En el marco del juicio por la expropiación de YPF, Argentina oficializó el pidió a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU, que reconsidere el fallo que obliga al país a recolectar mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y ex funcionarios públicos.
En caso que la respuesta sea negativa, hay posibilidades que el país presente una nueva apelación. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) detallaron las dos mociones que se presentaron
“La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, destacaron.
La argumentación se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
El escrito también sostiene que según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.
“La segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”, se agregó.
La orden que llegó de EEUU
A fines de julio, Preska le había ordenado al Estado argentino que entregue un importante cúmulo de información sobre actuales y ex funcionarios. Entre ellos, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y Sergio Massa, último titular del Palacio de Hacienda de la gestión de Alberto Fernández y candidato presidencial en 2023.
Se trata de un conjunto amplio de datos que abarca mensajes personales, correos electrónicos oficiales y privados, además de contenidos de aplicaciones como WhatsApp. Entre la documentación también figura información del Banco Central. El procedimiento se desarrolla en el marco del proceso conocido como “discovery” del alter ego, destinado a probar que el Estado y la petrolera actúan como una misma entidad.
Todo esto se contextualiza en el extenso litigio por la expropiación de YPF, dispuesta en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. En esa causa, Preska condenó hace dos años al Estado a pagar una suma multimillonaria que, con intereses, asciende a unos USD 18.000 millones.
Según había precisado Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, es decir, activos argentinos susceptibles a ser embargados.
Mientras tanto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió a mediados de agosto que la Argentina podrá esperar el resultado de la apelación sobre la entrega de acciones de YPF sin necesidad de desprenderse de esos títulos ni de aportar otras garantías. En la práctica, quedó en suspenso la orden dictada por la jueza el 30 de junio.
El fallo se inclinó entre las alternativas posibles por la que resultaba más favorable para el país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte analiza la apelación”, explicó Maril. “De este modo, la Argentina puede apelar la entrega de los títulos sin tener que comprometer activos como garantía”, agregó el especialista.
La decisión fue celebrada de inmediato por el Ministerio de Economía, que además resaltó que el tribunal aceptó la participación del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” a favor del país.
Por su parte, la Procuración del Tesoro destacó la resolución firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del tribunal: “Esta decisión garantiza que la República Argentina mantenga la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras se desarrolla la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.