrolera de manera indebida. Ese monto está “vivo” y se acerca a los USD 18.000 millones. Es que mientras la causa sigue abierta, la jueza fijó intereses de 5,42% anual y que generan un extra diario de unos USD 3 millones, a esta fecha un total que ronda los USD 3.000 millones sólo de intereses post fallo.
Así, si la magistrada llegara a aceptar el último pedido de este estudio de abogados inglés, al que no pocos comparan con un “fondo buitre” por su estrategia de comprar activos baratos –en este caso, el derecho a litigar en esta demanda contra el Estado– y financiar el juicio por años con el objetivo de multiplicar esa cifra con un fallo favorable, el país pagaría en conceptos de penalidades e intereses por esta juicio, unos USD 4 millones extra por día.
Esa causa “madre” está apelada desde hace dos años y recién en octubre pasado hubo una primera audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Los abogados del Estado aseguraron haber salido victoriosos y se espera un fallo en algún momento de la primera mitad de este año.
Pero como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse mientras corre la apelación, Burford interpuso varios recursos para cobrar a como dé lugar. Por caso, quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego). En el contexto de este último punto pidió información de chats y WhatsApps de funcionarios como Sergio Massa y Luis Caputo. Y como dice que Argentina no entregó suficientes datos, ahora pide sanciones y que se la declare en desacato.
En concreto, además de la multa diaria, Burford exigió:
- “El Tribunal debe emitir una orden de preclusión que prohíba a la República impugnar el estatus de alter ego de las entidades estatales”. Quiere que entidades como BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas sean declaradas alter ego. Sobre lo que considera incumplimiento en la entrega de información off-channell de los funcionarios, dijo: “Las razones que alega para su incumplimiento carecen de fundamento jurídico o fáctico en el expediente y han sido rechazadas reiteradamente por este Tribunal”.
- Se debe declarar al país en desacato. Burford cree que la prueba del incumplimiento es “clara y convincente” y que “el tribunal otorgó múltiples oportunidades y prórrogas para que se cumpliera con la Orden Off-Channell, de las cuales la República a su vez abusó con meses de posiciones siempre cambiantes y demoras».
Así, el país debería pagar USD 1 millón cifra extra diario mientras mantenga el incumplimiento de la orden y no entregue las comunicaciones requeridas. Solicitan además que el Estado asuma la totalidad de los costos y honorarios legales derivados de este reclamo.
Burford argumentó que existen antecedentes de “obstaculización sistemática” en la entrega de documentos y la identificación de testigos clave, con el uso de objeciones ya rechazadas por el tribunal —como la supuesta imposibilidad de entregar pruebas por restricciones de la legislación argentina— y dilaciones excesivas en la colaboración.
Como alternativa, si Argentina sostiene que es imposible cumplir la orden, los demandantes exigen la celebración de una audiencia probatoria en la que los funcionarios involucrados deban comparecer ante la jueza para explicar personalmente la ausencia de la documentación solicitada. Añaden que la negativa reiterada a entregar la información refuerza el pedido de presunciones judiciales desfavorables, que podrían impactar directamente en el resultado final del litigio.
La defensa de Argentina
Desde la Procuración del Tesoro (PTN), quien comanda la defensa del Estado señalaron que Burford busca hostigar al país porque está en una posición de debilidad. Y remarcaron que la audiencia de apelación de octubre derivó en una caída superior al 20 por ciento en el valor de las acciones del fondo y que el país cuenta con “el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa”.
A “Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery. Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene, dijo anoche la PTN”.
También argumentó que:
- “Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”.
- “La moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”.
- “El pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford”.
- “El país continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”.
Argentina va a contestar el pedido de Burford, el 19 de febrero, según un cronograma que ya está previsto. Va a decir que es inocente y que colaboró con el tribunal. Luego vendrá la decisión de Preska que tendría que decidir con el antecedente inmediato de la audiencia de apelación por el juicio principal. No son vinculantes, claro. Pero Argentina está segura que le ganó por goleada a Burford.